La proclama sobrevoló ya las aguas de la anterior legislatura, pero no terminó de aterrizar como propuesta sólida. Ahora, el actual Gobierno la recupera: objetivo, abolir la prostitución. Así lo expresó el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en reiteradas ocasiones y así lo proyectó también la ministra de Igualdad, Ana Redondo, desde su entrada en la cartera: "El Partido Socialista está firmemente comprometido con la abolición de la prostitución".
Ahora, comienzan a fraguarse los primeros pasos. Son dos las estrategias que hay sobre la mesa: la aprobación de una ley contra la trata y la confección de una proposición de ley contra todas las formas de proxenetismo. A través de ambos pilares, se disocia el fenómeno de la trata y la realidad de la prostitución y se proponen dos vías independientes, pero complementarias, para abordarlos. Eso sí, siempre bajo un paraguas decididamente abolicionista. Estas son las claves.
Ley contra la trata: más allá del ámbito sexual
Era uno de los acuerdos programáticos del Gobierno entre PSOE y Sumar. Ha sido, también, una de las principales proclamas del Ministerio de Igualdad. Este viernes, la Ley de trata aterrizaba en el Consejo de Ministras extraordinario con motivo del 8M. El horizonte que marca el anteproyecto normativo es amplio y ahí radica el primer apunte importante para entender la norma en toda su complejidad: no sólo abordará la trata con fines de explotación sexual, sino que también pondrá el foco en otros frentes como el laboral.
El texto no es fruto del trabajo del actual equipo de gobierno, sino que recoge el testigo de la anterior legislatura y recupera el anteproyecto que decayó a consecuencia de la convocatoria electoral. El texto, propuesto por el Ministerio de Igualdad –anteriormente, quien llevó las riendas fue el Ministerio de Justicia– se enfrenta ahora a un proceso de audiencia pública para la recogida de aportaciones y recabará los informes preceptivos.
Entre los principales elementos que aspira a incorporar la norma, quizá el más valioso para las víctimas sea la posibilidad de acceder a ayudas sin la necesidad de interponer una denuncia previa. En la línea a lo ya planteado durante la legislatura anterior, la ley permitirá que las mujeres víctimas de trata accedan a una autorización provisional con permiso de residencia y trabajo mientras se certifica su condición definitiva de víctima. A partir de la ley, se creará el Mecanismo Nacional de Derivación (MND), encargado de la derivación de las víctimas de trata. "Una vez que se libera a esas víctimas, a esas supervivientes, lo que se procede es a una acreditación provisional, que va a permitir que se tenga derecho al permiso de residencia y de trabajo", recalcó el viernes Ana Redondo.
Es ese el principal enfoque de la ley: poner a las víctimas en el centro. Se trata de desplegar un abanico de medidas para su protección, acompañamiento y reinserción, entre las que se encuentra la asistencia jurídica gratuita, el acceso al ingreso mínimo vital o una indemnización, independientemente de la existencia de un proceso judicial. Ayudas previstas, además, para sus hijas, hijos o personas dependientes a su cargo. En este punto surge una cuestión clave: ¿prevé la norma modificar la Ley de extranjería? Lo cierto es que, a falta de conocer la letra pequeña, la ministra ha garantizado que las víctimas no serán expulsadas del país y podrán contar con permisos provisionales de residencia y trabajo.
"La respuesta de los poderes públicos va más allá de la respuesta penal y aborda también la prevención y la sensibilización de la sociedad, la detección temprana y la asistencia y protección a las víctimas", ha indicado el Gobierno.
Ley abolicionista: perseguir al proxeneta y multar al putero
Pero la ley contra la trata es una norma amplia, compleja e integral que no aborda de manera específica el fenómeno de la prostitución. Por eso, el Gobierno ha anunciado también –en palabras de la ministra y más recientemente en las del propio presidente– la recuperación de una iniciativa clave: la proposición de ley contra todas las formas de proxenetismo.
Esta proposición –que registrará el Grupo Socialista en un plazo que aún está por determinar, según señalan las fuentes consultadas– nació durante la anterior legislatura a partir de un conflicto. Inicialmente, la ley del sólo sí es sí incluía dos artículos relativos a la prostitución. Uno, recuperaba la figura de la tercería locativa, es decir, la persecución de los dueños de los locales donde se ejerce la prostitución. En segundo lugar, se buscaba castigar todas las formas de proxenetismo, también aquel que no está atravesado por un acto coercitivo.
El debate, estaba servido. De un lado, los socialistas eran partidarios de endurecer la redacción relativa a la prostitución; del otro, algunas formaciones defendían que el sólo sí es sí no era el espacio adecuado para este asunto. Ambos preceptos quedaron finalmente fuera. Pero el PSOE no se dio por vencido y elaboró una propuesta con sello propio, centrada específicamente en la persecución del proxenetismo: "Abolicionismo, aunque nos quedemos solas", clamaron entonces las diputadas socialistas.
Trata, explotación sexual y prostitución: algunas respuestas sobre un debate enquistado
Una vez más, la iniciativa quedó truncada debido a la convocatoria electoral. Ahora, el grupo parlamentario está decidido a recuperarla, aunque se desconoce si en los mismos términos. A falta de concretar los detalles, la propuesta tejida durante la anterior legislatura deja algunas pistas de cuál puede ser el rumbo.
Las claves son tres: ampliar el concepto de proxenetismo, recuperar la tercería locativa y castigar con multas a los puteros. La propuesta de los socialistas recogía la modificación del artículo 187 del Código Penal para que "castigue de forma general el proxenetismo, sin exigir relación de explotación". Actualmente, el Código Penal sitúa el punto de mira sobre el proxenetismo coactivo, es decir, aquel que existe cuando media el uso de violencia, intimidación o engaño. Pero también es posible perseguir a quien se lucre con la prostitución de otra persona, aunque sea con el consentimiento de la misma. ¿Cómo? Cuando existe explotación. "Se entenderá que hay explotación cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica, o que se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas", dice la actual redacción. El PSOE incluía un matiz clave: eliminaba la condición de explotación, por lo que sería posible perseguir a todo el que saque algún rédito con la prostitución ajena, sin más requisitos.
La iniciativa también recuperaba la tercería locativa que penaliza a aquellos que, con ánimo de lucro y de forma habitual, cedan bienes inmuebles para favorecer el ejercicio de la prostitución. Es decir, a los dueños de los clubes, locales y pisos donde las mujeres ejercen esta práctica. Y, finalmente, blindaba la persecución de los puteros como camino inesquivable hacia la abolición de la prostitución. Un asunto, por cierto, candente en el seno mismo del Partido Socialista. ¿Saldrán hoy las cuentas, en base a la actual aritmética parlamentaria? Ana Redondo, en entrevista con infoLibre, parece no dudar: "Estoy convencida de que la tramitación nos va a permitir debatir, enmendar y llegar a acuerdos. Tengo una buena percepción. Los grupos quieren participar en ese debate y es posible avanzar en un acuerdo que nos permita sacar adelante esa ley".
La proclama sobrevoló ya las aguas de la anterior legislatura, pero no terminó de aterrizar como propuesta sólida. Ahora, el actual Gobierno la recupera: objetivo, abolir la prostitución. Así lo expresó el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en reiteradas ocasiones y así lo proyectó también la ministra de Igualdad, Ana Redondo, desde su entrada en la cartera: "El Partido Socialista está firmemente comprometido con la abolición de la prostitución".