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El debate llevaba días girando alrededor de la creación de una empresa pública de energía o de nacionalizar alguna de las grandes eléctricas existentes (algo que defiende Podemos pero no el PSOE), pero los morados han afinado más el tiro desde este miércoles: UP, por boca de su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, ha exigido a su socio mayor de coalición de Gobierno terminar con los beneficios caídos del cielo o windfall profits, que es como se denomina al sobreprecio que reciben las grandes eléctricas al cobrar la energía producida por centrales nucleares o hidroeléctricas el precio del gas natural en el mercado mayorista.
Algo que venía en el acuerdo del Gobierno de coalición firmado este jueves hace un año y que afecta directamente a la factura de la electricidad de estos días, según apunta la mayoría de expertos consultados. Precisamente, especialistas como Natalia Fabra o Jorge Morales de Labra no abogan por nacionalizar una empresa eléctrica sino por cambiar el marco regulatorio para liquidar los windfall profits, cuya retribución estiman en hasta 3.000 millones de euros anuales, según la denuncia que la Plataforma por Un Nuevo Modelo Energético presentó en 2015 ante la Comisión Europea.
Los beneficios caídos del cielo son un tema recurrente en el sector, tan solo negados por las empresas a las que más afectaría su supresión: las grandes del Ibex como Endesa, Iberdrola o Naturgy sostienen que no existen los windfall profits porque las propias compañías realizan inversiones en las centrales nucleares e hidroeléctricas. Estas compañías además siempre apuntan contra las primas a las renovables. Pero más allá de las firmas cotizadas del sector energético, la existencia de este maná viene alertándose por casi todo el mundo desde hace más de una década.
Hace justo 10 años, el secretario general de Energía con Felipe González Martín Gallego denunciaba en una charla que las nucleares obtenían "altos beneficios gracias a vender su producción a un elevado precio debido al peculiar sistema de fijación de precios en el mercado eléctrico mayorista, en el que las empresas compran luz como una lonja y en el que todas perciben el precio más alto".
Hay una fecha clave: 1997, cuando se crea la actual ley por la cual las nucleares e hidroeléctricas vieron compensados sus costes de transición hacia energías más limpias: son los denominados CTC, los costes de transición a la competencia que, según denuncia el grupo de Economistas frente a la Crisis, reportaron a estas empresas un "exceso de remuneraciones" de más de 30.000 millones de 2007 a 2016.
Una subida del 110% este año
De esta manera, ambos sectores amortizaron las posibles pérdidas de la transición energética y, terminados los CTC, se reveló que los costes de producir energía para nucleares e hidroeléctricas son muy bajos. "Las nucleares e hidroeléctricas no han tenido que comprar ningún derecho de emisión para las centrales de gas porque, sencillamente, no emiten gases contaminantes", escribió el pasado domingo Jorge Fabra Utray, ex vocal del Consejo Nacional de la Energía. El derecho de emisión se sitúa en torno a 13 euros por megavatio producido.
"Cuanto más suban los derechos de emisión", continúa Fabra Utray, "más pagan los consumidores por la energía de las centrales nucleares, hidroeléctricas y [en menor medida] renovables a mercado". Y según el autor, "curiosamente la propiedad, salvo porcentajes irrelevantes", de nucleares e hidroeléctricas recae "en las tres grandes empresas eléctricas y de gas: Endesa; Iberdrola y Naturgy".
Morales de Labra directamente desgrana que lo sucedido la semana pasada, la de las grandes nevadas, y vincula la espectacular subida de la luz (la media el 25 de diciembre era de 16 euros por megavatio, que escaló hasta 95 euros el 8 de enero, un repunte del 110% en lo que llevamos de año) con la propuesta con la que ahora contraataca Podemos. "Las inversiones de las nucleares e hidroeléctricas a partir de 1997 se hicieron sin riesgo de precio, porque las compensaciones con dinero cuasi público les garantizaban beneficios durante su transición", rebobina. "Pues bien: las nucleares e hidroeléctricas cubrieron casi el 70% de la demanda energética del 8 de enero de 2021", sentencia este experto.
Sebastián defiende una auditoría
Naturgy se dispara un 15,5% en Bolsa tras la oferta de IFM y supera los 22 euros
"Llevamos mucho tiempo discrepando de Podemos sobre la necesidad de una empresa pública comercializadora de energía para abaratar la factura eléctrica", señala un experto que pide no aparecer citado. "Eso es lo que dicen ellos. Pero el debate sobre los beneficios caídos del cielo es otra cosa, porque llevamos años y años insistiendo en esta problemática que nunca se aborda".
Preguntada al respecto este miércoles en unas jornadas, la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, reconoció que el capítulo de los beneficios llovidos de la nada está dentro de los acuerdos de coalición. "Nos quedan pendientes varias cosas, y una es ver cómo se puede reducir ese diferencial que dispara los precios marginales en el mercado mayorista, fenómeno conocido como los windfall profits, y no es sencillo técnicamente encontrar soluciones dentro del mercado europeo", dijo Ribera. "Tenemos que identificar cuándo se disparan determinadas tecnologías en momentos críticos como el actual", añadió la ministra, que aseguró que su departamento ha trabajado mucho para reducir lo que paga el consumidor.
Consultado a este respecto, el ex ministro de Industria, Miguel Sebastián, defiende una "auditoría de costes del sector eléctrico". "El problema de los windfall profits es que no se sabe cuáles son", razona Sebastián. "En teoría las nucleares y las hidraúlicas ya han amortizado sus costes y todo lo que reciben son beneficios. En la práctica no sabemos si lo hay, porque las nucleares responden que mantener las centrales exige una enorme inversión. Y como no lo sabemos, lo mejor es realizar una auditoría".
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