Andrea Fernández: “La prostitución es una forma de corrupción”

Andrea Fernández (Valencia de Don Juan, León, 1992) atraviesa, algo apurada, las puertas de la sede de su partido en la madrileña calle Ferraz. Día de reuniones. El 8M está a la vuelta de la esquina y en el centro sobrevuela una cuestión compleja, sensible y polémica: la reforma de la ley del sólo sí es sí. La diputada y secretaria de Igualdad del PSOE afronta el reto de alcanzar acuerdos en sede parlamentaria. Su apuesta: la discreción, la cautela y el rigor.

No parte de cero. Ya tiene tablas en lo que a negociaciones complejas se refiere: cogió el testigo de Carmen Calvo para desencallar la también polémica ley trans. Parecía imposible, pero a pesar del ruido, los propósitos marcados se cumplieron. Si algo tiene claro Fernández es que sea cual sea el resultado de la reforma que tiene ahora entre manos, hay dos cuestiones que el legislador no puede perder de vista: primero, las víctimas; segundo, el mandato de un movimiento feminista que lleva años reclamando en las calles otra visión sobre la violencia sexual.

Este martes el Congreso da el primer paso para la toma en consideración de la reforma del solo sí es sí. ¿Están estancadas las negociaciones?

Lo estamos intentando llevar con mucha discreción y con la seriedad que requiere el asunto. Es una reforma del Código Penal bastante sensible, estamos hablando sobre todo de víctimas, que es la principal preocupación para el Partido Socialista: esas víctimas que se han visto afectadas por una reforma que en ningún caso responde a la voluntad del legislador, que fue proteger y reforzar los derechos de las víctimas de violencia sexual. Vamos a intentar negociar con discreción y con seriedad para tratar de llegar a la toma en consideración sin estridencias y con acuerdo.

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha dicho que el PSOE "no se quiere sentar a hablar". ¿Responde esto a la realidad?

El Código Penal es una de las leyes más importantes de este país y no se trata de que no nos queramos sentar a negociar, sino de que estamos trabajando propuestas con mucha rigurosidad. Eso requiere tiempo, conversación y diálogo, también dentro de nuestra propia organización y dentro del Gobierno.

¿Entonces están valorando más propuestas, además de la que registró el PSOE en solitario?

Para nosotros la propuesta es la que presenta el Partido Socialista, que es la que defenderemos el martes en el pleno del Congreso. A partir de ahí evidentemente se abre un período de enmiendas y en el seno de ese proceso trabajaremos y abordaremos cualquier posible modificación.

Una de las cuestiones que más se han criticado de su propuesta, sobre todo por parte del Ministerio de Igualdad, es que el hecho de priorizar la violencia y la intimidación puede ir en contra de ese sistema basado en el consentimiento que se pretende construir a partir de la ley.

No comparto esa reflexión. La parte más importante de la ley, la que supone un verdadero cambio de paradigma desde la perspectiva penal, es el artículo 178. Ese artículo ofrece una definición positiva de consentimiento que antes no teníamos en el Código Penal. Es importante recordar que el consentimiento vertebra los delitos contra la libertad sexual desde hace años, sin embargo no contábamos con una definición en positivo y creemos que eso es bueno. Además, el 178.2 es especialmente protector con respecto a aquellas agresiones sexuales que se produzcan con violencia, intimidación o abuso de superioridad. Ese refuerzo para las víctimas y para el proceso penal son el verdadero corazón de la ley y es lo que cambia el paradigma.

¿Pero aunque el artículo 178 quede intacto, recuperar la violencia y la intimidación no podría desplazar a un segundo plano a la figura del consentimiento?

En ningún caso se recupera la forma que tenía el Código Penal anterior, en ningún caso se recupera la diferenciación entre abuso y agresión. También es importante entender que el hecho de que todas las conductas se mantengan como agresión sexual es una mejora. Eliminamos ese concepto de abuso, que sí puede ser casi paternalista. Al mantener todo en el concepto de agresión sexual, estamos protegiendo el sentido de la ley y el espíritu de la norma. Cómo dividamos esas horquillas o esos subtipos, creo que no tiene demasiada relevancia.

La propuesta del PSOE en ningún caso recupera la forma que tenía el Código Penal anterior ni la diferenciación entre abuso y agresión

¿Cómo se expresa la violencia en los delitos contra la libertad sexual? ¿Se demuestra con una herida, como ejemplificó la ministra Pilar Llop?

Esto es una pregunta muy compleja y creo que depende de cada caso y de la valoración que se haga de cada situación. No podemos dar brochazos gordos con una cuestión tan compleja, sería importante analizar cada caso y ver cuáles son los medios comisivos del delito en cada tipo de agresión.

En el caso de La Manada, por poner un caso concreto, un primer tribunal no apreció violencia ni intimidación, a pesar de existir un informe con las secuelas para la víctima, pero luego se corrigió esa valoración. ¿Recuperar la violencia e intimidación no puede dar pie a confusión y a un calvario probatorio, tal como afirma el Ministerio de Igualdad?

Yo creo que una cuestión es lo que tiene que ver con la parte sustantiva del delito, ahí hablaríamos de Código Penal; y otra cosa es lo que tiene que ver con la parte más procesal del delito, que estaríamos hablando de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es importante no mezclar conceptos.

Francisco Javier Álvarez, asesor penal del PSOE en lo que respecta a la ley del sí es sí, formuló la siguiente pregunta, sobre el consentimiento: "Si estamos con la pareja que está dormida, ¿primero la tenemos que despertar?". ¿Qué le responde?

Desconozco el contexto de esas declaraciones y en cualquier caso no comparto, evidentemente, ese tipo de afirmaciones.

¿Cómo cree que pueden estar afectando las rebajas de penas y el debate en torno a la ley a las víctimas?

Precisamente en quien tenemos que pensar en último término es en esas víctimas que se están viendo sometidas a formar parte del foco político, mediático y de la conversación pública. Existe una responsabilidad que es en primer lugar política y en segundo lugar colectiva a la hora de abordar esta cuestión. Tenemos que priorizar a las víctimas por encima de todo lo demás.

¿Cree que puede tener un efecto disuasorio a la hora de denunciar, teniendo en cuenta que la violencia sexual es un delito con una tasa de denuncia tan baja?

Quiero pensar que no. Con las manifestaciones feministas después del caso de La Manada entendimos que el foco de la acción política debía estar puesto en la violencia sexual y que era necesario un debate público abierto sobre qué entendíamos por violencia sexual, sobre qué espacios de silencio se producían en torno a la violencia sexual y es importante que cuidemos ese paradigma. Todo ese estado de cosas ayuda a que las mujeres quieran denunciar, a que las mujeres entiendan qué es la violencia sexual y también nos enseña a tener relaciones sexuales más sanas y más igualitarias. Debemos cuidar ese paradigma y sostener estos debates con mucha seriedad y rigurosidad.

A raíz de la reforma de la ley se ha recuperado un debate sobre el punitivismo. ¿A mayores penas, menos violencia sexual?

En ningún caso creo que eso sea así. El Código Penal es una herramienta muy importante, pero es el último recurso cuando hablamos de violencia sexual, tenemos que acompañar eso de otras muchísimas cosas. Y ahí está lo que tiene que ver con política educativa, acompañamiento y asistencia a las víctimas… Precisamente ese es el espíritu de la Ley de libertad sexual, esos son los elementos vertebradores de la ley. Por eso entendemos que es una buena ley más allá de lo que haya sucedido, desgraciadamente, con la reforma del Código Penal.

El Código Penal es una herramienta muy importante, pero es el último recurso cuando hablamos de violencia sexual

Solo el 4% de delincuentes sexuales que se someten a programas de tratamiento en prisión reincide. ¿Es necesario trabajar en mejorar y generalizar estos programas?

Estamos en ese camino. Retomando lo que decía acerca del cambio de paradigma que supusieron las manifestaciones feministas, esa gran ola de cambio está impregnando la política pública, las instituciones, y eso es bueno porque necesitamos un gran cambio. No solo modificaciones concretas ni leyes concretas, sino un cambio que pasa también por un cambio social.

Otro gran cambio político y social sería la abolición de la prostitución. Su partido se marcó ese ambicioso objetivo como compromiso de legislatura. ¿Es realista?

Sí. El propio portavoz del Grupo Parlamentario Socialista el pasado lunes habló de nuestra proposición de proxenetismo, que actualmente se encuentra en tramitación y que vamos a seguir trabajando.

¿Cómo afecta a ese gran propósito el caso Mediador y que existan exdiputados socialistas fotografiados en fiestas con prostitutas?

El Partido Socialista ha sido muy serio y muy contundente con este asunto, ha tomado decisiones radicales en apenas horas y creo que eso define nuestro compromiso con respecto a todo lo que supone cualquier forma de corrupción política y humana. Podemos decir con mucha conciencia que hemos actuado correctamente.

Si se repite una fotografía similar en lo que respecta al consumo de prostitución, aun sin existir una trama de corrupción de por medio, ¿sería igual de contundente el PSOE?

El Partido Socialista siempre es contundente contra cualquier forma de corrupción. 

Entiendo que está planteando el consumo de prostitución como una forma de corrupción.

Por supuesto que lo es, claro que sí.

Hace un mes, el medio La Directa destapó el caso de un agente de policía infiltrado en movimientos sociales de Barcelona que mantuvo relaciones sexoafectivas con varias activistas de izquierda. Igualdad lo calificó de violencia contra las mujeres, ¿está de acuerdo?

Creo que lo más importante es que se tenga en cuenta la versión y las palabras de las mujeres implicadas, más allá de lo que podamos pensar políticamente del caso.

¿Está en peligro el derecho al aborto? ¿Qué nos dice la experiencia en Castilla y León?

La experiencia en Castilla y León nos habla de que los derechos reproductivos casi nunca están garantizados. Ha hecho falta la presencia de la extrema derecha para que el Partido Popular haya visto reforzadas políticas que ellos ya llevaban a cabo. No podemos olvidar que, pese a que en este caso la polémica la ha protagonizado Vox, en Castilla y León el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo lleva obstruido desde hace más de diez años, puesto que apenas se licitan pliegos para que las clínicas puedan concursar y ofrecer este servicio, en la mayor parte de los hospitales públicos los ginecólogos se consideran objetores, ese registro de objetores no se actualiza, con lo cual es muy difícil conocer cuál es la cifra real de los profesionales que no quieren llevar a cabo estas estas intervenciones, y un largo etcétera. Es decir, el Partido Popular en Castilla y León a través de la Junta tiene un sistema orquestado y muy bien armado para dificultar el ejercicio de un derecho que está recogido en una ley orgánica.

Los derechos reproductivos de las mujeres casi nunca están garantizados

¿Existe una ofensiva reaccionaria contra este derecho particular de las mujeres?

Sí, claro. Hay una una estrategia muy bien establecida a nivel internacional precisamente porque las libertades y la emancipación de las mujeres suponen una afrenta para sistemas tradicionales que son los defendidos por estas fuerzas políticas. Así sucedió en Estados Unidos.

Los delitos de odio por orientación sexual aumentaron un 67% durante 2021. ¿Cree que hay un discurso de odio que alienta este tipo de agresiones?

Existe una reacción a un movimiento feminista muy fuerte que ha estado presente en las calles de una manera muy de masas. Sí que percibo cierta cierta reacción a todos esos avances y a ese empuje. No obstante, respecto a las cifras creo que hay que ser cuidadoso, porque también podríamos hacer otra lectura: que se esté denunciando mucho más una violencia que antes era invisible. Ambas tesis son compatibles. 

¿Existe violencia contra las mujeres en política?

Muchísima, por desgracia. Es uno de los déficits democráticos que seguimos arrastrando y es que ser mujer en política es mucho más difícil que ser hombre.

¿Lo dice por propia experiencia?

Sí

¿Algún ejemplo?

Lamentablemente he sido una diputada conocida por la violencia que he sufrido en redes sociales por expresar mis opiniones, generalmente vinculadas al feminismo. He visto cómo a otras compañeras mías se las ha insultado mientras intervenían en tribuna y un largo etcétera. Ser mujer en política en 2023 sigue siendo complicado.

¿Va a salir a la calle este 8M?

Claro, acudiré a la manifestación con la pancarta de mi partido.

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