Fue una de las propuestas estrella de la anterior legislatura en materia de igualdad: un registro de objetores de conciencia para vigilar que no exista ni una sola traba al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales públicos. Pero un año y dos meses después, la mayoría de comunidades siguen sin haber confeccionado sus registros y el Ministerio de Sanidad tampoco ha trazado el protocolo común al que le obliga la ley.
La objeción de conciencia está regulada en distintos artículos de la reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, en vigor desde febrero de 2023. "A efectos organizativos y para una adecuada gestión de la prestación se creará en cada comunidad autónoma y en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) un registro de personas profesionales sanitarias que decidan objetar por motivos de conciencia respecto de la intervención directa en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo", señala uno de los preceptos.
Pero además, la norma también establece que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordará "un protocolo específico que incluya las condiciones mínimas para garantizar el cumplimiento de los objetivos perseguidos con la creación de este registro".
Se trata, por tanto, de un mandato doble: a las comunidades y al propio Gobierno. Y ninguna de las partes se está demostrando especialmente diligente.
A finales de marzo, la senadora del BNG, Carme da Silva, registró una pregunta dirigida al Ministerio de Sanidad en la que se interesaba por el estado del protocolo para la realización de los registros. Lo hacía, en realidad, porque la ausencia de dicho protocolo estaba siendo utilizado por las comunidades como excusa para no avanzar en la confección de los registros. En mayo del año pasado, la Xunta de Galicia advirtió que los trabajos en torno al registro estaban "pendientes" de la aprobación del protocolo por parte del Ministerio de Sanidad.
Un protocolo que sirva de estándar
En la respuesta del departamento dirigido por Mónica García, emitida este miércoles y consultada por este diario, se indica que la cartera está "trabajando en un protocolo que incorpore las condiciones mínimas que deben tener los registros de objetores de conciencia de las interrupciones voluntarias del embarazo". El trabajo se viene realizando "teniendo en cuenta las características de aquellos registros que actualmente se encuentran disponibles para que haya una coordinación entre los mismos", dado que sí hay comunidades que han sacado adelante sus propios listados –Cantabria, La Rioja, Murcia y Comunitat Valenciana–.
"Próximamente, cuando el trabajo se encuentre más avanzado, se mantendrán reuniones con las comunidades autónomas e INGESA para garantizar que dicho protocolo sirva como estándar para el funcionamiento de los registros en todo el territorio", agrega el Ministerio de Sanidad, quien sin embargo reconoce que "por el estado actual del protocolo no se puede facilitar una fecha aproximada para su finalización".
Fuentes del Ministerio de Sanidad confirman a este periódico que actualmente el protocolo "se está negociando con todos los sectores implicados" y que el objetivo es aterrizarlo en el Consejo Interterritorial antes de verano.
Preguntado al respecto, el Ministerio de Igualdad remite directamente a la cartera de Mónica García.
Carme da Silva insiste en que la "inexistencia" del protocolo no tendría que "servir como excusa" a las comunidades, porque se trata de una disputa cuyas consecuencias recaen fundamentalmente sobre las mujeres. Pero sacar adelante el protocolo, razona en conversación con este diario, es clave precisamente para "eliminar una de las excusas" en la que parapetan las comunidades. "Los derechos de las mujeres hay que pelearlos todos los días y cada vez que algo está parado, es un retroceso".
"La objeción de conciencia es la norma"
Si bien algunas comunidades se han escudado en la falta de un protocolo común para iniciar sus propios trabajos, lo cierto es que esta ausencia no es un obstáculo insalvable. Territorios como Comunitat Valenciana, Murcia, La Rioja y Cantabria, tal y como confirman las fuentes del Ministerio de Sanidad consultadas, ya cuentan con sus propios registros, una senda que podrían seguir el resto de regiones.
Pero más de un año desde la entrada en vigor de la reforma, la tónica general es la ausencia total en la mayor parte del mapa. La Consejería de Sanidad andaluza indica: "Seguimos trabajando en la creación del registro pero aún no tenemos fecha determinada para su puesta en funcionamiento". Precisamente la Junta de Andalucía mantiene su apoyo económico sin matices a las organizaciones antiabortistas de la región a través de una línea de ayudas pactada inicialmente con la extrema derecha y que el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla mantiene.
En Cataluña, la consejería de salud está avanzando "en el registro electrónico" para que sean los profesionales objetores quienes se inscriban directamente. El proyecto de decreto para crear y regular el registro está, actualmente, en fase de solicitud de dictámenes. Según indican fuentes del Departament de Salut, se estima que la cifra de objetores "estaría alrededor del 44%".
En Extremadura, los trabajos también están en marcha. "Actualmente dicho decreto está siendo revisado en Asesoría Jurídica del Servicio Extremeño de Salud", que aplicará las medidas necesarias para "garantizar el pleno ejercicio del derecho". Voces de la consejería explican que en suelo extremeño "la mayoría de las interrupciones se derivan a clínicas privadas, ya que la objeción de conciencia entre los profesionales sanitarios implicados es la norma".
Por qué un registro de objetores
La garantía de un aborto accesible en la red pública va estrechamente ligado a la objeción de conciencia. "Es imprescindible que todos los centros con servicio de ginecología y obstetricia cuenten con profesionales que garanticen la interrupción voluntaria del embarazo", señalaba la exministra Irene Montero hace dos años, cuando su equipo todavía estaba hilvanando los hilos la reforma. Montero creía importante conjugar el respeto hacia el derecho a la objeción de conciencia, con la garantía del derecho al aborto en la red pública.
La idea, siguiendo la línea de la Ley de eutanasia, es que el registro de profesionales objetores permita trazar un retrato de la situación en los hospitales públicos. La medida surge tras la alerta de las objeciones masivas que se han venido constatando en algunos complejos hospitalarios, un lastre que entorpece el ejercicio de este derecho. Con el registro en la mano, las comunidades tendrán que garantizar la existencia de personal suficiente, incluso aunque suponga llevar a cabo nuevas contrataciones.
Además, la ley dicta que "quienes se declaren personas objetoras de conciencia lo serán a los efectos de la práctica directa de la prestación de interrupción voluntaria del embarazo tanto en el ámbito de la sanidad pública como de la privada".
Blindarlo en la pública
Kika Fumero, activista feminista y exdirectora del Instituto Canario de Igualdad, cree importante subrayar que "es una obligación que el aborto sea realmente accesible, seguro y gratuito en todas las comunidades y en la sanidad pública". Partiendo de esa premisa, es clave que exista "un registro de quienes son objetores para ver con qué personal se cuenta realmente, qué personal es necesario tener y ampliar la plantilla para que ese derecho sea real", señala la también portavoz de la plataforma Mi voz, mi decisión.
Raquel Hurtado, subdirectora de SEDRA-Federación de Planificación Familiar, indica que "a lo largo de muchos años se ha visto que la interrupción voluntaria del embarazo no se realizaba en el circuito público y que eso tenía que ver con la objeción de conciencia estructural". Según los últimos datos disponibles, en 2022 el 82,7% de abortos se realizaron en centros privados.
"Ahora mismo, con una ley que obliga a contar con un registro, vemos que las comunidades están tardando lo máximo posible y que la excusa tiene que ver con la cuestión de los protocolos", sin embargo las autonomías que sí lo han hecho "han podido sacarlo adelante sin problema porque la ley ya explicita" cuál debe ser el procedimiento, señala Hurtado.
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En cualquier caso, la especialista estima que la responsabilidad es compartida: "Tiene que haber un protocolo común" porque además, los riesgos de no contar con ese suelo mínimo recaen directamente sobre los hombros de las mujeres, especialmente en un contexto de avance de la extrema derecha en los gobiernos regionales.
La amenaza ultra
"Hay una clara resistencia a la práctica del aborto como marca la ley", observa Fumero. Una tendencia que se ve reforzada por un reparto competencial que concede prácticamente todo el poder de decisión a las comunidades en materia de sanidad. "Hay un movimiento institucional reaccionario ante la ley nacional y el Partido Popular está demostrando que no necesita de Vox para llevar a cabo políticas públicas anti derechos", expone la activista.
El avance de la extrema derecha y su obstinada tendencia a poner el foco sobre los derechos reproductivos de las mujeres, hace aún más urgente la construcción de una muralla capaz de contener la ofensiva. La extrema derecha, lamenta Hurtado, tratará de poner en marcha "prácticas que infantilizan a las mujeres y deslegitima su capacidad de toma de decisiones", como la intentona del latido fetal en Castilla y León. Prácticas, zanja la voz experta, que "no se ajustan a ningún criterio médico" y que se mueven "por el capricho ideológico".
Fue una de las propuestas estrella de la anterior legislatura en materia de igualdad: un registro de objetores de conciencia para vigilar que no exista ni una sola traba al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales públicos. Pero un año y dos meses después, la mayoría de comunidades siguen sin haber confeccionado sus registros y el Ministerio de Sanidad tampoco ha trazado el protocolo común al que le obliga la ley.