VIOLENCIA DE GÉNERO
Cuando fallan las medidas de protección activas: Igualdad analiza la "emergencia machista" sin precedentes
Tenía 41 años y el que era su pareja se llevó por delante su vida después de atropellarla. Él tenía antecedentes por violencia machista. Ella deja dos hijos menores de edad. El agresor no iba solo en el automóvil: lo acompañaba un edil del Partido Popular de Toledo, ahora en prisión por su implicación en el crimen. Es el último caso de violencia de género confirmado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ocurrió el pasado jueves y con él, septiembre se convierte en el mes con mayor número de feminicidios, un total de diez. En lo que va de año, ya son 50 mujeres las que han sido asesinadas a manos de hombres que eran sus parejas o exparejas. Son más que las registradas en todo 2022 y 2021, las mismas que en todo 2020.
"Estamos ante una emergencia machista". Son las palabras escogidas por la ministra de Igualdad, Irene Montero, después de que su departamento diera a conocer este lunes el último caso confirmado de violencia de género en el país. Y un recordatorio: este miércoles, vuelve a activarse el llamado comité de crisis. La figura fue creada el verano pasado con un objetivo: reunir a las comunidades y a los agentes implicados en la lucha contra la violencia machista, cada vez que se registraran cinco o más feminicidios en un mes, para analizar por qué la respuesta institucional no fue suficiente para proteger la vida de las víctimas.
Este mes de septiembre, los asesinatos machistas doblaron la cifra que activa la alarma. Es necesario retroceder hasta el año 2018 para encontrar un septiembre con un número tan elevado de feminicidios. Pero la alerta no viene determinada únicamente por lo demoledor de las cifras registradas en septiembre, sino porque el total de feminicidios contabilizados hasta hoy ya supera el total de los dos años previos, e iguala los de 2020. La tendencia, por tanto, pronostica un año crítico para las mujeres y obliga a un análisis pormenorizado respecto al fracaso institucional que sin paliativos evidencian los asesinatos.
A 2 de octubre, las cifras son prácticamente inéditas. Hay que ir a 2010 para observar números similares. Entonces, la violencia machista había segado hasta octubre la vida de 53 mujeres. La tendencia no haría sino crecer y terminaría por fraguar uno de los años más trágicos para las mujeres, con un total de 73 víctimas mortales, el segundo año con mayor número de feminicidios.
Seis mujeres con medidas de protección: ¿qué falló?
La infradenuncia sigue siendo el principal elemento que marca el problema estructural de la violencia machista: en lo que va de año, el 83,3% de las víctimas mortales no había dado el paso de dar la voz de alerta. Una realidad que deja otra lectura nefasta: el 22% de ellas sí acudió a las autoridades, pero no encontró en las instituciones las garantías necesarias para salvaguardarlas. En el 16,7% restante de los casos "no consta" la existencia de denuncias.
En el caso de las doce mujeres que sí habían denunciado, cinco habían pedido medidas de protección, en dos se dispusieron de oficio y en los otros cinco no consta ninguna solicitud. En seis de los casos sí se adoptaron medidas, y en cuatro todavía estaban vigentes en el momento del asesinato. En los otro dos, había finalizado el periodo de vigencia. Qué falló en aquellos casos en los que las víctimas sí habían seguido las vías de la denuncia formal, será uno de los elementos que estudiará este miércoles el comité de crisis.
Sólo hace un mes de la última reunión de esta entidad. Entonces, el Ministerio de Igualdad proponía el desarrollo de medidas concretas, como el acompañamiento continuado de las víctimas de violencia machista durante la recogida de enseres a la casa de su agresor. En aquel momento, el departamento de Irene Montero también miró con lupa el riesgo que entraña el embarazo, un factor que a su juicio debía ser tomado en cuenta en ámbitos como la intervención social, por constituir un momento de especial vulnerabilidad. Igual que en veces anteriores, el comité de crisis determinó la necesidad de repensar el proceso de renovación de las licencias de armas, desde una "perspectiva de género" y al calor de las "preocupantes estadísticas". Igualmente, la pobreza se estudió como "un factor de riesgo crucial" para el que urge poner soluciones. En ese contexto, el Gobierno puso de relieve el acceso prioritario a la vivienda pública, pues el "techo compartido con el agresor sigue siendo un problema".
Estas medidas y las que emerjan tras futuros comités, tienen que ser aprobadas posteriormente en la Conferencia Sectorial de Igualdad –formada por ministerio y comunidades–. Ahí, las herramientas sugeridas por el comité deberán salir adelante si así lo convienen todas las partes y desde ese momento, la mayoría de las actuaciones serán puestas en marcha por las comunidades. "Este comité tiene sentido en tanto que todos los actores nos tomamos en serio las medidas que se ponen encima de la mesa", subrayó hace un mes la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez.
Otros feminicidios
El 44% de las víctimas de violencia machista en 2022 sí había denunciado, casi el doble que el año anterior
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Pero la violencia machista va mucho más allá del ámbito de la pareja o expareja. En el año 2022, primero con datos disponibles, 34 mujeres fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres. Se trata de 21 feminicidios familiares –víctima y agresor compartían algún grado de parentesco–, nueve feminicidios sociales –cometidos por parte del entorno de la víctima– y cuatro feminicidios sexuales –en los que la violencia sexual está en el centro de la agresión–.
Y en el primer semestre de 2023, se han contabilizado trece feminicidios: ocho familiares, tres sexuales y dos sociales. En estos casos, la mayoría de las víctimas (30,8%) tenían entre 51 y 60 años. En el caso de los feminicidios íntimos –aquellos en los que el agresor es pareja o expareja de la víctima–, el rango de edad con mayor número de víctimas (38,5%) es el que va de los 31 a los 40 años.
En cuatro de los feminicidios fuera de la pareja registrados este año, el agresor era hijo o hijastro de la víctima y en otros cuatro era otro familiar. En cinco, eran personas del entorno: uno era su vecino o compañero de piso y otros cuatro eran conocidos sin determinar.