Un detenido, cuatro heridos y una carga policial a las puertas de la feria Agroexpo dieron buena muestra este miércoles del enojo con que los agricultores extremeños protestaban contra los “precios de miseria” que perciben a cambio de ser la “alacena alimentaria” de España. Ya hace casi dos semanas que las principales organizaciones agrarias, Asaja, UPA y COAG, anunciaron una campaña de movilizaciones en todo el país para denunciar la “dramática” coyuntura que padece el sector primario. A los recortes en las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), los aranceles impuestos por Estados Unidos y la continuada crisis de rentabilidad de sus explotaciones, se suma un 2019 que ha terminado siendo “uno de los años más negativos que se recuerdan en el sector, con una pérdida de renta agraria del 8,6%”, denuncian.
El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, añadió este martes un nuevo factor: la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que, según dijo, ya destruyó empleo en su comunidad autónoma el año pasado. “En una coyuntura de precios bajos”, explicó, al sector le ha costado mucho “sufragar una subida de los costes salariales”. Por eso pedía una reunión con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para analizar el “impacto” de la nueva alza del SMI y “cotizaciones especiales” para determinadas zonas.
Tanto Díaz como los sindicatos le han respondido enseguida negando el efecto destructivo de la subida del 22,3% del salario mínimo que se aplicó el 1 de enero del año pasado. La titular de Trabajo ha coincidido con los máximos responsables de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, en achacar la crisis de las explotaciones agrarias a los “problemas estructurales” del sector –la presión a que las someten las grandes cadenas de distribución, también las importaciones a precios mínimos–. “Unos problemas que no se resuelven pagando salarios de miseria”, apuntó Sordo. “El salario mínimo”, aclaró la titular de Trabajo, “es una herramienta para fijar un suelo mínimo de protección, que debe ser el mismo en Extremadura que en Cataluña”.
Lo cierto es que, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), el sector agrario extremeño terminó 2019 con 20.400 asalariados, 10.800 menos de los que tenía en diciembre de 2018 y la cifra más baja desde el primer trimestre de 2016. Si se miran los números del paro, tras caer a niveles mínimos en el segundo y tercer trimestre del año –época de recolección–, subió de octubre a diciembre de 2019 hasta alcanzar los 17.500 desempleados.
Sin embargo, CCOO Extremadura acude a las estadísticas de la Seguridad Social para asegurar que el año cerró con 28.689 cotizantes; es decir, una mejora de la afiliación de 1.500 trabajadores, un 5,7% más que en 2018. También destaca que en 2019 se firmaron 272.592 contratos, 12.000 más que el ejercicio anterior. “El comportamiento del mercado de trabajo agrario ha sido muy similar durante los 12 meses [de 2019] al registrado otros años, muy vinculado a la buena o mala marcha de las distintas campañas agrícolas que se van sucediendo”, analiza el sindicato.
El problema son los precios por debajo de costes
“Fernández Vara se ha precipitado y equivocado en el análisis de las causas de los resultados de la EPA”, interpreta la secretaria general de CCOO en Extremadura, Encarna Chacón, “y ha hecho un flaco favor a la causa en la comunidad con los salarios y pensiones más bajas de España”. Todos los sindicatos y organizaciones del sector se reúnen este jueves con el presidente extremeño para hablar de la polémica. En el diagnóstico hay coincidencia. Con algunos matices. La agricultura padece una crisis crónica que aboca muchas veces a los productores a vender sus cosechas por debajo de los costes de producción. “Hoy es el SMI, pero mañana será el gasóleo o el abono: los precios que nos pagan son tan bajos que cualquier subida mínima de costes no podemos repercutirla”, protesta Ignacio Huertas, secretario general de UPA en Extremadura. “Nuestra prioridad”, continúa, “son los precios, que son de hace 20 años y es con lo que hay que acabar, no el salario mínimo”.
El presidente de Asaja, Pedro Barato, asegura en cambio que Fernández Vara “claro que tiene razón” cuando advierte del impacto de la subida del SMI. “Por supuesto, queremos un salario digno, pero también que los productores tengan renta suficiente para pagar ese salario”, precisa a continuación. Según sus cálculos, en Extremadura se dejaron de contratar a 15.000 trabajadores agrarios por culpa del alza del SMI en 2019: “Ha sido la puntilla para el sector”, recalca, “en un año caótico para las frutas y hortalizas extremeñas”.
Ignacio Huertas descarga la responsabilidad de la crisis de precios directamente en el “abuso de la industria y de la gran distribución”, que imponen precios “de miseria” a los agricultores pero precios de vértigo a los consumidores por los mismos productos. Para explicar la caída del empleo agrario en Extremadura el año pasado, Huertas acude a la sequíala sequía, que ha recortado hasta en un 40% la producción olivarera y el viñedo; al pedrisco, que dañó los frutales, y a la “fruta que se ha quedado sin recoger”. El “parón en el mercado”, resultado de un mal año de ventas en Europa y de los cinco años de veto ruso a las frutas y hortalizas de la UE –en respuesta a las sanciones que se le impusieron por la crisis con Ucrania–, empujó a las centrales hortofrutícolas a no comprar las cosechas.
“En Extremadura se han arrancado 1.700 hectáreas de árboles frutales”, calcula el dirigente de UPA. Las centrales son los primeros manipuladores de la fruta, que luego venden a mayoristas o a la gran distribución. Huertas critica que estas empresas no hacen contratos a los agricultores, a quienes compran sus cosechas “a resultas”: por ejemplo, los productores venden en verano, obligados porque la fruta es perecedera, pero no cobran hasta final de año, por lo que carecen de una mínima “capacidad de negociación”. Si las centrales no les compran el producto, como ha pasado con la ciruela –de la que Extremadura es la primera comunidad productora de España y arrastra una caída de precios del 14%, a 15 céntimos el kilo–, al agricultor no le queda más remedio que arrancar el árbol.
O cambiar de cultivo, abandonando la fruta de hueso por otro que requiera menos mano de obra, como el almendro, subraya por su parte Pedro Barato. De hecho, es la fruta de hueso la que más afectada resultó por el veto ruso, pues no ha encontrado mercados alternativos ni recuperado el nivel de precios anterior. “Se está produciendo una reestructuración salvaje en el sector”, resume.
Males a los que debe sumarse una Política Agraria Común “cada vez con menos fondos”, lamenta el presidente de Asaja. Y una comunidad autónoma que, pese a ser una de las principales productoras, no tiene apenas industria transformadora, critica por su parte Encarna Chacón: “El valor añadido se produce fuera”. El resultado final es la desaparición de las explotaciones más pequeñas y el despoblamiento, advierten todos los interpelados por infoLibre.
Un convenio con 10 categorías profesionales que cobran el SMI
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En Extremadura está pendiente de firmarse el convenio colectivo del campo, que ha sido prorrogado seis meses tras agotar el año de ultraactividad –el periodo de prórroga automática de un convenio caducado mientras se negocia su renovación– que marca la reforma laboral. Afecta a 65.000 trabajadores, por lo que es el más importante de la comunidad autónoma. De sus 13 categorías profesionales, sólo tres superan el salario mínimo. La subida del SMI en 2019 ya fue uno de los obstáculos que resultaron imposibles de saltar en la negociación a lo largo del pasado año: los empresarios, recuerda Encarna Chacón, quería ampliar la jornada para aplicar el nuevo salario mínimo, a lo que se negaron los sindicatos. Así que el alza de 2020 puede suponer ahora una dificultad añadida a la negociación, indica Ignacio Huertas. Pedro Barato cree que la subida del salario mínimo debería negociarse en una mesa de diálogo social como la del convenio del campo, “y no en un decreto-ley como ha hecho el Gobierno”. El presidente de Asaja atribuye a la “incertidumbre” provocada por los anuncios de derogación de la reforma laboral y de subir el SMI la caída del empleo agrario en Extremadura el último trimestre del año: “La gente toma decisiones: no contratar o cambiar de cultivo”.
Chacón sostiene que las protestas contra la mejora del SMI no son más que una “excusa para seguir manteniendo una determinada estructura salarial”, porque “hay beneficios empresariales y una PAC”. Ignacio Huertas reclama exenciones en las cuotas a la Seguridad Social durante un cierto periodo de tiempo “para compensar la subida del salario mínimo donde sea difícil asumirla”. Y Pedro Barato recuerda el artículo 130 de la Constitución, donde se establece que los poderes públicos deben atender a la “modernización y desarrollo de todos los sectores económicos” y menciona en particular a la agricultura, la ganadería, la pesca y la artesanía, “para equiparar el nivel de vida de todos los españoles”. A su juicio, deberían establecerse “excepciones” para el sector agrario en las materias que fueran necesarias, como se hizo en su día al crear el PER para Andalucía y Extremadura, por ejemplo, o por la misma razón que se ha estableció un Régimen Especial Agrario en la Seguridad Social.
El presidente de Asaja envió la pasada semana una carta al vicepresidente Pablo Iglesias para pedirle que abra una mesa de negociación sobre el campo, que aún no le ha contestado. Barato dice que el Gobierno también debería aprobar un decreto-ley para prohibir que a los agricultores se les pague por debajo de sus costes de producción. Mientras los productores protestaban a las puertas de la feria en Don Benito (Badajoz), el ministro de Agricultura, Luis Planas, declaró dentro del recinto que “ni las administraciones autonómicas ni la nacional pueden fijar ningún precio”.
Un detenido, cuatro heridos y una carga policial a las puertas de la feria Agroexpo dieron buena muestra este miércoles del enojo con que los agricultores extremeños protestaban contra los “precios de miseria” que perciben a cambio de ser la “alacena alimentaria” de España. Ya hace casi dos semanas que las principales organizaciones agrarias, Asaja, UPA y COAG, anunciaron una campaña de movilizaciones en todo el país para denunciar la “dramática” coyuntura que padece el sector primario. A los recortes en las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), los aranceles impuestos por Estados Unidos y la continuada crisis de rentabilidad de sus explotaciones, se suma un 2019 que ha terminado siendo “uno de los años más negativos que se recuerdan en el sector, con una pérdida de renta agraria del 8,6%”, denuncian.