"Ambicioso", en la jerga de la acción climática, es un término aún más subjetivo que de costumbre. Es posiblemente el término más utilizado en las predicciones –y en los deseos– que ecologistas, científicos, políticos y expertos de todo tipo expresan acerca de un futuro sostenible que nunca acaba de llegar y, a juzgar por lo rápido que avanzan los efectos del cambio, cada vez está más lejos. "Ambicioso" es el adjetivo que ha utilizado la Comisión Europea para presentar en sociedad el nuevo acuerdo en materia de recorte de Gases de Efecto Invernadero (GEI). A buen seguro no significa lo mismo que el "ambicioso" que utilizaría un activista o un habitante de un país insular a punto de ser engullido por el océano. Pero ni siquiera es el mismo que utilizaría el Parlamento Europeo o el Consejo Europeo, las dos otras patas de la negociación a tres bandas, base de la legislación europea.
La Unión Europea lleva tiempo debatiendo cómo trasladar al papel y a la ley las intenciones del Acuerdo de París. El Parlamento Europeo y el Consejo (compuesto por los ministros de Medio Ambiente –en este caso– de todos los países miembro) llegaron a un acuerdo, en base a una propuesta del Ejecutivo comunitario, para reducir un 30% en 2030 y en comparación con 2005 las emisiones de los llamados sectores difusos: la agricultura, la construcción o el transporte, todos aquellos que no son responsabilidad de la industria y que en España alcanzaron, en 2015, el 58% del total de los GEI. El acuerdo, aunque aún provisional, tiene todas las papeletas para ser ratificado por el pleno de la UE en febrero sin modificaciones de calado.
Tal y como contábamos en infoLibre hace unas semanas, esta es una de las dos grandes negociaciones sobre la acción climática que se lleva a cabo en el seno de la Unión Europea. La otra es la que atañe a la cuota de energías renovables que los Estados miembro deben cumplir en 2030, y con la que el Consejo se reafirmó el pasado 18 de diciembre en el 27%, frente al 35% que pide el Parlamento Europeo, con el exministro español José Blanco al frente. Esa batalla está aún por librar, pero la de los sectores difusos parece que ya ha llegado a su fin con ese 30% del acuerdo alcanzado. Dos son las características principales de lo firmado: es vinculante y cada país tiene una cuota particular que cumplir, según su punto de partida y sus posibilidades. A España le ha tocado un 26%, frente al 40% de Luxemburgo y Suecia, el 39% de Dinamarca y Finlandia o el 37% de Francia e Italia.
¿Y por qué a España le toca menos? El porcentaje de lo que se conoce como el reparto del esfuerzo se calcula según el PIB per cápita que cada Estado miembro tenía en 2003. Si estaba por debajo de la media europea, como era el caso de España, sale beneficiado del reparto. A ello también se le suma el grado de evolución de cada país en cuestiones de sostenibilidad mediante un análisis costo eficiencia, que Carlos Calvo, de la organización Transport & Environment, ejemplifica así: "Imagínate que los edificios de Dinamarca tienen ventana doble, y en Reino Unido tienen cristal simple. En el caso de Dinamarca, con el mismo euro, no consigue mucho, y Reino Unido sí". Los países más ricos dentro de la UE asumen, en teoría, menos carga por esta regla, ya que tienen trabajo adelantado, pero a su vez sus porcentajes son más elevados porque pueden asumirlo según la primera regla, la del PIB.
Transport & Environment, una de las ONG más influyentes con respecto a la acción climática europea, asegura que el acuerdo es de todo menos "ambicioso" y que no ayuda a lograr los objetivos del Acuerdo de París, de 2 grados de calentamiento global con respecto a los niveles preindustriales. "Para cumplirlos, deberíamos llegar casi a un 90% de reducción de emisiones en 2050. ¿En 20 años vamos a pasar del 30 al 90?", se pregunta.
La letra pequeña
Además, al leer la letra pequeña del acuerdo vienen los matices, las flexibilidades, los trucos y las tretas para que realmente el esfuerzo de los países no sea tan severo. En primer lugar, el objetivo de cada país se establece anualmente hasta llegar al final de 2030 y su cumplimiento será revisado periódicamente. Pero, ¿desde cuándo empezamos a contar? Esa fecha ha sido, también, objeto de debate entre el Parlamento, que apostaba por 2018, y el Consejo, que prefería 2020. Finalmente se ha acordado junio de 2019, más cerca de la postura de los Estados miembro. Esto, asegura Calvo, es un ejemplo de menor ambición. Si las exigencias europeas empiezan más tarde, la curva de dificultad para llegar a la meta se aligera, puesto que se tendrán en cuenta los niveles actuales para dibujar una pendiente menor, explica.
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Es una de las condiciones del acuerdo que flexibilizan el esfuerzo de los países europeos. La intención de países como Italia y España de que se tuvieran en cuenta lo que han reducido en emisiones de más con respecto al objetivo de 2020 se ha aprobado, finalmente. También podrán comprar o vender derechos de emisión entre ellos para cumplir el objetivo de cada año. Si a Portugal le sobra un 2% y a España le falta ese 2%, por ejemplo, puede comprárselo para sacar buena nota, sin hacer un esfuerzo de reducción de emisiones real. Además, se ha establecido un mecanismo por el cual algunos países –entre los que no está España– pueden utilizar el superávit que deja su industria acogida al mercado europeo de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés), por el cual las compañías compran y venden sus derechos para emitir contaminantes. Otros, entre los que sí está España, pueden acogerse a lo que se llamará reserva de seguridad, que funcionará a partir de 2032 y que contará con un límite de 115 millones de toneladas anuales de CO2 equivalente. Los Estados más pobres podrán acudir a esta reserva en caso de necesidad siempre que la UE al completo llegue al objetivo del 30% en 2030.
El último acuerdo que flexibiliza los objetivos es relativo a lo que en jerga climática se conoce como El uso de la tierra, El cambio en el uso de la tierra y los Bosques (LULUCF, siglas en inglés). La agricultura es uno de los sectores difusos a los que más les cuesta reducir sus emisiones, y por ello se permite contar el CO2 que absorbe la tierra y los árboles, y que funcionan como un sumidero, a la hora de calcular el avance de cada país.
Las negociaciones a tres también llegaron a un acuerdo para reformar el ETS, cuyo principal objetivo es que el mecanismo siga siendo un aliciente para las empresas para reducir sus niveles de contaminación. Así, la industria y los sectores difusos ya han alcanzado el consenso para, juntas, llegar al objetivo global del 40% de reducción de emisiones para 2030 establecido en el Plan de Energía y Clima europeo. Un objetivo criticado por activistas y expertos por la misma "ambición" de la que presume la Comisión Europea en sus notas de prensa. Con esas metas no se cumplirán los objetivos del Acuerdo de París, como advierten hasta informes encargados por el propio Parlamento Europeo. Las comillas al adjetivo las quitará o las dejará puestas el cambio climático, que avanza más rápido que las discusiones del club comunitario.
"Ambicioso", en la jerga de la acción climática, es un término aún más subjetivo que de costumbre. Es posiblemente el término más utilizado en las predicciones –y en los deseos– que ecologistas, científicos, políticos y expertos de todo tipo expresan acerca de un futuro sostenible que nunca acaba de llegar y, a juzgar por lo rápido que avanzan los efectos del cambio, cada vez está más lejos. "Ambicioso" es el adjetivo que ha utilizado la Comisión Europea para presentar en sociedad el nuevo acuerdo en materia de recorte de Gases de Efecto Invernadero (GEI). A buen seguro no significa lo mismo que el "ambicioso" que utilizaría un activista o un habitante de un país insular a punto de ser engullido por el océano. Pero ni siquiera es el mismo que utilizaría el Parlamento Europeo o el Consejo Europeo, las dos otras patas de la negociación a tres bandas, base de la legislación europea.