El Tribunal Supremo ha anulado el convenio colectivo de Marsegur en la Comunidad de Madrid, la empresa de seguridad low cost a la que el Ministerio de Defensa ha adjudicado su megacontrato –16 millones de euros– para vigilar todas sus instalaciones en España. Es el tercer varapalo judicial que recibe Marsegur, después de que la Audiencia Nacional declarase nulos los dos convenios de ámbito estatal que la empresa ha intentado en vano aplicar a sus trabajadores.
En todos los casos, el vicio es el mismo: Marsegur negocia de forma ilegal los convenios, utilizando para ello como representantes de la plantilla a mandos intermedios de sólo una parte de sus centros de trabajo. Además, en este caso, intentó hacer pasar como convenio de empresa un pacto firmado por una delegada de personal elegida por 12 trabajadores de algunos centros de Madrid, cuando la empresa en esos momentos contaba en la Comunidad de Madrid con 113 empleados. Al mismo tiempo, Marsegur había negociado y firmado otro convenio de empresa, pero éste de ámbito estatal, que fue luego anulado por la Audiencia Nacional.
Por tanto, el Supremo anula el convenio madrileño de Marsegur porque no es un convenio de empresa –existen otros centros de trabajo en otras comunidades autónomas que quedan fuera– y, en consecuencia, carece de la prioridad aplicativa que el Estatuto de los Trabajadores, desde la reforma laboral de 2012, concede a los convenios de ese ámbito sobre los sectoriales en determinadas materiales –salario, jornada, clasificación profesional–.
El convenio ahora anulado tenía en principio una duración inusual, 10 años, hasta 2024, de los cuales cinco eran de congelación salarial. Este punto fue rectificado, tras una advertencia de la Comunidad de Madrid, y su vigencia reducida a cuatros años prorrogables por otros dos.
El convenio había sido impugnado por UGT, CCOO, USO y la patronal del sector Aproser. Alegaban que la delegada de personal carecía de legitimación para negociar el convenio, que éste había sido suscrito en fraude de ley y que concurría con el convenio estatal del sector. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó las dos primeras causas de nulidad, pero invalidó 10 artículos del convenio porque invadía las competencias del convenio estatal de empresas de seguridad. Ese fallo es el que ahora ha confirmado el Tribunal Supremo.
Marsegur, ligada al empresario canario Miguel Ángel Ramírez, al igual que Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Seguridad Integral Canaria, llevan años aplicando condiciones salariales y laborales inferiores a las establecidas por el convenio estatal del sector. Sólo el año pasado, el Gobierno adjudicó a las tres empresas contratos por un importe total de 22 millones de euros. Para imponer esos salarios mínimos, Seguridad Integral Canaria firmó –con una representación de la plantilla integrada sólo por los mandos intermedios– un descuelgue del convenio que fue también anulado por el Tribunal Supremo. Marsegur y Sinergias, por su parte, negociaron convenios de empresa que han tumbado la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, respectivamente.
Pese a que la ley establece que estas sentencias deben ejecutarse inmediatamente, aunque hayan sido recurridas al Tribunal Supremo, Marsegur está aplicando las condiciones mínimas de los convenios anulados a sus trabajadores del Ministerio de Defensa desde el pasado 1 de mayo. En esa fecha la empresa canaria comenzó a prestar sus servicios en las instalaciones de este departamento repartidas por toda España. En total, unos 500 vigilantes, subrogados cada vez que cambia el adjudicatario del servicio, han cobrado ya en su primera nómina con Marsegur hasta un 40% menos que con Seguridad Integral Canaria, el anterior concesionario.
Demandas judiciales de los trabajadores
Los sindicatos han empezado a instar a los vigilantes a presentar demandas en los juzgados de lo social para reclamar sus salarios. Según el Estatuto de los Trabajadores, los empleados deben mantener sus condiciones laborales tras ser subrogados, por lo que el recorte salarial aplicado por Marsegur es una “modificación sustancial de las condiciones de trabajo” que requiere una negociación previa con el comité de empresa.
Como puede verse en las nóminas que infoLibre publica junto a estas líneas, el sueldo de un vigilante con arma de un centro de Defensa en Zaragoza era de 1.435,25 euros con el anterior adjudicatario. Con Marsegur, ha pasado a ser de sólo 840,27 euros. En ambos casos, la retención del IRPF es del 0%. La ley permite no hacer retención algunaen los casos en que el contrato sea superior al año y por circunstancias propias del trabajador.
Castilla-La Mancha resuelve el contrato con Sinergias
Precisamente este viernes la Consejería de Hacienda de Castilla-La Mancha ha decidido resolver el contrato que firmó con la unión temporal de empresas (UTE) integrada por Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Cyrasa Seguridad para que vigilara los edificios de la administración de la Junta y del Servicio de Salud en las provincias de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara. El motivo es que ambas empresas han desoído la advertencia que la consejería les envió el pasado martes para que en el plazo de dos días comenzaran a aplicar a 130 vigilantes las condiciones del convenio estatal del sector, entre ellas los sueldos.
La UTE llevaba sólo un mes prestando el servicio tras haber ganado el correspondiente concurso público. La Consejería de Hacienda considera que estas dos empresas incumplían tanto los pliegos del citado concurso como el convenio estatal, al pagar sueldos 300 euros inferiores a los del resto del sector.
Empleo sigue siendo el principal adjudicador de las empresas 'low cost' de seguridad en contra de pactos sectoriales y sentencias
El convenio de Sinergias –también impugnado en los tribunales– fija un salario base de sólo 660 euros mensuales brutos, un 27% inferior al establecido en el convenio del sector. Además, sólo paga de plus de nocturnidad seis céntimos la hora, 18 veces menos que las empresas acogidas al convenio estatal. En total, el salario bruto de un vigilante de seguridad de esta empresa se sitúa entre 9.660 y 11.299 euros brutos al año como máximo.
Las condiciones de Marsegur son sólo un poco mejores: el sueldo base alcanza los 726 euros mensuales y el tope bruto anual, los 10.768 euros, un 32% por debajo del convenio sectorial. El plus de nocturnidad, 10 céntimos la hora, 11 veces inferior al fijado en el convenio estatal.
El Tribunal Supremo ha anulado el convenio colectivo de Marsegur en la Comunidad de Madrid, la empresa de seguridad low cost a la que el Ministerio de Defensa ha adjudicado su megacontrato –16 millones de euros– para vigilar todas sus instalaciones en España. Es el tercer varapalo judicial que recibe Marsegur, después de que la Audiencia Nacional declarase nulos los dos convenios de ámbito estatal que la empresa ha intentado en vano aplicar a sus trabajadores.