Nada más anunciar el presidente de Volkswagen, Mathias Müller, el “ajuste doloroso” con que el grupo alemán intentará solucionar la crisis desatada por la manipulación de sus motores diésel, UGT y CCOO han apremiado a los gobiernos español y catalán para que salgan de su “inmovilismo” y “actúen de forma firme y decidida” en defensa del sector del automóvil. Sin embargo, preguntado 24 horas después de saltar la noticia por las inversiones de Volkswagen en España, el ministro de Industria, José Manuel Soria, sólo ha repetido la fórmula con que viene respondiendo a cada nueva revelación sobre el fraude: “Hasta que la empresa nos informe, no podemos decir nada”, indicó en una jornada sobre reindustrialización y avance tecnológico patrocinada por otro gigante germano, Siemens.
“Espero que a lo largo del día de hoy [miércoles] podamos hablar con la dirección central [de Volkswagen] para que nos aclare la situación de las inversiones en España”, añadió. El ministro sólo pudo precisar que “verbalmente” la empresa le había garantizado en su día que mantendría sus inversiones en las factorías de Seat en Martorell (Barcelona) y de Volkswagen en Landaben (Navarra). Un total de 4.500 millones de euros hasta 2019. El pasado 30 de septiembre José Manuel Soria se reunió en Madrid con el vicepresidente mundial de Volkswagen, el español Francisco Javier García Sanz, quien le garantizó las partidas comprometidas para las fábricas españolas. A última hora de la tarde de este miércoles, Industria no pudo confirmar a infoLibre si ese contacto anunciado por el ministro por la mañana se había producido o se iba a producir en los próximos días.
Cuando los periodistas le pidieron a Soria un “mensaje tranquilizador” para los trabajadores de Seat, el titular de Industria se limitó a anunciar que “el Gobierno va a apostar y a hacer todo lo que tiene hacer para que el sector del automóvil siga siendo crucial”.
El presidente del comité de empresa de Seat, Matías Carnero, de UGT, duda de los contactos del ministro con Volkswagen. “No van a tomar ninguna decisión sobre las inversiones hasta dentro de cuatro semanas”, explica. Y recuerda que José Manuel Soria llegó a asegurar que, tras haber hablado con el fabricante alemán, a éste “le parecía bien” devolver las ayudas del Plan PIVEdevolver las ayudas del Plan PIVE. “Y eso era totalmente falso”, zanja Carnero. Así que el responsable sindical exige al ministro que sea “consecuente con su cargo, diga cosas razonables y argumentadas, y no meta la pata”.
En cualquier caso, el dirigente de UGT cree que la revisión de las inversiones alemanas “no debería afectar” a las fábricas españolas porque están “destinadas a I+D+i y a infraestructuras”. “Y suspender o paralizar un año una inversión supone retrasarte tres años respecto a tus competidores”, advierte. A Matías Carnero le preocupan más los perjuicios sobre el empleo que acaerrá a Seat el la mala imagen de Volkswagen:“Nosotros trabajamos en función de las ventas, y si vendemos menos, también trabajaremos menos; no sólo Seat, también nuestro parque de proveedores”.
También Chequia y Hungría dependen de los coches
Carnero no se atreve a decir qué factorías y países tienen más posibilidades de resultar afectados por el recorte que se avecina. Además de las fábricas de Estados Unidos, en el centro del huracán por el fraude de los motores trucados, sólo detalla que la tijera también actuará en la propia Alemania. Y no es España el único país que tiembla. República Checa, Eslovaquia o Hungría, por ejemplo, están en el disparadero. Si en España la industria del automóvil representa el 10% del PIB y el 17,7% de las exportaciones, en Hungría equivale al 22% de su producción industrial y al 13% de las ventas al exterior. Volkswagen fabrica allí motores de la marca Audi. Según los cálculos de Bank of America, la crisis de Volkswagen puede recortar el crecimiento de la economía húngara hasta en 1,5 puntos.
Lo mismo que en la República Checa, cuna de la marca Skoda –24.600 trabajadores– y donde la marca alemana cuenta con cuatro factorías, incluida la de MAN en Velká Bítês. El grupo de Wolfsburgo posee un total de 119 factorías repartidas entre 20 países europeos, desde Dinamarca y Suecia hasta Portugal, pasando por Bélgica, Holanda o Reino Unido.
Reacción inmediata de Estados Unidos hasta Australia
Pese a la importancia económica del grupo, los diferentes gobiernos reaccionaron ante el fraude con una rapidez y contundencia que se han echado de menos en España. En un primer momento, el Ministerio de Industria se conformó con “quedar a la espera” de que el grupo alemán le informara, mientras los gobiernos francés e italiano anunciaban inmediatamente controles aleatorios de vehículos diésel, de todas las marcasde todas las marcas, y hasta el de Corea del Sur convocaba a la cúpula de la marca en ese país para pedirle explicaciones e incluso ordenaba nuevas pruebas a vehículos que ya habían pasado con éxito los exámenes antes.
En Estados Unidos, el Gobierno cifró en 16.000 millones de euros la multa que impondrá a Volkswagen. El Departamento de Justicia ha abierto una investigación penal contra la marca alemana. Su presidente declarará este jueves ante el Comité de Energía del Congreso. Y la Agencia de Protección Medioambiental (EPA), que destapó el fraude, ha anunciado ya que endurecerá el control de emisiones para la industria del automóvil. También está revisando vehículos diésel de todas las marcas para comprobar si utilizan un software tramposo como Volkswagen.
La ‘mano dura’ de Soria con Volkswagen: en vez de pedirle que devuelva ayudas, le ofrece 200 millones
Suiza ha suspendido la homologación de los coches del fabricante alemán. Bélgica los ha retirado de la venta. Las fiscalías de Francia, Alemania y Noruega han abierto investigaciones por fraude. Reino Unido repetirá las pruebas de emisiones en laboratorio practicadas a coches de todos los fabricantes y comparará sus resultados con los gases de escape en carretera. El Gobierno de Australia también investiga a Volkswagen y Audi tras llamar a capítulo a sus directivos en el país.
Mientras, en España, la solicitud de devolución de ayudas del Plan PIVE anunciada por el ministro de Industria apenas duró unas horas. Soria tuvo que desdecirse: las subvenciones se conceden en función de las emisiones de CO2 de los coches, y Volkswagen falseó las de óxido de nitrógeno y partículas, las que expulsan los motores diésel. Por el contrario, sus emisiones de CO son siempre inferiores a las de los motores de gasolina.
Además, Industria ha creado una comisión, presidida por la secretaria general, Begoña Cristeto. De momento, sólo se sabe que ha pedido información al grupo de Wolfsburgo sobre el número de coches afectados en España por el trucaje de los motores. Exactamente 683.626, desveló el fabricante alemán el pasado 30 de septiembre. Pero ni investigación judicial, ni pruebas a los vehículos diésel de Volkswagen u otras marcas ni sanciones están a la vista. Y la dirección de la compañía no revelará el futuro de sus inversiones hasta mediados de noviembre.
Nada más anunciar el presidente de Volkswagen, Mathias Müller, el “ajuste doloroso” con que el grupo alemán intentará solucionar la crisis desatada por la manipulación de sus motores diésel, UGT y CCOO han apremiado a los gobiernos español y catalán para que salgan de su “inmovilismo” y “actúen de forma firme y decidida” en defensa del sector del automóvil. Sin embargo, preguntado 24 horas después de saltar la noticia por las inversiones de Volkswagen en España, el ministro de Industria, José Manuel Soria, sólo ha repetido la fórmula con que viene respondiendo a cada nueva revelación sobre el fraude: “Hasta que la empresa nos informe, no podemos decir nada”, indicó en una jornada sobre reindustrialización y avance tecnológico patrocinada por otro gigante germano, Siemens.