El nuevo fiscal de sala contra los delitos de odio y discriminación, Miguel Ángel Aguilar, ha señalado que, si bien en España el repunte de casos registrado en 2022 no es "alarmante" (3,7%), lo cierto es que hay una cifra de "infradenuncia" muy elevada --organismos internacionales la sitúan en el 80%-- que afecta a colectivos como personas sin hogar, magrebíes o gitanos.
En una entrevista concedida a Europa Press, Aguilar, que tomó posesión del cargo el pasado 26 de junio, ha querido "lanzar un mensaje positivo" porque "tenemos una sociedad diversa, rica y que, en general, respeta al diferente", a lo que suma que "España tiene un buen armazón jurídico para hacer frente a los delitos de odio y discriminación".
Por ello, sostiene que el aumento detectado el año pasado no es "alarmante". "No es un tema para estar preocupado pero sí ocupado", resume. Entre las posibles causas, refiere, por un lado, que "poco a poco se va ganando la confianza de la ciudadanía" y, por otro, que hay determinados colectivos con mayor "visibilización", también para "los intolerantes".
De hecho, respecto al incremento del 76,6% de los delitos de odio por razón de orientación sexual e identidad de género hasta casi 500, recuerda que "el colectivo LGTBIQ+ es el más concienciado", por lo que "tiene una mejor estructura organizativa y, por tanto, menos barreras para presentar denuncias".
Interrogado sobre si entre esas posibles causas se encuentran también los discursos lanzados desde la esfera pública, Aguilar contesta que no puede afirmarse en estos momentos, porque aún no se ha estudiado en profundidad. "Pero sí que es cierto que quienes ejercen un liderazgo social, político, etc, claro, esos mensajes pueden generar prejuicios o estereotipos y dar lugar a la comisión de hechos", añade.
No obstante, advierte de que los hechos conocidos son solo la punta del "iceberg". "Hemos de partir de la base de que en materia de delitos de odio hay una cifra sumergida muy elevada, cifra sumergida que los organismos internacionales sitúan en torno el 80%, y en algunos motivos de discriminación puede llegar al 90%", precisa.
Víctimas "en la más absoluta exclusión"
Entre los colectivos más afectados, Aguilar menciona "las personas extranjeras que no tienen su situación regularizada en España, que no conocen ni siquiera nuestra lengua, que no conocen cuáles son sus derechos", porque "vienen de países que no protegen sus derechos y esos miedos e inseguridades las arrastran" a España, aludiendo específicamente a los norteafricanos.
Apunta también a las personas de etnia gitana. "He hablado con muchas mujeres gitanas que me dicen: 'No me dejan entrar a un supermercado porque soy gitana'", cuenta, exponiendo que cuando se les dice que esos comportamientos son denunciables responden: "Esto me ha pasado toda la vida, ya sé que a este supermercado no puedo ir y a este sí".
Llama la atención sobre un tercer colectivo, el de las personas sin hogar, a quienes --detalla-- han pegado, escupido y robado. "Estas personas están en la más absoluta exclusión social, en la más absoluta pobreza, no tienen ni hogar. ¿Se imagina usted a una persona presentando denuncia por estos hechos?", plantea y responde que "cuesta mucho" porque a veces no se las puede ni localizar.
Aguilar explica que hay "muchas víctimas" que necesitan asimilar lo que les ha pasado, ser conscientes de que "han sido discriminadas", para después dar el paso de denunciar. Por eso, hace hincapié en que el hecho de "que denuncien más tarde no significa que estén mintiendo". "Y esto pasa también en la violencia de genero", apostilla.
En este contexto, anima a quienes "se vean agredidos, coaccionados o amenazados" por "el hecho de ser diferentes" a que denuncian, destacando en este sentido la importancia de las organizaciones de la sociedad civil e instituciones dedicadas a proteger y defender a estas personas para "empoderar" a estas víctimas y servir de "antenas" a la Fiscalía.
Por otro lado, expresa su preocupación por las "barreras" que se encuentran determinadas víctimas en su acceso a la Justicia. En concreto, Aguilar habla de personas mayores "que puedan estar en situación de soledad" o "que su discapacidad les impida contar lo que les pasa".
No todo lo "odioso" es delito
Además, ha querido dejar claro que "no todo aquello que es odioso ha de ser forzosamente un delito de odio". Así, aclara, "hay que pensar que defender posiciones determinadas pueden formar parte del libre juego de las posiciones democráticas que defiende cada partido político".
Fijar la frontera entre lo que es delito y lo que no "es muy difícil" porque "va a depender de qué se dice, quién lo dice, cómo lo dice y ante quién lo dice", si bien comenta que hay señales claras cuando se incita directamente a la violencia o cuando, aunque "el resultado material sean objetivamente leve", los hechos "en su conjunto sean muy humillantes para la víctima por ese componente de gratuidad --de rechazo por el mero hecho de ser diferente-- y hacerlo de forma publica".
Confiesa una especial preocupación "cuando se difunden de forma masiva a través de Internet, redes sociales o medios de comunicación contenidos que incitan al odio". "Antes, se hacía un comentario racista, a lo mejor, en un grupo de amigos tomando una cerveza en el bar de la esquina. Eso no tiene trascendencia penal. Ahora, si lo publicas a través de una red social, con una difusión indiscriminada, pues la afectación de la lesión de la dignidad de la persona es mayor", ilustra.
En cualquier caso, celebra que desde la entrada en vigor de la ley de igualdad de trato los hechos que no tienen la gravedad necesaria para sancionarse por la vía penal, pero que "son igualmente reprobables", se pueden perseguir por la vía administrativa. "¿Verdad que si tú te saltas un semáforo no te llevan al juzgado de lo penal pero alguien te pone una multa porque eso está mal?", ejemplifica.
Para "investigar y sancionar aquellos comportamientos que no tienen que ir a la vía penal", la ley prevé la creación de una Autoridad Estatal Independiente de Igualdad de Trato, una tarea "muy importante" que Aguilar avanza que recaerá ya en manos del próximo Gobierno.
La educación, el mejor antídoto
El fiscal se muestra consciente de que, para combatir estos ilícitos, hace falta "una administración de justicia rápida", con más medios y "leyes procesales ágiles para que las denuncias circulen". Y, desde su nuevo ámbito de competencias, se compromete a impulsar secciones especializadas en delitos de odio y discriminación en las fiscalías territoriales.
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Con todo, afirma tajante que la mejor arma contra este fenómeno es la educación, en "negrita, mayúscula y subrayado": "La educación en valores, en transmitir a la sociedad la riqueza que supone la diversidad".
Enfatiza que no es un tema "de colectivos concretos --incluso algunos los estigmatizan y los llaman 'lobbies'"--, sino que "los delitos de odio nos han de concernir a todos". Primero, "porque afectan directamente a la convivencia, al vivir de cada día de cada uno de nosotros"; y, segundo, porque "aquel que piense que no pertenece a un colectivo susceptible de discriminación, tarde o temprano lo va a ser porque va a entrar en contacto con la edad, la enfermedad, la discapacidad".
"Es un tema de Derechos Humanos. Una sociedad que es diversa, que ejerce sus derechos con plena seguridad, que ejerce la igualdad, es una sociedad más feliz. Y, por tanto, cultivar esa conciencia, cultivarla desde la educación, cultivarla desde los valores, desde los mensajes que se transmiten por parte de las administraciones, de los políticos, de los periodistas, de todos los sectores sociales, contribuye a una sociedad mejor", asevera.
El nuevo fiscal de sala contra los delitos de odio y discriminación, Miguel Ángel Aguilar, ha señalado que, si bien en España el repunte de casos registrado en 2022 no es "alarmante" (3,7%), lo cierto es que hay una cifra de "infradenuncia" muy elevada --organismos internacionales la sitúan en el 80%-- que afecta a colectivos como personas sin hogar, magrebíes o gitanos.