El Ministerio de Trabajo y los agentes sociales continúan perfilando el denominado Anteproyecto de Ley contra la huida del derecho del trabajo a través de las nuevas tecnologías, embrión de la denominada Ley rider que busca terminar con los abusos laborales en las plataformas digitalesLey rider. Éstas se hallan en auge entre la ciudadanía, más todavía durante el confinamiento por el coronavirus, y realizan desde servicios de reparto de comida hasta limpieza del hogar o cuidados infantiles, todo vía app.
El pasado martes tuvo lugar una nueva reunión entre el ministerio, la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT para abordar la regulación laboral del sector, marcada por la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 23 de septiembre que resolvió que los repartidores de Glovo eran falsos autónomos. Y las partes parecen próximas a alcanzar un acuerdo inmediato, según los consultados.
Siempre según estas fuentes, el ministerio de Yolanda Díaz habría enmendado en un nuevo borrador varios puntos del anterior, revelado por La Información a finales de octubre con ocasión de la última reunión mantenida por los agentes sociales. La principal novedad: el Gobierno prevé crear, o al menos así lo contempla Díaz, un registro público y obligatorio para las plataformas digitales en el cual deberán revelar el algoritmo aplicado para desarrollar su actividad. El registro será confidencial a pesar de su carácter público, para proteger la estrategia comercial u otros elementos clave de las firmas.
De esta manera, el ministerio podrá vigilar si las plataformas digitales como Glovo, Deliveroo u otras emplean a falsos autónomos. La no inscripción en el registro conlleva sanciones que van de los 6.000 euros a casi 190.000 euros (30 veces más). El registro se crearía con la nueva ley.
Hay más novedades en el nuevo borrador: se elimina la referencia al extra salarial en caso de que el trabajador de la plataforma haga uso de su teléfono móvil o de otros costes de protección. El anterior borrador decía que "la utilización habitual por la persona trabajadora de equipos y herramientas de su propiedad en el desarrollo de la actividad laboral tendrá una retribución específica". El ministerio en esta ocasión ha optado por quitar esta frase para evitar que se pueda normalizar la situación de que el asalariado tire de sus equipos y herramientas. Además, explican las fuentes, el plus salarial ya está recogido en la actual legislación.
Se suprime la referencia a las jornadas y turnos parciales, también recogidos por el Estatuto de los Trabajadores. Y lo mismo sucede con otra parte del anterior borrador que apelaba a dotar al sector de una mayor flexibilidad: el ministerio entiende que, para un sector tan dinámico, cualquier referencia a la flexibilidad puede generar más desajustes laborales.
Según un post de la web tecnológica Hipertextual, un registro público que "hable directamente sobre su algoritmo de trabajo es directamente impensable". "La publicación de su "receta mágica" tendría grandes implicaciones para cualquier de las empresas invitadas al registro y sería una afrenta directa contra los principios básicos de la Ley de Protección Industrial", añade Hipertextual, citando a "fuentes cercanas". Ni los sindicatos, que ven con buenos ojos el registro, ni el equipo de Yolanda Díaz comparten esta opinión.
Inspección de trabajo
Tras la concatenación de sentencias que culminaron en septiembre pasado con el fallo de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, el Ministerio de Trabajo ha redoblado la inspección laboral al sector, multando a las plataformas tecnológicas y obligando a convertir en asalariados a falsos autónomos. El ministerio ha actualizado para este medio los datos de la inspección.
Así, a lo largo de 2019 y lo que va de 2020 el número total de órdenes de servicio concluidas por la inspección en materia de falsos autónomos en plataformas es de 45 (hace un mes eran 30). Las altas en la Seguridad Social en materia de falsos autónomos en las plataformas es la que se ha actuado es de 17.957 personas trabajadores . Por último, los expedientes liquidatorios -es decir, las cuotas dejadas de ingresar a la Seguridad Social y que las empresas deberán pagar- suman un total de casi 26 millones de euros, frente a los 16 millones exigidos hace un mes. Las diferencias entre octubre y noviembre revelan que en estos momentos la Inspección de Trabajo multiplica sus esfuerzos.
El conflicto laboral en el mundo de los riders se ha disparado en los últimos años, con el auge de los smartphones y la antaño llamada economía colaborativa, hoy controlada por gigantes tecnológicos. CCOO incluso dispone de un buzón de quejas en Madrid.
Localizan un zulo en una empresa textil de Murcia donde explotaban laboralmente a extranjeros
Aunque normalmente se asocia este sector a los repartidores a domicilio que se mueven en bici -principalmente en grandes ciudades-, hay muchos otros servicios que se prestan vía app donde abunda la precariedad.
El caso de las trabajadoras del hogar es conocido, con marcas como Clintu, Flycleaners o GetYourHero. También abundan los servicios de cuidados infantiles o babysitting.
Apenas trascienden datos laborales del sector. CCOO denunció que llegan a trabajar entre 15 y 18 horas para cobrar el salario mínimo interprofesional. "El relato de la realidad de la prestación de trabajo al servicio de las plataformas digitales es, en algún momento, sobrecogedor", reza, por su parte, un estudio de UGT sobre las plataformas digitales.
El Ministerio de Trabajo y los agentes sociales continúan perfilando el denominado Anteproyecto de Ley contra la huida del derecho del trabajo a través de las nuevas tecnologías, embrión de la denominada Ley rider que busca terminar con los abusos laborales en las plataformas digitalesLey rider. Éstas se hallan en auge entre la ciudadanía, más todavía durante el confinamiento por el coronavirus, y realizan desde servicios de reparto de comida hasta limpieza del hogar o cuidados infantiles, todo vía app.