Noviembre de 2018. Amnistía Internacional advierte que España lleva tres décadas sin desarrollar políticas públicas para abordar la violencia sexual. En su análisis, destaca un elemento: la total ausencia de espacios de atención 24 horas a víctimas. Los llamaban centros de crisis, y aunque se trataba de un recurso habitual en la tradición anglosajona, nadie había reparado en ellos en suelo nacional. Un año después, abrió el primero. El proyecto se replicó tímidamente, pero no terminó de cuajar. Hasta que las instituciones pasaron de la sugerencia al mandato: todas las provincias, junto a las dos ciudades autónomas, deberían contar con un centro de crisis en virtud de lo dispuesto en la Ley del sólo sí es sí antes de terminar el año 2023. Las comunidades contaban con los recursos económicos, procedentes de Comisión Europea, también con las instrucciones y el tiempo necesario para cumplir con la obligación, pero fueron incapaces. El plazo se amplió y tras dos años de inacción, hoy la inmensa mayoría trata de acelerar, hasta el punto de haber abierto más de una veintena en un solo mes. Pero la violencia sexual sigue sin ser prioritaria: el Ministerio de Igualdad acaba de anunciar una segunda prórroga.
Diciembre de 2024. El mes comienza con menos de quince centros abiertos. Antes de que remate el año, tienen que estar inaugurados más del triple. Para ello, las comunidades disponen de 83.058.700 euros que proceden directamente de los fondos europeos Next Generation. En ese momento, el Ministerio de Igualdad no parece albergar ninguna duda y se aferra al augurio de que las comunidades cumplirán. Es entonces cuando los territorios comienzan a pisar el acelerador: a lo largo del mes, las comunidades empiezan a anunciar aperturas en cadena, hasta sumar los treinta y siete centros actuales.
Pero a pesar de los esfuerzos, el reloj se echa encima y este jueves el Ministerio de Ana Redondo concede a las regiones una prórroga, la segunda desde que se verbalizó el imperativo. Así que las comunidades respiran de nuevo tranquilas: tienen hasta junio de 2025 para abrir sus centros.
Las comunidades aceleran 'in extremis'
La última cifra confirmada es la de treinta y siete centros de crisis operativos a día de hoy, financiados directamente con las cuentas europeas, a los que se suman otros dos que ya existían previamente [aquí el listado completo, con las fechas de apertura]. Las prisas son evidentes: solo este viernes se han anunciado trece nuevos centros. Son los de Galicia, donde se han abierto un total de cinco –Santiago de Compostela, Ferrol, Vigo, Lugo y Ourense– y los de Andalucía, con otros ocho, uno por provincia.
No son pocos los territorios a los que se les han acelerado las pulsaciones conforme se acercaba el final de plazo. Castilla y León inauguró cinco entre noviembre y diciembre; La Rioja abrió el suyo el 18 de diciembre; Illes Balears a principios de diciembre; Aragón abrió los tres que le corresponden entre octubre y diciembre; mientras que Castilla-La Mancha sumó dos nuevos centros, los de Cuenca y Ciudad Real, también este mes de diciembre. En esta última comunidad ya se abrió uno en Guadalajara, en octubre, y otro en Albacete, en abril. El que queda en Toledo estará operativo el próximo lunes, según aseguran fuentes del gobierno regional.
Otros, en cambio, han sido más diligentes a la hora de cumplir con sus obligaciones. Cantabria cuenta con su propio centro desde octubre de 2023; Murcia desde diciembre del mismo año y Euskadi dio su objetivo por cumplido tras poner en marcha tres centros entre diciembre de 2023 y julio de 2024. Navarra y Melilla hicieron lo propio en abril del presente año.
Todas las comunidades que han contestado a las preguntas de infoLibre y que no cuentan todavía con centros, insisten: antes del 31 de diciembre, tendrán hechos los deberes. En Extremadura, por ejemplo, afirman que contarán con cuatro espacios próximamente, dos en cada provincia. "La apertura de estos se llevará a cabo en los próximos días, siempre antes del 31 de diciembre", reseñan, puesto que "las obras de los centros han finalizado" y en estos momentos "se están cometiendo las tareas de limpieza y entrada de mobiliario".
Cataluña, por su parte, se aferra en la defensa de su propio modelo. La Generalitat insiste en que ya gestiona un total de diecisiete centros de estas características. Se refiere a los Servicios de Intervención Especializada (SIE), que ofrecen atención y acompañamiento a mujeres y sus hijos e hijas que vivan situaciones de violencia machista, operativos desde el año 2005. Funcionan las 24 horas del día y los 365 días del año. La previsión, informan las mismas voces, es la apertura de otros cuatro, uno por provincia, antes de que finalice el año.
Cientos de mujeres atendidas
El mérito de haber sido pioneros lo tienen dos territorios: Madrid primero y Asturias poco después. Fue ahí donde se construyeron los primeros centros de crisis, hace un lustro, cuando todavía no era un mandato para la administración. En Asturias existe ya un segundo centro desde el pasado 19 de diciembre, este sí, producto de los fondos europeos. Y en Madrid, el más veterano es de carácter municipal, pero se yerguen otros dos gestionados por el gobierno autonómico y también con cargo a las cuentas europeas: uno abrió sus puertas en febrero de 2023 y otro en noviembre de 2024.
El primer centro asturiano ha atendido desde su apertura y hasta el 30 de noviembre de 2024 a un total de 1.176 personas, 801 víctimas de violencia de género. Según datos trasladados por el Gobierno de Asturias, se ha abierto expediente a 696 mujeres que "cumplen con criterios de intervención del centro". De ellas, 534 son mayores de edad, 162 menores, y la mayor parte de las consultas se refirieron a violencia sufrida hace menos de un año. Además, se ha prestado apoyo a 375 familiares o personas allegadas.
En Madrid, el centro de crisis autonómico más antiguo ha atendido, en lo que va de año, a un total de 280 mujeres y 85 familiares de forma presencial, a lo que se suman cerca de mil por vía telefónica.
En el caso de Navarra, el centro, activo desde abril de 2024 y ubicado en Iruña, ha atendido a 258 mujeres hasta el 30 de octubre. "De ellas 146 han iniciado un proceso de recuperación a medio/largo plazo sobre la violencia sufrida, a través de un proceso de intervención educativa y psicológica", afinan fuentes del gobierno autonómico. Otras 112 mujeres han acudido al recurso para recibir asesoramientos puntuales en materia social y jurídica.
El centro abierto en Murcia en diciembre de 2023, por su parte, atendió a 477 mujeres durante el primer semestre del año. Y en Donostia, el recurso ha recibido un total de 141 consultas desde su puesta en marcha en julio y hasta septiembre del presente año. Al centro de Melilla, activo desde abril, han acudido una veintena de mujeres. Y el de Albacete, que nació también en abril, "trabaja de manera continuada con 44 mujeres para asistirlas fundamentalmente a nivel psicológico", señalan fuentes regionales.
"Las víctimas no pueden seguir esperando"
Verónica Barroso, portavoz de Amnistía Internacional, insiste en que la apertura de los centros es una obligación de las instituciones y una necesidad crucial para las víctimas. En 2019 se abre el primer centro de crisis y desde entonces, recuerda a preguntas de este diario, han pasado cinco años: "Está claro que no hay mucha voluntad política por parte de algunas comunidades". Barroso, no obstante, es partidaria de "seguir insistiendo y ver la parte positiva: hay comunidades que lo están poniendo en marcha, saben que es una necesidad y una obligación del Estado".
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Barroso cree clave contar con este tipo de recursos, especialmente en un momento de "incremento de las violencias sexuales". Según datos del Ministerio del Interior, los delitos sexuales aumentaron el año pasado un 15%. Pero además, la atención a víctimas se hace más urgente todavía en un contexto de ruptura del silencio por parte de las mujeres. Es la conclusión a la que llega Bárbara Tardón, doctora en Estudios Interdisciplinares de Género (UAM) y especialista en violencia sexual. Resulta especialmente importante en "un contexto de cambio social y cultural en el que el feminismo y las supervivientes, hartas de estar en silencio, comienzan a narrar sus historias de violencia sexual". Las víctimas, completa, "no pueden seguir esperando porque la atención especializada es un derecho de las supervivientes".
A Tardón dice preocuparle que el asunto "no sea una prioridad" para las comunidades. "Nos debe preocupar como sociedad, ahora que se está consiguiendo romper el silencio, porque estamos observando que las mujeres no tienen donde acudir en ese proceso de reparación". A su juicio, la apertura in extremis escenificada por el grueso de las comunidades en el último mes "demuestra que hay una falta de diligencia política para acompañar a las supervivientes, garantizar y proteger sus derechos".
Los recursos, recuerda la experta, ya están llegando tarde en comparación con el recorrido histórico de otros países. "Desde los setenta existen recursos especializados en el ámbito anglosajón: llegamos tarde y aun así hay comunidades que no prestan ayuda a víctimas más allá de la pareja", lamenta.
Noviembre de 2018. Amnistía Internacional advierte que España lleva tres décadas sin desarrollar políticas públicas para abordar la violencia sexual. En su análisis, destaca un elemento: la total ausencia de espacios de atención 24 horas a víctimas. Los llamaban centros de crisis, y aunque se trataba de un recurso habitual en la tradición anglosajona, nadie había reparado en ellos en suelo nacional. Un año después, abrió el primero. El proyecto se replicó tímidamente, pero no terminó de cuajar. Hasta que las instituciones pasaron de la sugerencia al mandato: todas las provincias, junto a las dos ciudades autónomas, deberían contar con un centro de crisis en virtud de lo dispuesto en la Ley del sólo sí es sí antes de terminar el año 2023. Las comunidades contaban con los recursos económicos, procedentes de Comisión Europea, también con las instrucciones y el tiempo necesario para cumplir con la obligación, pero fueron incapaces. El plazo se amplió y tras dos años de inacción, hoy la inmensa mayoría trata de acelerar, hasta el punto de haber abierto más de una veintena en un solo mes. Pero la violencia sexual sigue sin ser prioritaria: el Ministerio de Igualdad acaba de anunciar una segunda prórroga.