El pasado domingo, agentes de la Policía Nacional encontraron el cadáver de una niña de seis años en el domicilio de su madre, en Gijón. Olivia fue asesinada presuntamente por su progenitora, después de que el padre, condenado por malos tratos hace dos años, obtuviera la custodia. El sangrante caso ha servido, más que para lanzar un grito unánime de condena, para activar toda la maquinaria de la derecha contra las políticas de igualdad y contra el ministerio de Irene Montero.
"Condenamos ese asesinato y quiero manifestar el respeto ante el dolor de sus familiares y seres queridos. Creo que hay pocas cosas más crueles que utilizar políticamente el dolor de las víctimas", señaló la titular de la cartera. Pero lo hizo dos días después de que se diera a conocer el crimen. La derecha política y mediática la acusó de doble vara de medir y puso en entredicho la efectividad de las políticas públicas que ponen el foco en las desigualdades de género. Una vez más, las voces negacionistas de la violencia machista han puesto sobre la mesa una supuesta discriminación contra los hombres e incluso han llegado a exponer datos que ilustran una hipotético predominio de mujeres que arrebatan la vida a sus hijos. Pero los datos, sin un análisis del contexto y sin tener en cuenta determinados elementos clave, dibujan una panorámica parcial y sesgada.
En junio del presente año, el Ministerio de Justicia ampliaba una respuesta a una pregunta formulada por la senadora conservadora Cristina Ayala. La iniciativa planteaba la siguiente cuestión: "¿Cuál es el número de progenitores que han asesinado a sus hijos en los últimos 15 años? (Definir número de asesinatos y especificar cuántos han sido cometidos por mujeres y cuántos han sido cometidos por varones) ¿Dónde se publican estos datos?".
En su respuesta, el departamento de Pilar Llop recopilaba datos sobre asesinatos de hijos e hijas a manos de sus progenitores, clasificados por género. La información, señala el documento, proviene del Registro Central de Medidas de Protección Integral contra la Violencia Doméstica y de Género y recopila cifras de condenados por sentencia firme por asesinato. Desde 2007, un total de 26 asesinatos de hijos e hijas fueron cometidos por madres y 24 por padres.
¿Hay realmente más madres que asesinan a sus hijos? Un vistazo al número de menores asesinados como consecuencia de la violencia machista evidencia una enorme disparidad entre las cifras. Solo desde 2013, momento en que se inició el recuento por parte de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el número de menores asesinados a manos de hombres que ejercían violencia machista contra sus madres es de 47. Y eso teniendo en cuenta únicamente a las víctimas mortales que son menores de edad. Es importante recalcar que la cifra corresponde al número de víctimas mortales, pero el recuento no refleja si un mismo maltratador cometió más de un asesinato.
¿De dónde vienen esas diferencias? Ocurre, por un lado, que no todos los maltratadores son los padres biológicos de los niños que acaban siendo sus víctimas. Por ejemplo, de los siete menores asesinados como consecuencia de la violencia machista en 2015, cinco eran hijos de los agresores y dos mantenían "otra relación", como por ejemplo ser la pareja sentimental de sus madres. Según la estadística oficial, otro de los menores asesinados en 2017 no era el hijo biológico de su asesino, y lo mismo ocurrió con uno de los casos registrados en 2014. Estos cuatro se quedarían fuera del registro aportado por el Ministerio de Justicia.
Pero existe otro elemento determinante. En 28 de los 47 casos registrados, el maltratador se quitó la vida. Y por tanto no pudo ser juzgado, así que son casos que una vez más se esfuman de las estadísticas concedidas por el Ministerio de Justicia, que se basan en sentencias condenatorias. No son 24 asesinatos de hijos a manos de sus padres. La violencia machista, ejercida por hombres, se ha cobrado la vida de 47 niños y niñas cuyas madres sufrían malos tratos. Desde 2013 y teniendo en cuenta solo a los menores.
No existe un registro específico de mujeres que hayan acabado con las vidas de sus hijos o hijas, porque este tipo de crímenes no forman parte de un tipo de violencia global y estructural como es la violencia machista.
La violencia vicaria como forma de violencia machista
La violencia vicaria, contemplada en la Ley contra la violencia de género de 2004, es "una forma de violencia machista" que tiene como principales víctimas a los hijos e hijas de las mujeres víctimas, pero también a los menores sujetos a su tutela, guarda y custodia. Se trata de "víctimas directas de este tipo de violencia", formalmente desde el año 2015, recuerda la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en su web oficial. En ocasiones, añade, los menores "son utilizados por el maltratador para hacer daño a la madre".
Son varias las comunidades que han incorporado la violencia vicaria en sus respectivas normativas autonómicas contra la violencia de género. En Cataluña, por ejemplo, la ley la define como "cualquier tipo de violencia ejercida contra los hijos e hijas con el fin de provocar daño psicológico a la madre", mientras que la ley gallega amplía más el foco y la entiende como "aquella violencia que se ejerce sobre la mujer con el fin de causarle el mayor y más grave daño psicológico a través de terceras o interpositas personas y que consigue su grado más elevado de crueldad con el homicidio o asesinato de esas personas".
En mayo, Mérida acogió el primer Encuentro Estatal de Violencia Vicaria e Institucional. Durante la cita, la relatora de la ONU sobre la Violencia Contra la Mujer, Reem Alsalem, advirtió que la violencia vicaria constituye ya un "problema global". El año pasado, una resolución del Parlamento Europeo señaló que la violencia en el marco de la pareja o expareja "debe considerarse un delito contra cualquier menor que la presencie" y subrayó que los hijos e hijas de los autores de violencia machista "a menudo sufren malos tratos como forma de ejercer poder y violencia contra la madre, fenómeno que se conoce como violencia vicaria y que constituye una forma de violencia de género".
La Fiscalía General del Estado se desmarca de la petición asturiana de revocar la reforma que limita las visitas a padres investigados por maltrato
Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, es partidario de colocarle apellido a esta forma de violencia: violencia vicaria de género. Porque no se trata de una forma de violencia independiente o aislada, sino de una de las muchas expresiones de la violencia machista. La Ley integral de 2004 recuerda que la violencia de género es una "manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres". Y la violencia vicaria es producto de todo ese entramado. En el caso de la pequeña asesinada a manos de su madre en Gijón, igual que en otros de características similares, ha podido cometerse el asesinato con intención de hacer daño, pero no como consecuencia de la desigualdad ni de las relaciones de poder, no existe una "situación previa de violencia contra el hombre que lleve a utilizar a terceras personas" para ejercer más violencia, reflexiona Lorente.
El exdelegado y médico forense recuerda, en cualquier caso, que los malos tratos contra niños y niñas en contextos de violencia de género "ocurre todos los días", no solo cuando se produce un homicidio. La Macroencuesta sobre la Violencia contra las Mujeres, publicada en 2019, determina que un total de 1.678.959 menores viven en hogares en los que la mujer está sufriendo algún tipo de violencia por parte de su pareja. De ellos, 265.860 niños conviven en entornos de violencia física o sexual explícita.
El Ministerio del Interior realiza seguimiento de aquellos casos en los que, tras la práctica de la valoración policial del riesgo a la víctima y existiendo menores a su cargo, se detecta una "especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia los menores a su cargo". Según el último informe confeccionado por VioGén, a 31 de septiembre, en la actualidad existen 220 menores que conviven con un riesgo medio, 23 con riesgo alto y uno cuya vida está en riesgo extremo.
El pasado domingo, agentes de la Policía Nacional encontraron el cadáver de una niña de seis años en el domicilio de su madre, en Gijón. Olivia fue asesinada presuntamente por su progenitora, después de que el padre, condenado por malos tratos hace dos años, obtuviera la custodia. El sangrante caso ha servido, más que para lanzar un grito unánime de condena, para activar toda la maquinaria de la derecha contra las políticas de igualdad y contra el ministerio de Irene Montero.