Ocurrió el miércoles por la tarde, en la sede de la soberanía popular. La diputada ultra Carla Toscano se dirigía a la ministra de Igualdad, Irene Montero, para expresar su habitual rechazo a las políticas de igualdad. Toscano, no obstante, decidió ir un paso más allá y manifestar su oposición haciendo uso de la descalificación personal: "Su único mérito es haberse estudiado en profundidad a Pablo Iglesias".
Montero pidió en ese momento mantener la intervención de la parlamentaria en el diario de sesiones, para demostrar la existencia de la "violencia política" que se ejerce contra las mujeres. "Para que no se borre, para que después de mí no venga ninguna, para que se pueda saber que las feministas y las demócratas somos más y vamos a parar a esta banda de fascistas con más derechos", replicó Montero.
En una entrevista con infoLibre con motivo del 8M, la ministra insistía en este mismo asunto. "El tipo de violencia que sufrimos algunas mujeres que estamos ahora en la política institucional y la que sufren activistas como Pamela Palenciano, se llama violencia política y es una estrategia que despliegan los reaccionarios y la extrema derecha y que consiste en destruir tu vida personal, escrutar tu vida, ridiculizarte, infantilizarte, hacer que no seas respetable para la opinión pública. Es una estrategia que se llama violencia política contra las mujeres, las compañeras latinoamericanas la tienen completamente teorizada".
Lo cierto es que el concepto de violencia política no es nuevo y es precisamente, tal como reseña la ministra, en América Latina donde ha calado en mayor medida. La Organización de Estados Americanos (OEA) celebró en 2015 su VI Conferencia de Estados Parte de la Convención de Belém do Pará, en Lima (Perú), donde los participantes acuerdan que la violencia política contra las mujeres incluye cualquier conducta que tenga "por objeto menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir los derechos políticos" de las mujeres, como el de "participar en los asuntos políticos y públicos en condiciones de igualdad con los hombres". Esta violencia, señalaron entonces, impide "que se les reconozca como sujetos políticos y por tanto desalienta el ejercicio y continuación de las carreras políticas de muchas mujeres".
Un año después, nacía la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política, elaborada por los mecanismos de seguimiento de la convención. "La violencia contra las mujeres en la vida política puede incluir, entre otras, violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica", introduce el texto.
Pero la primera ley específica para prevenir la violencia política es mérito de Bolivia. Tras el asesinato de la concejala Juana Quispe, el país aprueba en 2012 su propia legislación: "La presente ley tiene por objeto establecer mecanismos de prevención, atención, sanción contra actos individuales o colectivos de acoso y/o violencia política hacia las mujeres, para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos".
En el año 2018, el de la violencia política como un problema global contra las mujeres llega a Nueva York, de la mano de las Naciones Unidas. El organismo internacional crea un grupo de trabajo al que contribuyen decenas de expertos y cuyas conclusiones quedaron plasmadas en el informe Violencia contra las mujeres en política, donde se constata que la violencia política recae sobre diputadas, concejalas, candidatas electorales, defensoras de los derechos humanos y víctimas indirectas, como amigos y familiares.
Una encuesta de la Unión Interparlamentaria (UIP), recogida por el citado informe, revela que el 81,8% de las parlamentarias experimentó violencia psicológica, el 44,4% recibió amenazas de muerte y hasta el 25,5% sufrió violencia física en sede parlamentaria. El 38,7% considera que la violencia política contra ellas socava el cumplimiento de su mandato y lastra su libertad de expresión. El 46,7% reconoce temer por su seguridad y la de sus familiares.
La Guía sobre violencia política de género contra las mujeres en medios de comunicación y redes sociales, confeccionada este año por ONU Mujeres Ecuador, recoge el consenso internacional en cuanto a la definición de violencia política. Se trata de "difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública y/o limitar o anular sus derechos políticos". Según el mismo análisis, este tipo de violencia adopta distintas formas, desde expresiones ofensivas basadas en sesgos de género, hasta la evaluación de las capacidades intelectuales de las políticas, pasando por ataques a cuenta de la defensa activa de los derechos de las mujeres.
Aleccionar a las mujeres
La socióloga Fefa Vila sostiene que "las provocaciones de la ultraderecha buscan sujetar a las mujeres, frenar las políticas de igualdad e intentar que no tengan efectos reales. Crear un estado político de intimidación para todas las mujeres, impedir que se desarrollen como ciudadanas". Las secuelas, reflexiona, son "demoledoras" para el "conjunto de las mujeres y para las feministas en particular".
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Esta forma de violencia tiene también un "efecto modelizante" y lanza un mensaje "al resto de la sociedad", completa Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres. Está presente en los centros de trabajo, pone como ejemplo la experta, pero también atraviesa a las activistas sociales –como es el caso de Berta Cáceres– y a las mujeres que se juegan la vida –por ejemplo, en Afganistán–. "Todas las mujeres que están en el ámbito público, en el desempeño de su responsabilidad se enfrentan a ataques que cuestionan su competencia y su capacidad", subraya, pero aquellas que se dedican a la defensa de los derechos de las mujeres, se ven obligadas a lidiar con un plus de violencia. "No en vano la totalidad de ministras de Igualdad en España han sido vilipendiadas, insultadas, vejadas y puestas en cuestión por adversarios políticos", reflexiona Soleto.
Patricia Ponce, activista feminista y miembro de la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad (Compi), cree que el ejercicio de la violencia contra líderes políticas se ha visto alimentado por las dinámicas de las redes sociales: "Se ha dejado de argumentar, de debatir desde el conocimiento" y se ha abierto paso "a las formas despectivas y descontextualizadas". El objetivo, coincide con las voces consultadas, tiene que ver con "demeritar y hundir a la otra persona" a través de una estrategia que "obedece a lo fácil, a la falta de argumentario y de reflexión crítica".
Las feministas llevan años alertando de estos males y denuncian la falta de mecanismos efectivos para combatir la violencia política en las instituciones. Si a lo largo de la historia se han sucedido episodios de violencia contra mujeres que participan en política, si existe un consenso internacional sobre su existencia, ¿por qué no se han desarrollado medidas para prevenirla y sancionarla? "No puedo entender que el Congreso, la sede de la soberanía del pueblo, no tenga una herramienta más allá de la llamada de atención para confrontar lo que ocurrió el miércoles", admite Soleto. La ausencia de instrumentos formales contrasta, en cambio, con la respuesta unánime de las mujeres feministas: "Muchas que no estamos de acuerdo con Irene Montero la estamos defendiendo", reconoce Ponce, "tenemos que apoyar a una persona que está sufriendo este acoso y derribo".
Ocurrió el miércoles por la tarde, en la sede de la soberanía popular. La diputada ultra Carla Toscano se dirigía a la ministra de Igualdad, Irene Montero, para expresar su habitual rechazo a las políticas de igualdad. Toscano, no obstante, decidió ir un paso más allá y manifestar su oposición haciendo uso de la descalificación personal: "Su único mérito es haberse estudiado en profundidad a Pablo Iglesias".