Algunos grandes conflictos históricos han dado paso a importantes reconstrucciones apoyadas sobre las espaldas de grandes fortunas. Ocurrió en Estados Unidos en la década de 1950 y 1960, tras la devastadora Segunda Guerra Mundial, cuando los cuatro centenares de ciudadanos más ricos del país afrontaban tipos impositivos máximos de hasta el 70%. O en Alemania y Japón, donde llegaron a alcanzar el 80% para mitigar los estragos de la contienda. Ahora, más de siete décadas más tarde, buena parte del mundo se enfrenta a otra durísima batalla. La pandemia del coronavirus ha puesto contra las cuerdas el normal funcionamiento de la economía global y ha obligado a los Estados a intervenir de urgencia para intentar amortiguar el impacto que se avecina. Una nueva crisis, otra más, a la que podría hacerse frente con un plan fiscal que ponga la lupa sobre los bolsillos más cargados. En este sentido, algunos economistas han calculado que fijando solamente una tasa anual temporal para el 1% más rico de Europa se podría hacer frente en una década a todo el coste de la crisis sanitaria si este fuera equivalente al 10% del PIB comunitario.
La necesidad de poner en marcha una tasa covid para financiar los efectos negativos del confinamiento fue planteada la semana pasada en el Congreso de los Diputados. “¿Quién va a pagar esto? Existen dos opciones: esto se puede pagar vía aumento de los ingresos públicos o se puede pagar, a la postre, vía recortes”, señaló desde la tribuna de oradores durante la sesión de control al Gobierno el portavoz de Más País, Íñigo Errejón. En este sentido, su formación política registró en la Cámara Baja una proposición no de ley en la que se plantea, entre otras cosas, la creación de nuevos tramos “extraordinarios” para los más ricos. Un baremo para la tributación del IRPF que comience en el 47% en el caso de aquellas rentas superiores a los 100.000 euros y que alcance el tope máximo del 60% para las que se encuentren por encima de los 600.000 euros. En 2017, últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria, menos de 10.000 contribuyentes, el 0,5% del total, ocupaban el tramo de renta superior a los 150.001 euros, mientras que otros 689.353, el 3,46% del total, se movían entre los 60.001 y los 150.000 euros.
El programa de Gobierno que sellaron en diciembre PSOE y Unidas Podemos incluía en su décimo punto la intención de estudiar la fiscalidad de las grandes fortunas con el objetivo de que “contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo”. Sin embargo, en relación con la llamada tasa covid, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prefirió limitarse a señalar que hay medidas que deben tener “un largo y un medio recorrido”.
Algo más claro fue el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, en una entrevista en eldiario.es. “La posibilidad de implantar impuestos a los grandes patrimonios es una cosa que ha entrado con fuerza en la agenda y que debe ser valorada y discutida y con la que, desde luego, nosotros estamos de acuerdo. Tanto Zucman como Piketty, por ejemplo, han señalado que es una de las mejores vías para reducir drásticamente la desigualdad”, afirmó el economista, quien recordó que Podemos ya llevaba en su último programa electoral “un impuesto a las grandes fortunas” muy “similar” a la tasa covid.
Carles Manera, catedrático de Economía Aplicada en la Universitat de les Illes Balears, cree que la crisis del coronavirus evidencia la necesidad de darle una vuelta a “la fiscalidad”. Un replanteamiento que, dice, pasa por el incremento de la presión impositiva sobre las grandes fortunas. “La imposición a las rentas más elevadas ha demostrado que no penaliza a la economía. Tras la Segunda Guerra Mundial, vimos que las tasas altas en países como Estados Unidos, Francia o Alemania se tradujeron en crecimientos del PIB y un refuerzo del Estado del bienestar”, apunta al otro lado del teléfono apoyándose sobre la obra del economista francés Thomas Piketty. Pero luego llegaron Margaret Thatcher y Ronald Reagan. “El aumento de la inflación y del paro dieron la oportunidad al neoliberalismo de decir que todo esto no funcionaba. La idea pasó entonces por bajar los impuestos a los ricos para que se incrementara la inversión. Sin embargo, podemos decir que entre la década de 1980 y el año 2008, con la Gran Recesión, el crecimiento económico se ralentizó en comparación con el periodo anterior”, asevera el el economista.
De Argentina a Italia pasando por España
Ahora, con las sombras de un posible nuevo cambio de ciclo, Manera considera que es el momento de obligar a las grandes fortunas a arrimar mucho más el hombro. En una línea similar se pronuncian los economistas Daniel Raventós y José Ignacio Conde . El primero echa cálculos: “Sabemos que si se aplicase un 10% al 10% que tiene mayor patrimonio, se recaudarían unos 84.000 millones de euros. Piketty incluso propone tasas impositivas mucho más elevadas, que podrían llegar al 90%”. “Si se quiere mantener un buen sistema social, es necesario subir impuestos”, apostilla, por su parte, el profesor de Economía de la Universidad Complutense de Madrid. Sin embargo, para Conde Ruiz sería un error pensar que con un impuesto a las grandes fortunas estarían resueltos todos los problemas fiscales que tiene España. “Esto seguramente tenga que ir acompañado con una reforma fiscal más global que garantice una mayor recaudación. Aquí se recauda mucho menos que en otros países en lo que es la imposición indirecta, en lo que se llaman precios públicos, también tiene muchas deducciones…”, apunta.
Algunos Estados ya han abierto el debate sobre este tipo de impuestos a las grandes fortunas. Uno de ellos ha sido Italia, el más golpeado por la pandemia en el Viejo Continente. Allí, el Partido Demócrata propuso hace un par de semanas un tipo progresivo que comenzase en el 4% para las rentas anuales de entre 80.000 y 90.000 euros y que alcanzase un máximo del 8% para las superiores al millón de euros. Un impuesto del que estarían exentos los médicos y que sólo afectaría al 1,95% de los contribuyentes italianos. Fuera de Europa, se están estudiando medidas similares en algunos países de Latinoamérica. Es el caso de Argentina, donde se ha planteado un impuesto extraordinario para hacer frente a la crisis que se movería entre el 2% y el 3,5% y que gravaría a todas aquellas personas con patrimonios superiores a los 3 millones de dólares. Es decir, según los cálculos realizados por los diputados encargados de elaborar el borrador del proyecto afectaría a unos 12.000 contribuyentes, alrededor del 1,1% del total.
Coordinación a nivel europeo
El profesor de Economía de la Universidad Complutense e investigador de Fedea considera que estos tipos no pueden ser muy elevados porque podrían provocar una “fuga de capitales”. Por ello, considera que dichas iniciativas serían mucho más efectivas con una coordinación de Estados en el Viejo Continente. “Si se hace a nivel internacional puede ser más fácil”, sostiene Conde Ruiz. Coinciden con él tanto Manera como Raventós. “Si no hay una homogeneización, una complicidad entre los países, será difícil contener un movimiento de capitales a no ser que también decidas gravarlo severamente”, reflexiona el catedrático en la Universitat de les Illes Balears, que reitera que de esta crisis sólo va a poder salirse en condiciones si se hace de forma “coordinada”. “Es fundamental renunciar a la competición fiscal”, completa, por su parte, el economista de la Universitat de Barcelona y también presidente del colectivo Red Renta Básica.
Bajo este enfoque, los economistas Gabriel Zucman, Emmanuel Saez y Camille Landais –Universidad de California y London School of Economics– han propuesto crear una tasa temporal a nivel comunitario para aliviar el impacto de la pandemia en las arcas públicas. En un artículo titulado “A progressive European wealth tax to fund the European COVID response”, los tres expertos plantean que aquellos con un patrimonio superior a los 2 millones de euros abonen un 1% de su riqueza, un tipo que se elevaría al 2% en el caso de que se superen los 8 millones y al 3% si sobrepasan los 1.000 millones.
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Según los últimos datos de la revista Forbes, en el año 2020 hay en el Viejo Continente alrededor de tres centenares de milmillonarios. Sólo en España hay poco más de una veintena a los que afectaría el tipo más alto propuesto. Es el caso por ejemplo de Amancio Ortega y Sandra Ortega. El dueño de Inditex acumula un patrimonio que sobrepasa los 50.000 millones de euros, mientras que su hija supera los 4.000 millones de euros. El dueño de Mercadona, Juan Roig, o el empresario Juan Abelló también forman parte de este exclusivo grupo.
Para los economistas la tasa no es descabellada. “Está en línea con las aplicadas por muchos países europeos que tenían impuestos sobre el patrimonio hasta hace poco, como Alemania, Dinamarca o Suecia”, apuntan en el artículo. Además, consideran que esta forma de hacer frente al impacto provocado por el coronavirus puede que sea la menos dañina para el crecimiento económico. Según los cálculos de los expertos, este gravamen al 1% más rico permitiría recaudar anualmente el equivalente a un 1,05% del PIB comunitario. Es decir, si para la batalla contra el coronavirus fuera necesario un fondo de rescate por valor del 10% del PIB, la tasa permitiría “pagar esta deuda extra en diez años”.
Su diseño a nivel europeo, además, tendría una doble ventaja. Por un lado, permitiría evitar la migración de contribuyentes a otros Estados miembro. Y por otro, cambiaría el enfoque relativo a la manera de pagar esta nueva crisis, que dejaría de ser sobre transferencias nacionales y se centraría en las transferencias entre individuos según su riqueza. “Esto superaría las oposiciones basadas en intereses egoístas nacionales y contribuiría a crear la sensación de que Europa trabaja para todos”, sentencian.