Buena parte de las 41 fundaciones públicas españolas viven casi de okupas en los inmuebles donde desarrollan su actividad. Algunas poseen edificios en propiedad, otras tienen su uso cedido y el resto vive de alquiler. El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado la gestión que 25 de ellas hacen de su patrimonio inmobiliario y ha descubierto que 12 no inscriben adecuadamente sus derechos de uso, dos no registran en la contabilidad valor alguno para los edificios de los que son propietarias y otras cinco más no han podido acreditar convenientemente la titularidad de sus sedes y oficinas.
La Fundación Lázaro Galdiano es dueña del inmueble de Madrid que alberga el museo de pintura constituido por el legado de este editor navarro. La institución no ha registrado el edificio en su contabilidad argumentando que se trata de un monumento histórico-artístico, declarado Bien de Interés Cultural, que recibió de forma gratuita cuando se constituyó la fundación, en 1948. Tampoco ha registrado el importe de las obras para rehabilitar el museo y que pagó el Ministerio de Cultura. Según el catastro, indica el Tribunal del Cuentas, el inmueble está valorado en 7,1 millones de euros y las obras, en 2,99 millones más.
Otro tanto ocurre con la Fundación del Teatro Real. Éste fue cedido gratuitamente por el Estado en 1997 y también es Bien de Interés Cultural. Así que la fundación no registra su “valor razonable”, que considera imposible de “cuantificar de modo fiable”.
Y lo mismo dice el Tribunal de Cuentas sobre la Fundación Centro Nacional del Vidrio, que tiene su sede en la Real Fábrica de Cristales de San Ildefonso, situada en La Granja de San Ildefonso (Segovia). La fundación no ha registrado en sus estados financieros importe alguno por el inmueble, destaca el informe. Pero, según el catastro, el valor del suelo es de 1,1 millones de euros y el de la construcción, seis millones más. Tampoco ha cuantificado el importe total de las inversiones que han sido necesarias para rehabilitar el inmueble, aunque el documento cifra en 4,9 millones las obras ejecutadas sólo entre 1982 y 2008. El Tribunal de Cuentas pide al Gobierno que dote a la fundación de recursos y de un “proyecto de gestión sostenible” para “poner en valor el museo” y “evitar el deterioro” del edificio.
Sin autorización de derecho de uso
Sobre las 13 fundaciones instaladas en inmuebles cedidos, el informe desvela que 12 de ellas no registraron correctamente sus derechos de uso, de forma que han desaparecido de sus cuentas 197,11 millones de euros, ateniéndose al valor catrastal de los edificios.
Por ejemplo, la Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), ni registra importe alguno por el inmueble que utiliza como sede, procedente del antiguo patrimonio sindical, ni contabiliza la autorización del derecho de uso. Además, el documento de cesión que firmó con el Ministerio de Trabajo en 1996 no cumple los requisitos exigidos por la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
La Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social, (FCSAI), que depende del Ministerio de Sanidad, la Fundación Instituto de Cultura Gitana (Ministerio de Educación), y la Fundación Pluralismo y Convivencia (Ministerio de Justicia) obviaron también incluir el valor de los derechos de uso de sus sedes en sus libros de cuentas.
Otros casos de deficiencias van más allá de los meros registros contables. La Fundación Biodiversidad carece de un documento que la autorice a utilizar un inmueble cedido por el Ministerio de Agricultura en Sevilla. “No se han podido definir las condiciones de la cesión, entre ellas el plazo, el régimen de uso del inmueble y la atribución de gastos”, lamenta el Tribunal de Cuentas.
Tampoco está documentada adecuadamente la autorización para que la Fundación Escuela de Organización Industrial utilice los edificios ocupados por los colegios mayores Nuestra Señora de Guadalupe y Nuestra Señora de África, ambos situados en la Ciudad Universitaria de Madrid. La titularidad de ambos corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores.
Ni escritura pública, ni nota en el Registro de la Propiedad
Con la titularidad de los edificios que la albergan tiene problemas la Fundación SEPI, propietaria de una finca y varios edificios que en el catastro figuran sin embargo a nombre del Ayuntamiento de Torrelodones. El llamado Campus de los Peñascales lo destina la institución a actividades formativas y está valorado en 3,8 millones de euros. Por el contrario, no registra valor alguno para el Colegio Mayor Fundación SEPI, alegando que no es posible calcular su “valor razonable”.
El informe del Tribunal de Cuentas destaca igualmente la situación de la Fundación Laboral de Minusválidos Santa Bárbara, que adquirió un terreno al Ayuntamiento de Oviedo en 2010 para construir s nueva sede. De la operación no hay escritura pública. Como único documento justificativo, explica el órgano fiscalizador, la fundación aportó una factura de 154.000 euros emitida por el consistorio ovetense, que equivale al 25% del importe de la venta. En 2011, el ayuntamiento emitió una segunda factura, de 462.000 euros, que no se llegó a pagar: la fundación pidió su aplazamiento y la entidad municipal se lo ha concedido año tras año hasta ahora.
Por lo que se refiere a las fundaciones Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y de Investigaciones Oncológicas Carlos III, ni una ni otra pudieron aportar una nota del Registro de la Propiedad que les acredite como titular de los edificios donde están asentadas. En idéntica situación se encuentra también la Fundación Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo (CETAL), que construyó su sede sobre unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento de esa capital gallega, pero que no inscribió en el Registro de la Propiedad como es preceptivo.
Fianzas e impuestos que no hay que pagar
El Tribunal de Cuentas también ha fiscalizado los gastos y la eficacia en la gestión de los inmuebles. Y los resultados están lejos de ser óptimos. Así, tanto la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales, como la Fundación para la Formación en el Empleo, la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) y la Fundación Biodiversidad, pagaron fianzas a sus respectivos arrendadores pese a que la Ley de Arrendamientos Urbanos exime a las administraciones públicas de hacerlo. Es más, la de Prevención de Riesgos Laborales eliminó en su último contrato, de agosto de 2016, esta obligación, pero en su lugar constituyó un aval bancario para su casero –102.452 euros–, una decisión que critica el Tribunal de Cuentas. En el caso de la Fundación Biodiversidad, pagó una fianza de 40.865 euros a su arrendador, pese a que es Segipsa, una empresa pública.
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Además, censura el órgano fiscalizador que las dos fundaciones del Instituto Carlos III pagaran el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por sus sedes en el Campus de Chamartín pese a que la ley les permite disfrutar de una bonificación del 95% por tratarse de organismos públicos de investigación. La factura ascendió a 97.065 euros en 2014 y a 102.343 euros en 2015 para el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, y de 98.931 euros (2014) y 110.562 euros (2015) para el de Investigaciones Oncológicas. El Tribunal de Cuentas reprocha a ambas fundaciones la “debilidad de control interno en la gestión eficiente de fondos públicos” que demuestran esos dispendios.
Otro ejemplo de falta de control se refiere a la FIIAPP y a la FCSAI: ni pagan los gastos derivados de la utilización de los inmuebles –agua, luz, calefacción, limpieza– a quienes se los cedieron –Ministerio de Exteriores e Instituto Carlos III–, ni les cobran por los servicios que les prestan. O, de nuevo, a la Fundación Biodiversidad, cuya gestión de la finca Raixa, en Mallorca, considera ineficiente por las elevadas inversiones a ella destinadas y la falta de definición de los usos que se le pretende dar. Lo mismo ocurre con el Centro de Innovación en Biodiversidad y Emprendimiento, en Madrid, que carece de actividades concretas, pero cuyo inmueble costó 1,2 millones de euros y su reforma, 1,65 millones más. Y ahora se estudia ceder su explotación.
Las 25 fundaciones públicas fiscalizadas gastaron en sus inmuebles un total de 20,26 millones de euros, de los que 4,37 millones corresponden al pago de alquileres. De entre todas ellas, la que más gasta en sus edificios es la Fundación Thyssen Bornemisza, 3,8 millones de euros en 2015, seguida por las dos fundaciones del Instituto Carlos III. Los inmuebles de mayor valor son el Teatro Real, 148,7 millones de euros, y los de la Residencia de Estudiantes, 10,5 millones, y el Museo Lázaro Galdiano, otros 10 millones de euros, según los cálculos de la Central de Información de Bienes Inventariables del Estado. Como queda dicho, ninguno de estos tres edificios históricos figura registrado en las cuentas de sus fundaciones.
Buena parte de las 41 fundaciones públicas españolas viven casi de okupas en los inmuebles donde desarrollan su actividad. Algunas poseen edificios en propiedad, otras tienen su uso cedido y el resto vive de alquiler. El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado la gestión que 25 de ellas hacen de su patrimonio inmobiliario y ha descubierto que 12 no inscriben adecuadamente sus derechos de uso, dos no registran en la contabilidad valor alguno para los edificios de los que son propietarias y otras cinco más no han podido acreditar convenientemente la titularidad de sus sedes y oficinas.