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El diálogo social para atajar la sangrante temporalidad que aqueja a las Administraciones Públicas, el sector con la tasa más elevada con diferencia en España, de momento está encallado. Hay visos de acuerdo, pero aún queda un trecho, porque según los sindicatos el Ministerio de Política Territorial y Función Pública al frente del cual está Miquel Iceta tiene que aceptar todavía tres o cuatro líneas rojas para las organizaciones sindicales.
La tasa de temporalidad rebasa el 30% (30,4%), según la última Encuesta de Población Activa, que data de abril, mucho más que la media (de casi el 23,8% y superior al 26% la víspera de la pandemia) y todavía más alta que la temporalidad en el sector privado (22%). En definitiva, la tasa más alta de Europa. De 2012 a 2019 se firmaron 137 millones de contratos temporales en España. Iceta viene anunciando desde hace tiempo que su intención es que la temporalidad en el sector público se sitúe en el 8%, y al menos dos de los tres sindicatos presentes (CCOO y CSIF) creen que la urgencia es tan grande que las medidas propuestas se quedarán en agua de borrajas. Así ha quedado patente en la segunda reunión que ha tenido lugar este lunes 21 de junio entre el Gobierno y CCOO, UGT y CSIF.
Los cuatro elementos más conflictivos son: primero, la propuesta de que las distintas administraciones tengan que indemnizar con 33 días por año trabajado al personal interino que haya sido despedido tras más de tres años en esa situación, es decir, incurriendo en fraude de ley; segundo, la valoración de los méritos en losconcursos-oposiciones para consolidar puestos fijos, que tiene que dar más importancia a la experiencia que a los criterios del tribunal; tercero, la tasa de reposición, muy señalada por los sindicatos; y cuarto, la situación de los interinos que no hayan conseguido aún consolidar su plaza.
Sobre la primera medida, la indemnización por despido con 33 días y un tope de 24 mensualidades, el borrador de Función Pública establece que "el incumplimiento de los plazos máximos de permanencia" [más de tres años en situación temporal] dará lugar a una compensación económica para el personal funcionario interino afectado, que será equivalente a 33 días de sus retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de 24 mensualidades". Y a continuación viene la frase más discutida: "El derecho a esta compensación nacerá a partir de la fecha del cese efectivo".
En la práctica esto quiere decir que solo los futuros interinos podrán acceder a esta indemnización por despido, y no la horquilla actual que oscila entre las 600.000 y 800.000 personas en interinidad. De estos, no todos viven una situación de fraude de ley con administraciones abusando de la contratación temporal, pero es muy frecuente encontrar en el sector sanitario, docente, administrativo u otros a empleados del sector público que llevan en interinidad más de ese tiempo, que es lo que marca la ley. CCOO y CSIF han pedido públicamente que ese derecho abarque a los actuales afectados. UGT en su comunicado -en el que constata "avances importantes"- no ha mencionado este punto, mientras que el ministerio ha declinado de momento valorar nada mientras dure el diálogo social.
40% de experiencia
Sobre la valoración de méritos de los concursos-oposición, recogido en el borrador de Función Pública en el apartado Proceso de estabilización en el Empleo Público, se dice que "se desarrollará a través de concurso-oposición, con una valoración de la fase de concurso de un 40%, en la que se tendrá en cuenta especialmente la experiencia como empleada o empleado público, sin perjuicio de lo que establezca en su caso la normativa propia de función pública de cada Administración o la normativa específica". Según explican en CCOO, hay que "reforzar más en el papel que los méritos han de fundarse, sobre todo, en la experiencia". Las diferencias en este punto son normativas y un acuerdo aquí no debería hacerse esperar, a diferencia del primer punto, que se antoja más complejo.
El tercer punto de conflicto está en la tasa de reposición, el indicador que mide las vacantes en el sector público. En el borrador se recoge que "el número de plazas ocupadas por personal interino por vacante no podrá superar el máximo de la tasa de reposición establecida en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado". La idea del Gobierno es limitar así el número de interinos. Pero desde hace tiempo CCOO, UGT y CSIF reclaman al unísono eliminar dicha tasa, y así ofertar las plazas que cada administración u organismo públicos consideren necesarias. "Todo el mundo sabe que las plantillas en el sector público tienen que aumentar", responden en CCOO. "Parece que no hemos aprendido la lección con el covid", especialmente en el gremio sanitario, agregan.
Falta de credibilidad
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Y el cuarto asunto en discordia y relacionado con dar estabilidad laboral a los temporales, una cláusula que reclaman algunas centrales en la mesa de diálogo como CCOO y UGT que permitiría a los interinos "seguir en el sistema". Dicho de otro modo, que puedan acceder a condiciones dignas a pesar de no contar con una plaza bajo el brazo si no han conseguido superar satisfactoriamente el concurso-oposición.
Esta ha sido la segunda reunión tras la primera hace una semana. De aquella hubo más división que ahora, pero la distancia se ha ido reduciendo, aseguran las partes consultadas. "Tenemos que conseguir dos objetivos", dicen los sindicatos. "Resolver la gravísima temporalidad que actualmente hay en el sector público y evitar que nos vuelva a pasar lo mismo" en adelante. Lo segundo es imposible sin lo primero, reivindican.
"Si no se aborda la temporalidad en el sector público, los planes con el sector privado brillarán por sufalta de credibilidad", decía a este medio el ex ministro de Trabajo Valeriano Gómez (2010-2011). Las intenciones de Iceta de reducir este problema fueron proclamadas en abril, cuando el ministro catalán expresó su deseo de abrir el diálogo social. La siguiente reunión, este jueves.
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