Adevima se autodefine como una asociación que "trabaja por el reconocimiento del derecho a la vida de todos los seres humanos, desde su concepción hasta su muerte natural". La entidad, ultracatólica y firme opositora del derecho al aborto, recibe más de 165.000 euros de dinero público para la atención de mujeres embarazadas. Es una de las muchas organizaciones que subsisten gracias a la inestimable ayuda de las administraciones. A pesar de, en algunos casos, haber participado y perpetuado el acoso contra las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo. "Se está institucionalizando el acoso", claman las expertas que llevan años denunciándolo.
La génesis de las ayudas en suelo andaluz está en la anterior legislatura, a través de un acuerdo sellado en junio de 2019 para que la ultraderecha apoyase los presupuestos. La condición: subvenciones para ayudar a las mujeres a "llevar adelante su embarazo". La Junta de Andalucía, con Juan Manuel Moreno al frente, ha desplegado en este contexto una línea de ayudas a organizaciones como Adevima, conocida por el acoso frente a las clínicas especializadas para la interrupción del embarazo, o Red Madre, uno de los más reconocidos grupos de la derecha católica española y principal ariete contra el derecho a la libre interrupción del embarazo.
Es Red Madre precisamente la que ha sido la principal beneficiaria de las ayudas públicas concedidas por la Xunta de Galicia. El primer movimiento de Alberto Núñez Feijóo tras su aterrizaje en el Gobierno en 2009 fue sacar adelante una ley que tenía como propósito "establecer y regular una red de apoyo a la mujer embarazada". La norma dio cobertura legal a Red Madre y la entidad antiabortista pasó a asumir funciones como el asesoramiento a mujeres gestantes con dificultades socioeconómicas. El mismo patrón que en Andalucía.
Y en la Comunidad de Madrid, la misma asociación recibe importantes cantidades del erario público: 92.611,56 euros el año pasado y 72.487,15 el anterior, sin ir más lejos, según consta en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas. Pero basta escarbar un poco para encontrar otros muchos nombres que reciben dinero público, a pesar de sus posiciones contra un derecho fundamental. Es el caso de la Asociación Provida de Alcalá de Henares, parte de una red de organizaciones más amplia que dice trabajar "en defensa de la vida de los niños", según su página web. "¿No querrías unir tus manos a las nuestras en favor de quienes desearían defender su derecho a seguir viviendo pero son demasiado pequeñitos para hacerlo? Piénsalo". La Fundación Madrina recibió 75.000 euros el año pasado, en la región, pensados para entidades que "desarrollen proyectos dirigidos a asistir a mujeres embarazadas y madres sin recursos".
Madrid es, además, la única comunidad que hasta hoy ha remitido a centros religiosos a quienes quieren abortar. Así lo ha venido haciendo a través de un sobre pensado para las mujeres que solicitaban interrumpir su embarazo y que la reforma de la ley del aborto ha eliminado.
Las subvenciones a este tipo de asociaciones llegan también de las arcas de los ayuntamientos y diputaciones. Es el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento y la Diputación de Badajoz, cuyas subvenciones dan sustento a la Asociación Provida Badajoz. O el Ayuntamiento y la Diputación de Castellón, desde donde se destinan ayudas que van a parar a manos de la Asociación castellonense para la defensa de la vida. El año pasado fueron más de 18.000 euros.
El motor reaccionario
Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), recuerda que la concesión de dinero público a entidades antiabortistas forma parte de una "política sistemática" que ha venido desarrollando la administración desde diferentes niveles. "Cada año se las subvenciona", dice al otro lado del teléfono, si bien es cierto que "ahora cobra mayor gravedad dado que hay una ley que penaliza el acoso ante las clínicas". Al final, recalca, "se está institucionalizando el acoso".
Las profesionales "no tienen más instrumentos que denunciarlo", pero lo cierto es que no siempre se obtienen los resultados deseados. Las instituciones que conceden este tipo de ayudas "se vanaglorian de ello", señala García, "se da carta blanca a este tipo de grupos, se les financia con dinero público" a pesar de que "han hecho del aborto el blanco de sus ataques".
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Pero la pelea tenaz por parte del movimiento feminista no siempre da sus frutos. "Salvo en cuestiones muy concretas y momentos muy concretos, lo que digamos las feministas da igual", lamenta, resignada, Paula Ríos, portavoz de la Plataforma Feminista Galega. "En Galicia dimos la batalla en su momento: nos organizamos, hicimos manifestaciones, intentamos que se supiera la posición de las feministas. Red Madre ahí sigue". En parte, analiza, por el poder del que gozan estas organizaciones, vinculadas habitualmente a "la derecha y al Opus Dei".
A juicio de Ríos, los derechos sexuales y reproductivos "nunca estuvieron garantizados, incluso habiendo legislación", por lo que su necesaria defensa es una constante. Y el movimiento feminista, que vivió su etapa dorada hace un lustro, está sufriendo ahora las consecuencias de la reacción. "Cuando un movimiento que va a la raíz del sistema, que intenta subvertir y cambiar el sistema, alcanza cierta relevancia, padece la reacción del patriarcado. El status quo se remueve y reacciona. Los discursos calan y después da igual lo que digamos nosotras", lamenta la activista gallega.
La feminista Blanca Cañedo, fundadora de la clínica acreditada Belladona, coincide en el diagnóstico: pese a la sensación de derecho consolidado, el aborto convive permanentemente con el riesgo. "Creemos que lo tenemos garantizado y es entonces cuando, sin darte cuenta, con pequeñas batallas, lo van destrozando". Algunas de esas batallas ultras se libran a las puertas de las clínicas. Quienes se encargan de su ejecución tienen nombre propio; pero lejos de ser reprobados, mantienen el pulso gracias a la connivencia de las instituciones públicas.
Adevima se autodefine como una asociación que "trabaja por el reconocimiento del derecho a la vida de todos los seres humanos, desde su concepción hasta su muerte natural". La entidad, ultracatólica y firme opositora del derecho al aborto, recibe más de 165.000 euros de dinero público para la atención de mujeres embarazadas. Es una de las muchas organizaciones que subsisten gracias a la inestimable ayuda de las administraciones. A pesar de, en algunos casos, haber participado y perpetuado el acoso contra las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo. "Se está institucionalizando el acoso", claman las expertas que llevan años denunciándolo.