El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará, tras meses de retraso, el anteproyecto de Ley trans e igualdad LGTBI. Y todo parece indicar que no será magnánimo con la propuesta: el órgano de gobierno de los jueces ha adelantado este viernes sus dudas respecto a la forma y el fondo de la ley.
El CGPJ ha difundido un comunicado en el que viene a confirmar lo que ya anunció su presidente, Carlos Lesmes: que el organismo judicial estudiará la norma en su Pleno del próximo 20 de abril. Esta decisión llega después de que el Ministerio de Igualdad denunciara un "bloqueo" de la ley por parte del Poder Judicial, quien tendría que haber emitido su informe el pasado mes de enero.
1. Dudas respecto a su carácter integral
El CGPJ manifiesta sus dudas respecto al carácter "integral y transversal" de la norma. Los jueces no están convencidos de que esta sea la "herramienta adecuada, necesaria y proporcionada para conseguir el objetivo de proteger a las personas trans y LGTBI". A su parecer, bastaría con preservar los "aspectos nucleares, troncales y autónomos" específicamente referidos al blindaje los derechos del colectivo e introducir las modificaciones normativas necesarias a través de disposiciones finales.
El CGPJ se opone al "uso reiterado" de normativas integrales, pues se "solapan con otras leyes vigentes" y además conducen a una "excesiva atomización del ordenamiento jurídico". Esto, señalan los jueces, supone dotar a "determinados colectivos de un régimen privilegiado de protección", distinto al aplicable al resto de los ciudadanos. A su parecer, esta situación conlleva una merma del "derecho a la igualdad y del principio de seguridad jurídica".
2. Discriminación de las mujeres no transexuales
La propuesta de informe que será debatido el próximo 20 de abril expresa también su inquietud respecto al derecho fundamental a la igualdad: algunas disposiciones "propician el indeseado efecto de generar situaciones de discriminación positiva y, por tanto, de discriminación por lo general indirecta" de las mujeres no transexuales.
El informe menciona específicamente las medidas referidas al deporte. Si bien los ponentes aprecian la voluntad de garantizar la igualdad de trato y no discriminación del colectivo, consideran "indispensable introducir las cautelas necesarias a fin de evitar" que la práctica deportiva pueda "suponer la discriminación de mujeres deportistas no transexuales". El motivo, completan, la "diferencia de las condiciones físicas existentes y la superioridad física de la mujer transexual frente a la que no lo es".
3. Inseguridad jurídica
Los ponentes recuperan un concepto que ya sobrevoló durante las primeras etapas de la ley: su seguridad jurídica. En nombre de la seguridad jurídica, la exvicepresidenta primera Carmen Calvo peleó por una revisión exhaustiva de la norma, en el marco de una negociación que dilató su avance y abrió una brecha entre los socios de la coalición.
El CGPJ vuelve a poner en el centro la seguridad jurídica y apuesta ahora por una "mayor concreción en aspectos de la norma tan esenciales como los referidos a las consecuencias en el matrimonio derivadas de la transexualidad o la fijeza del estado civil".
4. Elevar la edad para el cambio registral
Si las principales organizaciones LGTBI aspiran a rebajar el suelo de edad para solicitar la rectificación registral del sexo, el borrador confeccionado por los jueces se expresa en el sentido opuesto y se inclina por elevar el mínimo marcado por la legislación. El actual anteproyecto permite a los menores de entre doce y catorce años acceder al cambio de sexo registral, previa resolución judicial, y a los jóvenes de entre catorce y dieciséis siempre y cuando cuenten con el aval de sus progenitores. De ahí en adelante, cualquier persona podrá acceder al cambio registral.
El CGPJ considera que legitimar a los menores de entre catorce y dieciséis años a solicitar la rectificación registral sin más condiciones que la asistencia de sus representantes legales "no cumple con el principio de especial protección de los menores de edad", pero tampoco con la "especial primacía de su superior interés". El órgano judicial cree necesario establecer mecanismos que protejan a los menores.
En ese sentido, apuesta por introducir como requisitos al cambio registral la "suficiente madurez y estabilidad en la situación de transexualidad", cuestiones ya contempladas para los pequeños de entre doce y catorce años. El juez, para ello, deberá "disponer de los oportunos informes" y los ponentes sugieren un "expediente de jurisdicción voluntaria" como el procedimiento "más adecuado".
5. Violencia de género
"Aspectos oscuros y ciertas disfunciones". Con estas palabras define el borrador del informe las consecuencias de algunos preceptos contenidos en el anteproyecto. Cita así el artículo 41, relativo a la violencia de género, e insta a que esta disposición garantice que las personas trans no podrán "eludir las obligaciones y responsabilidades frente a las víctimas de violencia de género con el fin de evitar que se produzcan situaciones fraudulentas".
La ley, añaden, debe blindar que "la modificación de la mención del sexo del hombre no altere el régimen de protección que dispensa la ley a las víctimas de violencia de género ni permita eludirlo". Los vocales sostienen que tampoco queda claro si el citado artículo "contempla la inalterabilidad del régimen jurídico aplicable con anterioridad a la inscripción respecto de la mujer que transita al sexo opuesto", por lo que llaman a revisarlo y corregirlo.
6. Condiciones ante una posible reversión
El anteproyecto, observan los jueces, permite revertir la rectificación de la mención registral relativa al sexo de las personas "sin límite alguno y con la única condición de que hayan transcurrido seis meses desde la inscripción del cambio de sexo en el Registro Civil". La propuesta de informe cree que dar un paso atrás debería contemplarse con carácter "absolutamente excepcional, predeterminando los casos y condiciones en los que ha de tener lugar, siempre bajo la decisión judicial y nunca de forma incondicionada ni ilimitada".
7. Terapias de conversión
Si bien el borrador aplaude la prohibición de las terapias de conversión, pone en duda que dicho veto se extienda también a "aquellas situaciones en las que se cuenta con el consentimiento del afectado". Esto, detallan, constituye una "injustificada restricción de la capacidad de obrar de las personas".
8. Legitimación para la defensa de los derechos del colectivo LGTBI
El anteproyecto permite que sean las organizaciones sociales, políticas, sindicales o empresariales las que ostenten la defensa de los intereses del colectivo en procedimientos de carácter civil, contencioso-administrativo y social. En este punto, el CGPJ cree que la ampliación resulta "desproporcionada", especialmente teniendo en cuenta que el anteproyecto no expone "la razón de ser de esta superior legitimación otorgada en relación con la defensa de los derechos de las personas LGTBI".
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Además, añade el organismo judicial en el comunicado emitido este viernes, "se considera inadecuada una regulación que sitúa la defensa de los intereses de las personas LGTBI en manos de organizaciones de todo tipo, incluidas aquellas que no tienen vinculación alguna con dicho colectivo". Esto, argumentan, puede generar situaciones fraudulentas y "desvirtuar, paradójicamente, la propia finalidad de defensa de los derechos del colectivo al que la norma proyectada pretende proteger".
Este mismo viernes, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha expresado su rechazo a las observaciones del Poder Judicial: "Las personas trans, las personas LGTBI, no merecen un nuevo cuestionamiento de sus derechos y menos desde las instituciones". La titular de la cartera ha recordado la posición crítica del organismo respecto a leyes genuinamente igualitarias, como la del matrimonio homosexual o la integral contra la violencia de género.
De su parte, organizaciones como la Plataforma Trans se han pronunciado contra la posición "conservadora y reaccionaria" del CGPJ.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará, tras meses de retraso, el anteproyecto de Ley trans e igualdad LGTBI. Y todo parece indicar que no será magnánimo con la propuesta: el órgano de gobierno de los jueces ha adelantado este viernes sus dudas respecto a la forma y el fondo de la ley.