En 2013, el presidente francés François Hollande le entregaba a Josette Audin copias de documentos relativos a su marido, Maurice Audin (1), así como una lista de archivos que ella podía ir a consultar y copiar. Josette Audin accedía, entre otros documentos, a un expediente incautado en el domicilio del coronel Yves Godard, que en ese momento estaba prófugo. Godard era uno de los jefes de la Organización Armada Secreta (OAS), una organización terrorista que reivindicaba la Argelia francesa.
En realidad, la decisión del presidente no fue extraordinaria: la ley francesa reconoce que la razón de Estado permite estampar en documentos el sello de “confidencial”, “secreto”, o “muy secreto” para impedir su consulta, pero solo durante 50 años. Por lo tanto, el expediente Godard, entregado a los Archivos en 1961, podía consultarse íntegramente desde 2011.
¿Qué contiene ese expediente? En particular, como la tesis oficial para explicar la desaparición de Maurice Audin es la evasión, encontramos documentos fabricados por el ejército para respaldar esa tesis, con sus contradicciones. Godard presenta cada pieza a su manera, porque probablemente montó ese expediente para cubrirse, y para que sirviera eventualmente contra otros militares. Esto es lo que vemos en los archivos de Godard en California, desenterrados en 2011 por Nathalie Funès, periodista del Obs. En un borrador de libro inacabado, ataca a Jacques Massu, general responsable de la batalla de Argel, pero quien no se sumó a la OAS, y acusa a Gérard Garcet, un allegado de Massu, de haber ejecutado a Maurice Audin, lo cual no aparece en el expediente conservado por los Archivos Nacionales.
Evidentemente, Garcet negó las acusaciones de Godard: pero como ambos estaban involucrados en la represión de los argelinos y utilizaron la mentira como una de sus “cualidades” profesionales, sus declaraciones deben ser verificadas y confrontadas con otras fuentes.
Nada mejor que una investigación judicial, y los archivos contradictorios en relación a Maurice Audin fueron reunidos previendo en primer lugar una investigación semejante, y luego se completaron tras la denuncia de Josette Audin por homicidio voluntario. La investigación se llevó a cabo en un contexto complicado. Interrumpida debido a leyes de amnistía, reunió sin embargo testimonios escritos conservados en los archivos departamentales del tribunal competente, pero no en los Archivos Nacionales.
¿Documentos privados o públicos?
Los archivos son de diferente tipo, y por lo tanto, se encuentran en diversos lugares. Así, los diarios de esa época se encuentran en la Biblioteca Nacional, y los historiadores y los periodistas pueden acceder a ellos rápidamente. Pero la administración francesa produce gran cantidad de papeleo, una parte del cual se encuentra en los Archivos. El ejército no escapa a esa regla. Al general Paul Aussaresses le gustaba decir que había un “talonario”, un cuaderno numerado donde cada página estaba seguida por tres copias; día tras día, Aussaresses detallaba sus actividades, guardaba una copia y distribuía las otras a diferentes destinatarios, entre ellos Massu. Sería sorprendente que esas copias no hayan sido archivadas. ¿Pero dónde encontrarlas? ¿En los archivos de Aussaresses o de Massu? No sabemos qué contienen porque se mantuvieron en manos privadas, lo cual es escandaloso: son documentos profesionales y no personales, deberían volver al patrimonio público, como ya lo propuso en 1996 un informe encargado por el gobierno de Alain Juppé:
Los archivos producidos por las autoridades políticas (presidente de la República, miembros del gobierno o ejecutivos locales) y por sus gabinetes en el ejercicio de sus funciones públicas tienen carácter público, al igual que los archivos de los responsables de la administración, del ejército y de la diplomacia.
Si Aussaresses no mintió, quedan dos ejemplares de esos registros. Resta saber dónde están, y si les estamparon el sello de “secreto” o no. Si esos papeles no fueron destruidos, contienen elementos precisos sobre los detenidos y las decisiones tomadas en relación a ellos: el general Aussaresses dijo que todas las mañanas decidía con Massu el destino de cada uno de ellos, y es lo que anotaba en su “talonario”.
Maurice Audin y la razón de Estado
En el caso de Maurice Audin, la consulta de los archivos nacionales no aporta mucho. En los archivos de la presidencia de la época del general de Gaulle encontramos una nota de cuatro páginas con fecha 4 de agosto de 1960, e incluso varias versiones sucesivas de esa nota, seguramente redactada por pedido del general en relación al caso Audin, un caso del que se hablaba más de lo que al general probablemente le gustaba.
Basta con leer las páginas 3 y 4 de esa nota para comprender lo que es la razón de estado. Al presidente le explican bien la alternativa: castigar a los culpables del homicidio de Audin, o demorar la instrucción para no cargarles a los militares la responsabilidad de los poderes públicos:
Así que, si se mantiene la orientación dada actualmente a la instrucción, es probable que en los próximos meses el caso Audin tome una nueva dimensión debido a la importancia de las personalidades –políticas o militares–que serán incriminadas al respecto.[…]La posibilidad de esa eventualidad debe apreciarse a la luz de dos tipos de consideraciones:1º) A favor de una ampliación de la información y de la remisión del caso ante un tribunal podemos invocar: el deber del gobierno, que no puede dudar que Audin ha sido víctima de un homicidio, de descubrir a los culpables y castigarlos; la profunda emoción que necesariamente suscitará en varios sectores de la opinión el hecho de que aún se desconozcan las circunstancias exactas de la muerte de Audin y que el crimen siga impune; el temor (como el del abogado Michelet) de que un sobreseimiento dictado por un juez de instrucción sea visto como resultado de las presiones del poder.2º) La idea de que el caso Audin no es, contrariamente a lo que se empecinan en demostrar algunos círculos, un caso de prueba y que la información debería más bien lentificarse se justificaría en cambio por las siguientes consideraciones: el caso Audin se produjo durante la “batalla de Argel”, es decir, en un período de tensión extrema; no es moralmente justo que algunos militares carguen con la responsabilidad de actos que los poderes públicos conocían y toleraban, juzgando que el empleo de prácticas ilegales les causaba menos dificultades que una adaptación de la legalidad a las circunstancias; Audin, miembro del Partido Comunista Argelino, era culpable de hechos que por supuesto no merecían la pena capital, pero que constituían sin embargo una colusión con la rebelión; los ultrajes del “Comité Audin” y la explotación que hizo dicho comité de la desaparición de ese joven profesor para combatir la política gubernamental en Argelia y censurar la acción del ejército sensibilizaron profundamente a los círculos militares respecto a este caso.
No se necesitan archivos para saber qué opción se eligió: la información fue “lentificada”.
Una promesa del presidente que no generó ningún efecto
El 13 de septiembre de 2018, el presidente francés Emmanuel Macron visitaba a Josette Audin para entregarle una declaración oficial publicada en el sitio web del palacio del Elíseo. Allí describe el denominado sistema de “arresto-detención” implementado durante la guerra de Argelia: arresto arbitrario, tortura, ejecución sumaria. Allí reconoce que Maurice Audin fue víctima de ese sistema como muchos otros, sin poder decir si fue asesinado durante una sesión de tortura o ejecutado posteriormente. Allí anuncia la apertura de los archivos relativos a todos los desaparecidos de la guerra de Argelia. Incluso señala que se trata de desaparecidos civiles y militares, tanto franceses como argelinos. Para los archivistas, el trabajo será colosal: identificar los archivos relevantes y ponerlos a disposición del público.
Un año después, el 20 de septiembre de 2019, durante una jornada de estudio organizada en la Asamblea Nacional sobre el tema Los desaparecidos de la guerra de Argelia a causa de las fuerzas del orden francesas, Jean-Charles Bedague, del Servicio Interministerial de los Archivos de Francia (el SIAF), anunciaba las declaraciones del presidente de la república se aplicarían “dentro de poco”. Unos días antes se había publicado un decreto, pero solo concernía el caso de Maurice Audin. Solo se necesitaba tener confianza: se había creado un sitio web de búsqueda de los archivos que próximamente sería alimentado con contenidos.
Sin embargo, desde diciembre de 2019, es forzoso constatar que sucedió lo contrario. La Secretaría General de Defensa Nacional y Seguridad (SGDSN) hace caso omiso de las declaraciones presidenciales y aprieta las tuercas reactivando el artículo 63 de la Instrucción General Interministerial IGI-1300 adoptada en 2011, un texto no debatido y superior a la ley discutida de 2008, que disponía que “los documentos de archivos públicos son por principio libremente comunicables a cualquier persona que así lo solicitara”. Y no es la nueva versión del IG1300, publicada en el Journal officiel del 15 de noviembre, la que cambiará la situación.
Dos archivistas apartados
Así que los archivos vuelven a cerrarse, porque las intimidaciones respecto a su publicación surten efecto: así, divulgadores y archivistas son amenazados con diversas penas, todos potencialmente acusados de exponer información sensible. Para reforzar su control, en 2020 el SGDSN exigió que los documentos “confidencial”, “secreto” y “muy secreto” estuvieran desclasificados página por página antes de su consulta. Se trata de un trabajo titánico que desalienta cualquier intención de abrir esos archivos, y hasta podría incluir los archivos que ya fueron consultados, e incluso publicados. Eso es lo que justifica las acciones conducidas contra esta IGI 1300 contraria a la ley: se publicaron columnas periodísticas, peticiones, se hicieron apelaciones en el Consejo de Estado de parte de asociaciones de historiadores y de archivistas, entre otras, del Collectif secret défense, un enjeu démocratique (Colectivo Secreto de Defensa, una cuestión democrática).
En cuanto a los archivos privados de Josette Audin, fueron depositados en la biblioteca museo La Contemporánea y ya pueden consultarse, porque en este caso el SGDSN no tiene que pronunciarse.
Con los acontecimientos del 17 de octubre de 1961, la guerra de Argelia irrumpió brutalmente en Francia. Ese día, en París, los argelinos, provenientes de los barrios populares por iniciativa del FLN, querían protestar pacíficamente contra la represión que los afectaba. El desfile se transformó en un baño de sangre: decenas de manifestantes fueron ejecutados y sus cuerpos arrojados al Sena, bajo las órdenes del prefecto Maurice Papon, el mismo que había aplicado –e incluso sobrepasado– las órdenes de arrasar a la población judía de Burdeos a partir de 1942.
Los archivos de esa matanza estuvieron bajo llave durante décadas. El historiador Jean-Luc Einaudi, a quien le impidieron acceder a ellos so pretexto de que no era un universitario, recogió sin embargo bastantes elementos por fuera de las instituciones y publicó La bataille de Paris (La batalla de París) (Seuil, 1991). En 1999, luego de haber sido enjuiciado por su papel en la colaboración y la deportación de los judíos, Maurice Papon demandó a Jean-Luc Einaudi por difamación. Entonces entraron en escena los archivistas Brigitte Lainé y Philippe Grand, que como informantes revelaron las pruebas de la masacre. Lainé era conservadora en jefe en los Archivos de Francia. En los Archivos de París, Lainé estaba a cargo, junto con su colega y amigo Philippe Grand, de los archivos judiciales. Ellos examinaron los archivos que van de septiembre a diciembre de 1961. En febrero de 1999, Lainé brindó testimonio a favor de Jean-Luc Einaudi contra el derecho de reserva que se le imponía: “Desde el mes de septiembre hay una constante en la puesta en escena de la muerte: una mayoría de ahogados encontrados en el Sena o en los canales parisinos, con las manos atadas o con rastros de estrangulación o de balas.”
Maurice Papon perdió su juicio contra Jean-Luc Einaudi, pero los archivistas y el acceso a los archivos no salieron indemnes de la prueba. Brigitte Lainé y Philippe Grand fueron perseguidos por sus superiores, descendidos de categoría, los apartaron, les prohibieron el contacto con el público y sus expedientes fueron confiscados. Fueron rechazados por una parte de sus colegas, también dispuestos a condenarlos a través de una petición ante Catherine Trautman, ministra de cultura del gobierno de Jospin (1997-2002).
En marzo de 2003, el Tribunal Administrativo de París reconoció que había habido sanciones disciplinarias disimuladas contra Brigitte Lainé y Philippe Grand, y anuló las notas de servicio. Una sentencia sin efecto. En marzo de 2004, el mismo tribunal le exigió a la alcaldía de París ejecutar la sentencia. Sin resultado. Ambos archivistas se jubilaron en la indiferencia y el oprobio por haber roto el “secreto” de los archivos de la guerra de Argelia. Brigitte Lainé murió el 2 de noviembre de 2018 sin haber sido reivindicada.
Otros puntos ciegos de la historia reciente
La guerra de Argelia no es el único punto ciego de los archivos en Francia. Los de la Segunda Guerra Mundial, en particular de la colaboración, permanecieron inaccesibles durante mucho tiempo, hasta la ley de 2008. La historia de ese período negro se escribía entonces fuera de Francia, desde los Estados Unidos, el Reino Unido o Alemania. Ahora están abiertos.
Los archivos de la (des)colonización o de la “Françafrique” (“franciáfrica”) siguen siendo ultrasensibles. Además de la desaparición de Maurice Audin y de la masacre del 17 de octubre de 1961, la mitad de los doce casos reunidos en el Colectivo Secreto de Defensa se relacionan más o menos con ellos: masacre de tiradores senegaleses en Thiaroye, Senegal, en 1944; masacres de Sétif, Guelma y Kherrata en 1945; secuestro y asesinato de Mehdi Ben Barka el 29 de octubre de 1965 en París; asesinato de Henri Curiel el 4 de mayo de 1978, en París; desaparición del magistrado Bernard Borrel el 18 de octubre de 1995 en Yibuti; el papel de Francia en el genocidio de los tutsis en Ruanda, en la primavera de 1994; e incluso el asesinato de los periodistas Ghislaine Dupont y Claude Verlon en Mali, el 2 de noviembre de 2013.
Para todos esos “expedientes”, los historiadores, las familias, los jueces, los archivistas involucrados en la búsqueda de la verdad se topan –a pesar de los plazos en principio acortados– con el secreto de defensa. Y con las mil y una formas de negar o de sabotear la comunicación de los documentos: archivos expurgados en los cuales algunos pasajes enteros fueron recubiertos con una espesa tinta negra que los volvió ilegibles; plazos de consulta de geometría variable sin justificación; identificaciones incorrectas de los archivos; dispersión en diversas administraciones, o incluso ignorancia lisa y llana de la autoridad que los requiere. En 1981, uno de los miembros del gabinete de Gaston Defferre, en ese entonces ministro de Interior, solicitó ante el Servicio de Documentación Exterior y de Contraespionaje (SDECE) que se le comunicara el expediente de Henri Curiel. En una primera reunión le entregaron una fina carpeta con tres hojas y apenas unas líneas. El solicitante protestó. Durante su segunda convocatoria, la pieza adonde lo hicieron entrar estaba repleta de expedientes sin clasificar ni etiqueta: una selva impracticable.
Sin embargo, a veces la justicia les da la razón a los más obstinados. El 12 de junio de 2020, el Consejo de Estado respaldó al investigador François Graner en su demanda de acceso a los archivos del presidente François Mitterrand depositados en los Archivos Nacionales cuando estaba en funciones, en particular los de la primavera de 1994, cuando se perpetró el genocidio de los tutsis de Ruanda por los hutus que detentaban el poder. Pero la administración rechazaba sistemáticamente al investigador. Por primera vez, la Suprema Corte de Justicia Administrativa decidió que “la protección de los secretos del Estado debía sopesarse con el interés de informar al público sobre estos acontecimientos históricos”. Y en ese caso preciso, ese interés de informar era superior al secreto. Fue una decisión que creó jurisprudencia, abriendo un camino que podría conducir a Francia a seguir el ejemplo de otras democracias. Al igual que en los Estados Unidos, donde el plazo para la divulgación de los registros del gobierno federal es de diez años. Puede incluso reducirse aún más si se considera que la transparencia es más importante para la democracia que el secreto. Esto explica por qué, para entender los entresijos de la desaparición de su marido y padre, la familia de Maurice Audin tuvo que hacer el desvío a los Estados Unidos.
Traducido por Ignacio Mackinze.
Ángel Viñas: “Hay que abrir todos los archivos ya. La democracia no puede temer nada del franquismo”
Sylvie Braibant es historiadora, periodista, ex redactora en jefe de TV5 Monde. Pierre Audin es hijo de Josette y Maurice Audin.
Notas
(1) Maurice Audin (1932-1957) era miembro del Partido Comunista Argelino y militante por la independencia argelina. Detenido el 11 de junio de 1957 durante la batalla de Argel, desapareció en una fecha desconocida. Su cuerpo nunca se encontró.
Aquí puedes leer el texto original en francés.
En 2013, el presidente francés François Hollande le entregaba a Josette Audin copias de documentos relativos a su marido, Maurice Audin (1), así como una lista de archivos que ella podía ir a consultar y copiar. Josette Audin accedía, entre otros documentos, a un expediente incautado en el domicilio del coronel Yves Godard, que en ese momento estaba prófugo. Godard era uno de los jefes de la Organización Armada Secreta (OAS), una organización terrorista que reivindicaba la Argelia francesa.