Si la herida nunca había llegado a cerrarse, hoy supura más que nunca. Reino Unido ha sentenciado que las mujeres sólo serán entendidas como tales –a efectos de su ley de igualdad– cuando así lo determine su sexo biológico. El fallo va más allá del debate teórico y deja fuera a las mujeres trans, una exclusión que ha tenido su eco dentro de nuestras fronteras: en forma de celebración, por un lado; pero también como lamento por parte de toda una comunidad. Y en este preciso momento, el Tribunal Constitucional tiene en sus manos los recursos interpuestos contra la Ley trans española. Sobre uno de ellos, deliberará este martes.
El terremoto ha llegado sin que el actual Ministerio de Igualdad, en su día epicentro de la polémica, se haya sacudido. No ha sido hasta el pasado martes, casi una semana después del fallo británico, cuanto la titular de la cartera, Ana Redondo, se ha pronunciado públicamente sobre lo sucedido en Reino Unido: "Cada país tiene su propia legislación, esa es la legislación que aplican los jueces y tribunales en cada uno de los países. En la legislación española la igualdad de trato es una exigencia, tanto desde la Constitución como desde toda la normativa desarrollada en relación al artículo 14. La ley trans y de derechos LGTBI incorpora el respeto a todas estas personas y colectivos en su dignidad y en la expresión de su identidad", ha señalado ante los medios de comunicación, para enseguida subrayar que no es necesario "hacer ninguna extrapolación". En la legislación española, ha reiterado, "se protege y ampara la igualdad de derechos y oportunidades de las personas trans y LGTBI".
El fallo de los jueces británicos resuelve, en esencia, el encaje legal de los términos "hombre, mujer y sexo" en base a su Ley de igualdad de 2010. Y coinciden, por unanimidad, en que es imposible desligar estos conceptos del sexo biológico. "Cualquier otra interpretación haría incoherente e impracticable el funcionamiento" de la ley, observan los togados.
En España, la conocida como Ley trans también encaja en su articulado los efectos que la Ley de Igualdad tendrá sobre las personas del colectivo. Según la norma, las mujeres trans podrán beneficiarse de medidas de acción positiva adoptadas específicamente en favor de las mujeres para aquellas "situaciones generadas a partir de que se haga efectivo el cambio registral, pero no respecto de las situaciones jurídicas anteriores a la rectificación registral". En cuanto a los hombres trans, podrán conservar "los derechos patrimoniales consolidados que se hayan derivado de estas medidas de acción positiva, sin que haya lugar a su reintegro o devolución".
Aunque la ley fue aprobada definitivamente en el Congreso en febrero de 2023, enseguida tuvo que aprender a esquivar los dardos de sus detractores. Meses después de su consolidación en las Cortes, más de cincuenta diputados de Vox decidieron recurrirla ante el Tribunal Constitucional, un camino que sería tomado también por los parlamentarios del Partido Popular. Según el orden del día del tribunal, la deliberación en torno al recurso de los conservadores se producirá este martes, en la reunión del pleno. El ponente será el magistrado Juan Carlos Campo.
El PP argumentó hace ahora dos años que el articulado de la ley vulnera el principio de seguridad jurídica, el de libre desarrollo de la personalidad y el derecho a integridad física. También sostenía que la norma es contraria al derecho de igualdad y protección de la infancia. La extrema derecha, por su parte, defendió con uñas y dientes que la ley "limita de un modo insoportable las libertades y desasiste a los menores", pero supone además "un asalto normativo de una ideología concreta, la ideología de género" al ordenamiento jurídico.
Impacto en suelo español
El tribunal de garantías deberá decidir sobre los recursos, en un contexto de ofensiva contra el colectivo a nivel global y tras el escoramiento de los jueces británicos hacia posturas que excluyen a las mujeres trans. ¿Puede esta decisión tener impacto en los tribunales españoles? A preguntas de infoLibre, la Plataforma contra el Borrado de las Mujeres sostiene que el Constitucional "debería tener en cuenta la relevancia jurídica de las cuestiones que plantea el fallo del Tribunal Supremo de Reino Unido, ya que España mantiene una legislación que colisiona con todos y cada uno de los derechos a que se refiere la sentencia de esa Corte Suprema. El gobierno y los ministerios de Igualdad y Justicia también deberían tomar buena nota", añaden. La organización, no obstante, es crítica con los términos planteados por los partidos de la derecha y la extrema derecha, e insiste en que su hoja de ruta está plasmada en más de una veintena de enmiendas feministas confeccionadas en su día y que "ni son coincidentes ni han sido recogidas por ningún partido político parlamentario".
Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma Trans, representa la cara opuesta. Confía en que la sentencia británica no tenga ningún impacto en la decisión de los jueces españoles, aunque sí cree que la tendencia contraria a las personas trans podría materializarse allá donde las derechas gobiernen. La líder de la entidad se detiene, además, en lo que considera son algunos precedentes jurídicos esperanzadores.
Tras el nombramiento de Isabel García como directora del Instituto de las Mujeres, su plataforma interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo. Y los jueces resolvieron, como parte de la discusión jurídica, que su organización tenía legitimidad para hacer incidencia en los asuntos que interpelan directamente a las mujeres. Los cometidos que desarrolla el Instituto de las Mujeres, argumentaban los magistrados, "no son ajenos a los intereses que quieren defender las recurrentes", quienes "se identifican con la demanda de igualdad entre los que dicen que son ‘diferentes tipos de mujeres que viven en la sociedad’. Por tanto, no puede negarse a priori la conexión entre esos intereses y la labor del Instituto de las Mujeres".
Para Cambrollé, este razonamiento resulta especialmente valioso, dado el contexto internacional, porque reconoce que el colectivo trans está compuesto por mujeres diversas afectadas también por las políticas de igualdad. Pero además, recuerda la activista, el Constitucional ya reconoció hace seis años que los menores con "suficiente madurez" y en situación "estable de transexualidad" deben poder acceder al cambio registral en igualdad de condiciones que los adultos, en una sentencia pionera.
Incluso, incide Cambrollé, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, modificó sus leyes LGTBIQ+ después de que el Gobierno las recurriera ante el TC "porque sabía que iba a venir un varapalo, así que confiamos en que el tribunal frene toda esta ola reaccionaria que se está imponiendo a nivel internacional", sentencia.
La herida se reabre
El TC desautoriza a Ayuso y permite a las asociaciones LGTBIQ+ personarse en procesos judiciales
Con la mirada puesta en Reino Unido, la presidenta de la Plataforma Trans advierte del "peligroso mensaje" que lanza la sentencia, un dictamen que a su juicio "vulnera los derechos humanos y va en contra del derecho internacional". En este punto, Cambrollé recuerda que en 2002 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en un pleito de una particular contra Reino Unido, señalaba ya que la definición sexo-género de una persona va mucho más allá de la apreciación visual de sus órganos genitales externos en el momento del nacimiento y no es un concepto puramente biológico, si no sobre todo psicosocial.
Pero donde la activista trans ve un retroceso, las feministas clásicas perciben un avance. Para la Plataforma contra el Borrado de las Mujeres, la sentencia de Reino Unido "avala todas y cada una de las reivindicaciones del feminismo internacional y del feminismo español que, por ejemplo, ha advertido repetidamente sobre cómo la Ley de Igualdad y la Ley contra la violencia machista se desactivan si desaparecen las protecciones en base al sexo".
Las activistas cargan además contra una respuesta que tildan de violenta por parte de las manifestaciones transinclusivas. "En Londres y otros lugares, hombres han exhibido carteles pidiendo la vuelta a la quema de brujas o animando a ahorcar a mujeres", denuncian. Y en España, el fallo británico "ha tenido como respuesta afirmaciones intolerables, incluso en alguna columna de opinión, acusando a las feministas de atacar a las personas trans por celebrar una sentencia que fija los derechos de las mujeres, o, como ha hecho Irene Montero, responsabilizando a las feministas de los crímenes que puedan cometer hombres. Se está consintiendo un nivel de violencia contra las mujeres que no se admitiría en cualquier otro debate".
Si la herida nunca había llegado a cerrarse, hoy supura más que nunca. Reino Unido ha sentenciado que las mujeres sólo serán entendidas como tales –a efectos de su ley de igualdad– cuando así lo determine su sexo biológico. El fallo va más allá del debate teórico y deja fuera a las mujeres trans, una exclusión que ha tenido su eco dentro de nuestras fronteras: en forma de celebración, por un lado; pero también como lamento por parte de toda una comunidad. Y en este preciso momento, el Tribunal Constitucional tiene en sus manos los recursos interpuestos contra la Ley trans española. Sobre uno de ellos, deliberará este martes.