El primero de los testimonios señalaba al ahora exdiputado sin ponerle nombre. No hizo falta: fueron incontables las miradas que lo reconocieron en el relato de aquella voz anónima. Tanto que consiguieron su dimisión. A partir de entonces, Íñigo Errejón fue nombrado por más mujeres como agresor machista. Hasta el momento, dos han canalizado la violencia sufrida en sendas denuncias. Otras tantas, sin embargo, han optado por compartir sus vivencias, expresarlas y ponerles nombre, sin necesidad de seguir los cauces formales de denuncia.
Muchas de las mujeres que han alzado ahora la voz llevaban años en silencio, siendo además testigos de cómo el hombre que presuntamente habría ejercido violencia contra ellas era aupado y arropado por la élite política. Una vez expuesta la violencia y evidenciada la revictimización sostenida en el tiempo, la situación exige repensar cuál es la respuesta que merecen las víctimas y cuáles las herramientas disponibles para reparar su dolor.
La denuncia formal
La primera respuesta, la más obvia, pasa necesariamente por la vía judicial. Quienes han decidido interponer una denuncia y transitar todos los niveles que conlleva un procedimiento judicial, lo hacen con la esperanza de que el dictamen de los jueces imponga un castigo proporcional y justo al acusado. Pero lo cierto es que no siempre la búsqueda de ayuda formal constituye una fórmula satisfactoria para las víctimas. Según la Macroencuesta de violencia contra la mujer, publicada por el Ministerio de Igualdad en 2019, las mujeres que acudieron a las autoridades por haber sufrido violencia en la pareja, no siempre obtuvieron la respuesta deseada: el 25,1% está bastante o muy insatisfecha. El grado de insatisfacción se eleva al 33,8% cuando se trata de violencia sexual.
La tasa de infradenuncia, además, convierte a la vía judicial en una alternativa poco frecuentada por las víctimas. En el caso de la violencia sexual fuera de la pareja, sólo el 8% da el paso de denunciar, según la citada Macroencuesta.
Laura Macaya, educadora social y activista en la Asociación Genera, se basa en su experiencia atendiendo a víctimas para asegurar que aquellas en situaciones más vulnerables son reacias a la denuncia formal. "La mayoría de las atenciones están centradas en demandas relativas a la vivienda, la situación administrativa, la precariedad económica o el estigma y la criminalización por ser trabajadoras sexuales", sostiene, "todos ellos factores de riesgo y vulnerabilidad que las exponen a las violencias machistas e impiden su recuperación y su reparación". En ese contexto, el sistema penal "no está pensado para atender estas necesidades de las mujeres" y ni siquiera es capaz de "reparar a la víctima".
María del Mar Daza, doctora en Derecho y autora del libro Escuchar a las Víctimas (Tirant lo Blanch), coincide en que el sentido de la vía judicial "no es tanto reparatorio como castigador". "Las víctimas tienen varias necesidades, entre ellas la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición", completa la jurista, requisitos que no siempre se ven cumplidos a través de la vía penal. Esta realidad impone una necesidad: la búsqueda de otras formas de reparar el dolor de las víctimas más allá de los juzgados.
Una tarea extraordinariamente compleja. Según escribe la abogada Laia Serra en este artículo, la "capacidad analítica y de complejización del fenómeno no ha logrado encontrar una alternativa a la 'respuesta oficial' a las violencias que sea estructurada y viable para todas las mujeres". Es decir, fuera de los tribunales, las herramientas para sanar las heridas de las víctimas son escasas.
El antipunitivismo, advierte la jurista, enfocado en la reparación y la transformación, "solo puede desplegar su potencial si antes se ha realizado un trabajo de determinación de la comunidad implicada, de análisis de los factores estructurales y de las dinámicas de poder que han permitido que esa violencia suceda, de reconocimiento del daño causado y de reparación por parte del responsable y, si este falla, de la implicación de toda la comunidad en la reparación, y en el establecimiento de medidas de transformación que garanticen la no repetición de esa violencia". Un escenario que, a su juicio, "sigue estando muy lejos de la realidad".
La justicia restaurativa
En el año 2022, la magistrada Carmen Guil protagonizaba una ponencia sobre Abordajes restaurativos en contextos de violencia de género. La respuesta penal, afirmaba la jueza entonces, "resulta insuficiente" para luchar contra la violencia machista y "ayudar a las víctimas". La justicia restaurativa, añadía, es una "herramienta consolidada e implementada en la mayor parte de países y viene avalada por organismos internacionales", siendo un modelo que se enfoca en "la reparación del daño y los intereses de la víctima, incidiendo en la causa del delito y fomentando el desistimiento futuro de nuevos comportamientos disruptivos y violentos".
Abunda en esta idea –aunque desde una perspectiva autónoma y emancipada de las instituciones– la investigadora feminista Araceli Pulpillo, a través de su artículo ¿Y qué hacemos con los violadores?: "La justicia restaurativa pone el foco en las necesidades de las personas que han sufrido un daño y también en las que lo han ejercido, rehusando del castigo y del cumplimiento de principios legales abstractos. Esta justicia intenta restaurar el momento anterior al daño causado", escribe.
La justicia restaurativa pasa así por el "reconocimiento por parte del agresor del delito y del daño causado", abunda Daza. El arrepentimiento explícito tiene en parte un componente sanador para las víctimas, "en ocasiones mucho más que una sanción penal", sobre todo teniendo en cuenta que el proceso penal hace que las víctimas "carguen con dosis tremebundas de victimización secundaria".
Otras fórmulas
Las feministas apuestan ampliar el foco, ir un paso más allá y explorar otros bálsamos fuera del poder judicial. "Existen otras vías históricas que han utilizado el movimiento político feminista y los grupos organizados de supervivientes de la violencia machista", expone Bárbara Tardón, doctora en Estudios Interdisciplinares de Género. Las víctimas de violencia sexual, insiste en conversación con este diario, deben saber que cuentan con "espacios seguros donde expresar sus vivencias y procurar encontrar fórmulas para su reparación", como los centros especializados y las organizaciones feministas.
Macaya cita "servicios de acompañamiento a la reparación integral de la violencia o medidas de justicia social para que las mujeres se vean menos expuestas a las violencias, importantísimos para la reparación, abordando además sus causas sistémicas". Y añade otro elemento: los servicios de atención a hombres que han agredido, también cruciales.
Pero la reparación también está en el simple hecho de tejer redes: "Ellas tienen sus propios espacios de seguridad, entre sus amigas y compañeras", valora Tardón. Según la Macroencuesta, el 39,9% de las mujeres que sufren violencia sexual fuera de la pareja cuentan lo sucedido a una amiga. El 26,6% de ellas, a nadie.
La ley del sólo sí es sí incluye un apartado específico dedicado al derecho a la reparación, no sólo en su vertiente judicial y económica, sino también simbólica. En su artículo 57, plantea un "enfoque reparador integral transformador", a través del reconocimiento de la violencia por parte de los poderes públicos, así como declaraciones institucionales que "restablezcan la dignidad y reputación de las víctimas". Las administraciones, además, promoverán "el compromiso colectivo contra las violencias sexuales y el respeto por las víctimas", también acciones de rechazo.
Lo pone en valor María del Mar Daza: "La ley contempla, por primera vez en sentido completo, el reconocimiento y el homenaje a las víctimas, sancionar públicamente al margen de que haya o no sanción penal". En ese sentido, sentencia, la "identificación del victimario es una forma de reconocimiento".
¿Linchamiento?
Las primeras voces que nombraron a Íñigo Errejón abrieron la puerta a que otras muchas lo señalaran como autor de distintas formas de conductas o violencias machistas. Sin embargo, no han sido pocas las activistas que desde el feminismo han abierto una reflexión en torno a la utilidad reparadora de lo que han dado en llamar "linchamiento" público. "Con el linchamiento de estos días estamos celebrando la transformación del feminismo de un movimiento colectivo en una catarsis de denuncias individuales y anónimas en redes sociales", critican distintas mujeres del Colectivo Cantoneras en este artículo.
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Macaya comulga con esta idea. En primer lugar, impugna las "exhibiciones victimizantes y emotivas del dolor, por la carga victimizante, por la reproducción de los marcos punitivos de la política emotiva" y porque a su entender no sirven para "abordar las causas de los problemas".
Pero además, coincide en que se ha cultivado esta semana un "linchamiento" contra el exdirigente político: "Hay que preguntarse si, en cualquier caso, la forma que toman estas denuncias son admisibles, justas o aceptables". Sin cuestionar "la legitimidad de la necesidad de reconocimiento o de demanda de justicia", la activista cree que denuncias "sin proceso, sin una mínima comprobación y sin activar mecanismos de acompañamiento para las víctimas y de responsabilización para quien agrede, son profundamente problemáticas".
Para Bárbara Tardón, nada más lejos de la realidad. "Abrir un debate social sobre la violencia sistémica masculina que se ejerce sobre las mujeres no es linchar", si no que implica "poner sobre la mesa una vulneración de derechos normalizada y naturalizada en las vidas de todas las mujeres". Abrir ese debate, sostiene, es también una forma de reparación.
El primero de los testimonios señalaba al ahora exdiputado sin ponerle nombre. No hizo falta: fueron incontables las miradas que lo reconocieron en el relato de aquella voz anónima. Tanto que consiguieron su dimisión. A partir de entonces, Íñigo Errejón fue nombrado por más mujeres como agresor machista. Hasta el momento, dos han canalizado la violencia sufrida en sendas denuncias. Otras tantas, sin embargo, han optado por compartir sus vivencias, expresarlas y ponerles nombre, sin necesidad de seguir los cauces formales de denuncia.