La Seguridad Social es una inmensa máquina de contratar. Sólo la Tesorería General firmó casi 8.000 contratos en 2013. De ellos, el 94% fueron contratos menores, aquéllos que no superan los 18.000 euros si son de servicios o suministros, ni los 50.000 euros si son de obras y, por tanto, pueden adjudicarse directamente, sin darles publicidad y sin que medie concurrencia de ofertas. Es decir, a dedo. Así se adjudicaron ese año un total de 7.462 contratos. En comparación, sólo se concedieron 91 negociados sin publicidad –se invita a un mínimo de tres empresas para que presenten ofertas– y 157 por el procedimiento abierto. Eso sí, pese a su volumen, el importe en euros es mucho más reducido, aunque no despreciable: los contratos menores suman el 12% de los 103,88 millones de euros públicos gastados por la Tesorería en 2013.
Pues bien, el Tribunal de Cuentas ha analizado una muestra de 587 de esos contratos menores correspondientes a 2013 y ha descubierto que en 83 casos la Seguridad Social fraccionó el objeto del contrato para que no alcanzaran el límite legal de 18.000 y 50.000 euros y pudieran ser concedidos sin concurso, una práctica prohibida por la Ley de Contratos del Sector Público. El órgano fiscalizador incluyó en su análisis los contratos menores de mayor importe –todos los de obras que superaban los 40.000 euros–. En total, puso bajo investigación expedientes por un importe conjunto de más de tres millones de euros, el 25% de los adjudicados ese año.
Los 83 contratos fraccionados suponen el 14% de los analizados por el Tribunal de Cuentas. El sindicato CCOO calcula que, extrapolando la cifra a los 7.958 contratos menores firmados en 2013, resulta que la Seguridad Social puede estar troceando indebidamente para adjudicarlos a dedo hasta 1.114 contratos al año.
En la mayoría de los casos, los contratos se firmaban el mismo día y con la misma empresa, tenían el mismo objeto e idéntico plazo de ejecución. Se trata de obras y servicios de mantenimiento o reparación de instalaciones, por ejemplo, que se adjudican a proveedores locales. El Tribunal de Cuentas los ha localizado en las direcciones provinciales de Badajoz, Baleares, Cádiz o Castellón, pero la campeona del fraccionamiento de contratos es Burgos, donde ha localizado 21 expedientes troceados ilegalmente.
Pagó dos veces la mano de obra
Aunque tampoco se libra de esta práctica la propia Dirección General de la Tesorería, que fraccionó ilegalmente 14 contratos. De ellos, 11 corresponden a un mismo objeto: cursos de formación en programas informáticos a lo largo de varios meses de 2013 que se repitieron en 2014. Los otros tres fueron también cursos, pero para “preparar la promoción del personal”, y sumaron casi 35.000 euros.
El mismo proceder siguió la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, que adjudicó troceados otros 14 contratos. Desde el mantenimiento de los sistemas de gestión de redes de bibliotecas hasta los sistemas de destrucción de documentos. Además, el informe llama la atención sobre nueve contratos en los que la Gerencia de Informática pagó dos veces por la mano de obra de otras tantas reparaciones, un coste que debería haber sido asumido por la empresa adjudicataria.
El Tribunal de Cuentas reprocha a la Seguridad Social la “excesiva concentración de adjudicaciones directas en favor de determinados proveedores”, aunque no los cita. Y la Seguridad Social no hace públicos, a diferencia de otros organismos públicos, los contratos menores que suscribe.
Por ejemplo, el informe cita un caso en Baleares, donde se encargó a una empresa el mantenimiento integral del edificio de la Tesorería en Mahón (Menorca). Después se le adjudicó también la inspección técnica obligatoria del inmueble. La empresa descubrió “numerosas deficiencias”. Y la Tesorería firmó con ella un tercer contrato para subsanarlas.
La empresa pone el precio
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Pero no es la única llamada de atención del órgano fiscalizador. Dos contratos, en Lleida y Navarra, fueron adjudicados a dedo como contratos menores pese a que no lo eran, puesto que sus importes superaban los 18.000 euros fijados por la ley: 22.209 y 22.500 euros, respectivamente. En otro contrato de la propia Dirección General de la Tesorería, para diseñar un programa de calidad directiva, la empresa adjudicataria –la única a la que se solicitó presupuesto– no dudó en proponer en su oferta que “estaría dispuesta” a ejecutar la tarea “encajando previsiblemente en un contrato menor”. Se le concedió el contrato por 17.995 euros. “Fue la propia empresa”, destaca el informe, “la que determinó el importe del contrato”.
Finalmente, el Tribunal de Cuentas revela 46 contratos en los que las fechas de las facturas son anteriores a la expedición del documento donde se aprueba el gasto, cuando lógica y legalmente debería primero aprobarse el gasto y después emitir la factura.
El Tribunal de Cuentas ya infligió un severo rapapolvo a la Seguridad Social, en concreto a su Gerencia de Informática (GISS) por sus prácticas de contratación en un informe de 2012. Entonces criticó el “elevado grado de concentración” de sus adjudicaciones en un “reducido número de empresas”: sólo ocho compañías consiguieron el 50% del gasto de este departamento. Un alto porcentaje de esas adjudicaciones se celebraron por procedimiento negociado, “sin las máximas garantías de publicidad y concurrencia”.
La Seguridad Social es una inmensa máquina de contratar. Sólo la Tesorería General firmó casi 8.000 contratos en 2013. De ellos, el 94% fueron contratos menores, aquéllos que no superan los 18.000 euros si son de servicios o suministros, ni los 50.000 euros si son de obras y, por tanto, pueden adjudicarse directamente, sin darles publicidad y sin que medie concurrencia de ofertas. Es decir, a dedo. Así se adjudicaron ese año un total de 7.462 contratos. En comparación, sólo se concedieron 91 negociados sin publicidad –se invita a un mínimo de tres empresas para que presenten ofertas– y 157 por el procedimiento abierto. Eso sí, pese a su volumen, el importe en euros es mucho más reducido, aunque no despreciable: los contratos menores suman el 12% de los 103,88 millones de euros públicos gastados por la Tesorería en 2013.