Hasta doce provincias no realizaron ningún aborto durante todo el año 2022, a pesar de que sí había mujeres residentes en ellas que lo habían solicitado. ¿Qué ocurrió, entonces, con esas mujeres? Se vieron obligadas a desplazarse para poder abortar. En total, 4.452 interrupciones voluntarias del embarazo se han visto lastradas por esta realidad. Así lo reflejan los datos del Ministerio de Sanidad relativos al año pasado y publicados este jueves, Día de Acción Global por un aborto legal y seguro.
Es uno de los principales obstáculos que dificultan el ejercicio de este derecho y que la reforma de la Ley del Aborto prevé solventar. Esas provincias fueron: Jaén (Andalucía); Huesca, Teruel (Aragón); Toledo, Cuenca, Guadalajara (Castilla-La Mancha); Ávila, Palencia, Zamora, Soria, Segovia (Castilla y León) y Cáceres (Extremadura).
El 82,7% en centros privados
Además, la inmensa mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo continúan practicándose en centros privados y concertados. El 82,7% de los abortos fueron realizados en hospitales o clínicas privadas, una realidad que lleva repitiéndose año tras año y que también aspira a corregir la reforma de la Ley del Aborto. A pesar de que los datos evidencian que las interrupciones todavía se realizan de forma mayoritaria en la red privada, lo cierto es que el porcentaje desciende respecto al año anterior (84,33%) y es el dato más bajo desde 2013.
De los centros privados, son los extrahospitalarios –las clínicas acreditadas– las que registran el mayor número de abortos: el 75,28%. En los hospitales privados se producen el 7,42% de los abortos. En cuanto a la red pública, el 7,37% de las interrupciones se dan en hospitales y el 9,65% en centros extrahospitalarios. Existe, sin embargo, una salvedad: la tendencia se invierte cuando los motivos de la interrupción tienen que ver con anomalías fetales. Ahí sí, el 71,4% de los abortos se producen en hospitales y centros públicos.
En Extremadura ningún centro de titularidad pública, ni hospitalario ni extrahospitalario, notificó ni un solo aborto: los 1.338 abortos practicados en la comunidad se llevaron a cabo en la privada. En Murcia y Castilla-La Mancha sí se practicaron abortos en la red pública, pero de manera residual y siempre en hospitales, pero en ningún centro extrahospitalario. En la región castellano manchega, los hospitales públicos sólo dieron cuenta de que sus profesionales realizaron dos abortos; mientras que en suelo murciano sólo se practicó un aborto en un hospital público.
Control de objetores, fin de los tres días de reflexión y bajas por interrupción del embarazo: las claves de la ley del aborto
En mayo, el Ministerio de Igualdad remitió una carta a las comunidades autónomas instando a que haya médicos y médicas no objetores de conciencia en todos los hospitales públicos, aunque eso conlleve nuevas contrataciones. "La Ley cuenta con diversas herramientas que todas las comunidades autónomas tienen la obligación de aplicar para garantizar todos los derechos de todas las mujeres", indicaban entonces desde la cartera de Irene Montero.
Más de 200 centros notificaron abortos
El análisis elaborado por el departamento de José Manuel Miñones determina que, el año pasado, un total de 222 centros notificaron interrupciones del embarazo, una cifra récord desde 2013. En total, han sido 98.316 abortos los que se han registrado en todo el país, un 9% más que el año anterior. Y 11,68 mujeres por cada mil ejercieron su derecho a la libre interrupción del embarazo. Por grupos de edad, la mayor incidencia está entre las chicas de 20 a 24 años –18,32 mujeres por cada mil– y la más baja entre las mayores de 40 años –con una tasa de 4,52 mujeres por cada mil–.
En 2022, las jóvenes de dieciséis y diecisiete años no podían abortar sin permiso paterno, un requisito revertido también en la reforma impulsada este año. Es precisamente este grupo de edad, menores de veinte años, el segundo con una menor tasa de abortos –8,54 por cada mil–.
Hasta doce provincias no realizaron ningún aborto durante todo el año 2022, a pesar de que sí había mujeres residentes en ellas que lo habían solicitado. ¿Qué ocurrió, entonces, con esas mujeres? Se vieron obligadas a desplazarse para poder abortar. En total, 4.452 interrupciones voluntarias del embarazo se han visto lastradas por esta realidad. Así lo reflejan los datos del Ministerio de Sanidad relativos al año pasado y publicados este jueves, Día de Acción Global por un aborto legal y seguro.