"Se incumple una ley de vida o muerte": qué falla en la aplicación de la norma que visibilizó la violencia machista

28 de diciembre. Hace exactamente dos décadas echaba a andar de manera oficial la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Tan sólo seis días después de haberse aprobado entre los aplausos de un Congreso de los Diputados en pie. El panel luminoso se teñía entonces de un único color, el verde: 325 síes. Unanimidad. En la tribuna de invitados, representantes de las principales asociaciones feministas de España, las verdaderas promotoras del nuevo marco legislativo, pionero en Europa y en el mundo. Sonrisas, celebraciones, distintivos feministas. Una imagen que ha pasado a la historia por su fuerte simbolismo. Empezaba el cambio.

A pesar de ese consenso, la norma es una de las que más veces ha sido recurrida ante el Constitucional. En concreto, se presentaron hasta 180 recursos, de los que fueron admitidos 127. La principal objeción era que la ley vulneraba el principio de igualdad, ya que contemplaba agravamientos de las penas para los hombres. Finalmente, fue avalada por el TS en 2008 aunque, en esta ocasión, no por unanimidad.

"La aprobación de la ley fue un momento muy emocionante para todas. Sacó la violencia de género del rincón donde estaba escondida dentro de los hogares, convirtiéndola en un tema de debate público. Por fin, las mujeres pasamos de poco menos que tener la culpa a que se nos reconocieran verdaderos derechos", recuerda la escritora y periodista Nuria Varela. "Supuso la deslegitimación oficial del machismo. Era la primera vez que se conectaban un hecho social, el ejercicio de violencia individual de muchos hombres, con la estructura cultural en la que todos hemos sido socializados: el patriarcado", completa Iván Sambade, profesor de la Universidad de Valladolid y miembro de su Cátedra de Estudios de Género.

Y en la forma y con las capacidades de una ley integral, no como un mero reconocimiento simbólico. "Fue fundamental por los instrumentos que impulsó: los juzgados especializados, la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, los sistemas de protección para las víctimas..." enumera Varela. "También por la pedagogía de la que iba acompañada. Estamos hablando de una ley aprobada por unanimidad, lo que ahora sería impensable. Su mera aprobación evidencia la existencia de un cambio en el tejido social. Un cambio palpable a lo largo de estos veinte años", reflexiona Graciela Atenzio, periodista y directora de Feminicidio.net.

El machismo en cifras

1.291 mujeres. Es el número de las asesinadas a manos de sus parejas o exparejas desde que se puso en marcha el registro oficial de casos, allá por el año 2003. 46 víctimas confirmadas solo en el último año. Y eso sin tener en cuenta a las asesinadas fuera de una relación sentimental: por los menos otras 62 mujeres desde 2022. Aún así, muchas se siguen quedando fuera. Los nombres de Laura Luelmo, Diana Quer o Nagore Laffage nunca se han incorporado a las estadísticas oficiales.

Si hacemos un análisis en retrospectiva, el saldo es positivo. "Desde la perspectiva de los feminicidios, los casos han bajado considerablemente, entre un 20 y un 40%. Nos hemos situado en la parte más baja de la tabla de asesinatos de mujeres en Europa, frente a países como Francia o Alemania", valora Atenzio. Pero no por eso podemos relajarnos. "Estamos asistiendo a un momento de rearme del patriarcado y la violencia machista no se queda en los asesinatos", continúa.

Las muertes son la cara más cruda de la violencia machista, pero no la única. 1.325.801 llamadas al teléfono 016; 2.349.206 denuncias interpuestas en los últimos quince años; 584.030 órdenes de protección y 18.511 pulseras de seguimiento. Datos que dan cuenta de la extensión de la violencia. Una violencia muy real. El año pasado, el 92,3% de las personas acusadas de violencia machista fueron condenadas. Las denuncias falsas, en cambio, apenas alcanzaron el 0,001%.

Violencia sexual, violencia económica, violencia infantil, violencia digital... Los frentes son múltiples y la vergüenza está cambiando de bando. 1,2 millones de hombres han sido denunciados por violencia machista desde 2007. 1291 hombres han asesinado a la mujer con la que mantenían o habían mantenido una relación de pareja. 122.000 hombres maltratan por primera vez cada año. 100.000 hombres se encuentran en el sistema VIOGEN con medidas de seguimiento.

Retos pendientes

Los expertos coinciden: el marco legislativo español en materia de igualdad es debidamente amplio, pero no termina de aplicarse por completo, ni en todos los ámbitos. "Es un poco tomadura de pelo pensar que se va a erradicar la violencia machista con una ley que se ha dejado de desarrollar", resume Varela. "La normativa sobre los derechos de las mujeres se incumple sistemáticamente. Sin ninguna consecuencia", critica con dureza. "Es una ley integral como las demás. Una ley de vida o muerte. No hay una preocupación política, administrativa y mediática a la altura".

Con una asignatura todavía pendiente, la transversalidad. "No hay suficientes puestos de trabajo específicos para personal formado en violencia de género dentro de la administración", explica la escritora. "La ley necesita más análisis y, sobre todo, apoyo profesional y multidisciplinar", añade Atenzio.

Un 90% de condenas y un 0,001% de denuncias falsas: 20 años de la ley que puso nombre a la violencia machista

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Sambade, por su parte, propone tres ejes de trabajo: "La continuidad de la labor de investigación feminista, que desenmascara las nuevas formas de perpetuación del patriarcado. La coeducación, con insistencia en la formación del propio profesorado. Y el fortalecimiento de las herramientas jurídicas. Herramientas que tienen que incorporar y aplicar la perspectiva de género".

Otra de las grandes olvidadas, la prevención. "Hemos pasado de un planteamiento de política integral a un planteamiento exclusivamente social, desviando todos los esfuerzos al final del proceso. Nos dedicamos a atender y contar las víctimas cuando el daño ya está hecho, cuando ya te han destrozado la vida. Se trabaja desde el concepto asistencial, sin suficiente presupuesto y programas de sensibilización", incide Varela. Un trabajo de prevención que se complica dentro de un sistema infradotado. No solo económicamente, también en disponibilidad de personal cualificado.

"No se está trabajando con el mismo impulso político y social con el que se aprobó la ley integral. Pongámonos en serio con estructuras, presupuestos, herramientas y protocolos. Decimos mucho, hacemos poco", sentencia Varela.