Los sindicatos quieren que se distribuya “el coste de lo que viene” pero la patronal dice 'no' a la subida salarial

El Gobierno convocó este lunes en la Moncloa a la patronal y los sindicatos para impulsar un “pacto de rentas” que evite la “espiral inflacionista” que asoma inevitable tras la subida de los precios de la energía y una guerra cuya duración se desconoce y se teme. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, avanzó que ese pacto debería abordar la evolución de los salarios, pero también de los beneficios y dividendos empresariales, así como la adopción de medidas de apoyo para los más vulnerables.

La convocatoria se hizo justo cuando la CEOE y los sindicatos se sentaban a la mesa para discutir el Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC) que debe servir de marco para las subidas salariales y condiciones laborales de los convenios colectivos los próximos tres años. Una negociación que se preveía conflictiva ya antes de que estallara la guerra en Ucrania por culpa de una inflación desbocada a niveles de hace décadas que deja en cueros el poder adquisitivo de los salarios, duramente castigados desde la anterior crisis.

Con el gas, el petróleo y las materias primas cotizando en la estratosfera, Nadia Calviño ya ha pronosticado que la tan deseada recuperación económica se “ralentizará”. “Vienen tiempos difíciles”, ha advertido en una entrevista en TVE: “Hay que hacerse a la idea de lo que viene”.

A ese “lo que viene” se refirió después ante los periodistas el secretario general de CCOO, Unai Sordo, una vez acabada la reunión en la Moncloa. Reclamó que se distribuya el coste de las estrecheces futuras, porque los salarios “no pueden ser los paganos” de la crisis que se avecina. Tanto él como su homólogo en UGT, Pepe Álvarez, recalcaron que no “flexionan” sus reivindicaciones salariales: “No nos resignamos a que los sueldos pierdan poder adquisitivo”.

Por su parte, los presidentes de la CEOE, Antonio Garamendi, y de Cepyme, Gerardo Cuerva, repitieron que es “el momento de aunar esfuerzos”, pero en ellos no incluyen subidas de salarios que igualen el alza de la inflación, encaramada en febrero en el 7,4%. “Las pymes lo están pasando muy mal, con las cadenas de suministro rotas y las materias primas por las nubes no seríamos capaces de afrontar un aumento de costes salariales para arreglar la inflación”, resumió Cuerva. Garamendi aseguró que volver a vincular los salarios exclusivamente a la inflación sería “un error inmenso de futuro para España”.

Ni patronal ni sindicatos quisieron desvelar cuáles son las cifras de aumento salarial que han puesto sobre la mesa del ANC. Aunque en las últimas semanas UGT dejó caer un 5% y los empresarios no quieren superar el 2,5%. Sordo y Álvarez sí recalcaron este lunes que recuperar las cláusulas de revisión salarial en los convenios “eliminará la tensión sobre la cifra de subida” de los sueldos. Es decir, incorporar estas cláusulas, cuyo número se redujo considerablemente en los últimos años, permitiría moderar las alzas iniciales. Esos artículos de los convenios colectivos ajustan los salarios a los aumentos del IPC al final del año o de un determinado número de años. Sólo el 15,8% de los convenios –426 en números absolutos–, cuentan hoy con una cláusula de revisión salarial, cuando en 2011 eran el 34,1%. Desde la reforma laboral de 2012, las cláusulas comenzaron una lenta desaparición que llegó a un mínimo del 7,7% de los convenios en 2015. 

Garamendi eludió precisar si aceptarán recuperar las cláusulas de revisión, sólo insistió en que en la negociación del ANC no se puede hablar sólo de inflación, sino que también deben hacerlo de “productividad, competitividad, sostenibilidad e innovación”.

Pacto de rentas aún sin contenidos

En lo que sí coincidieron ambas partes es en proclamar la “autonomía” de empresarios y sindicatos para negociar los salarios. Un diálogo que desligaron del pacto de rentas instado por el Gobierno. “Llevamos ya un tiempo trabajando en el ANC, que es lo que nos ocupa ahora; a futuro nos sentaremos si el Gobierno nos plantea otras materias que aún están por definir, pero el ANC es independiente del pacto de rentas”, aclaró Antonio Garamendi. En parecidos términos se expresó Pepe Álvarez cuando defendió que la guerra en Ucrania “no puede tocar la hoja de ruta marcada de los salarios y la negociación colectiva”.

Garamendi, además, no quiso precisar qué “otras materias” se discutirán en ese pacto de rentas. “Tenemos el título de la película, pero no el argumento”, describió. Unai Sordo, por el contrario, enumeró cuáles pueden ser algunos de los elementos que se debatan en esa mesa: “Es más que un acuerdo salarial, debería incluirse la suspensión de la fijación marginalista de los precios de la luz, que dispara la inflación al hacerlo depender de los precios del gas; también el impacto en las familias de esos precios, con la aprobación de bonos sociales, y el desarrollo de la economía verde y las renovables para reducir la dependencia energética de España y Europa de un sátrapa como Putin”. A su juicio, esa mayor autonomía energética debería acelerarse recurriendo no sólo a las transferencias del Plan de Recuperación sino también a los créditos de 70.000 millones de euros que va a conceder la UE.

Además, invitó a debatir medidas fiscales. Según dijo, el Impuesto sobre Sociedades aún tiene margen en España para mejorar su recaudación, lo que sería una manera de “articular” una “contención en la acumulación de beneficios y la distribución de dividendos” que considera necesaria en “un momento de incertidumbre”.

Por el contrario, Garamendi y Cuerva se mostraron radicalmente en contra de aumentar impuestos o topar dividendos, lo que tacharon de “simplista”. “Si se pretende una regulación absoluta de la vida económica, será muy peligroso y no va a aportar nada”, rebatió el presidente de la CEOE. “El presidente no ha hablado de eso en absoluto”, precisó también, antes de avanzar que, si se les piden “medidas cortoplacistas y regresivas para el crecimiento”, las rechazarán.

Patronal y sindicatos negaron haber recibido ningún tipo de presión por parte del Gobierno para moderar salarios o para alcanzar un acuerdo con premura. “La presión la tenemos nosotros mismos porque los convenios se están negociando y no esperan”, apuntó Pepe Álvarez. La semana pasada Antonio Garamendi expresó su deseo de que el ANC pudiera estar firmado antes de que acabe el mes de marzo. El dirigente de UGT negó que las pensiones y su actualización hubiera sido un asunto de debate en la reunión que acababa de mantener con los representantes del Gobierno, mientras Unai Sordo apremiaba a desarrollar la reforma laboral, por el efecto que el empleo temporal tiene en los salarios.

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CCOO y UGT volverán a sentarse con la patronal este miércoles, en la que será su segunda reunión tras la inaugural de la pasada semana. Pero las posiciones no pueden estar más alejadas. Sordo recordó la pérdida de poder adquisitivo sufrida por los salarios desde la anterior crisis, para subrayar después que, pese a las actuales incertidumbres, los beneficios empresariales en 2021 han superado el nivel prepandemia, las empresas están “desendeudadas” y sus excedentes alcanzan los 164.000 millones de euros, “la mayor parte aparcados en la economía financiera”. “Los trabajadores no pueden pagar el pato [de la nueva crisis]”, zanjó.

Por el contrario, Garamendi destacó que las multinacionales pagan en el exterior por encima del 15% —el mínimo de tributación en Sociedades que quiere aplicarles el G-20— y que en las pymes sus responsables no tienen salarios: “El dividendo es su salario cuando el negocio funciona”. Cuerva aseguró que las pymes reinvierten todos su beneficios y no pueden trasladar el aumento de los costes de la energía a precios porque serían expulsados del mercado.

Tras la reunión en la Moncloa, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aseguró que el Gobierno, al igual que hizo antes con el empleo y el tejido productivo aprobando los ERTE, ahora “protegerá el poder adquisitivo”. “Necesitamos una nueva política de rentas que equilibre la balanza”, destacó.