La empresa petrolera BP ha llegado a un acuerdo provisional con las autoridades estadounidenses para cerrar todas las demandas federales y estatales surgidas a raíz del vertido de petróleo en el Golfo de México ocurrido en 2010.
Así, la compañía abonará 16.846 millones de euros a través de su filial BP Exploration and Production al Gobierno de Estados Unidos y a los Estados de Alabama, Florida, Louisiana, Mississipi y Texas, cinco años después del accidente. El acuerdo con estos territorios de la Costa del Golfo incluye el cierre de las demandas interpuestas contra BP por más de 400 entidades locales.
En concreto, la petrolera desembolsará 4.955 millones de euros en un plazo de quince años como sanción administrativa por la Ley del Agua Limpia. Asimismo, pagará a EEUU un total de 6.397 millones en concepto de daños a los recursos naturales, además de los 901 millones ya entregados por restauración.
Una cantidad adicional de 209 millones de euros será abonada por parte de BP para cubrir otros daños de los recursos naturales que aún no se conozcan.
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La compañía pagará también 4.415 millones durante 18 años para cerrar demandas económicas y de otro tipo interpuestas por los cinco Estados de la Costa del Golfo y 901,03 millones de euros para resolver las demandas de las más de 400 entidades locales.
"Hace cinco años nos comprometimos a restaurar la economía y el ecosistema del Golfo y hemos trabajado desde entonces para cumplir esa promesa", afirmó el presidente de BP, Carl-Henric Svanberg. En su opinión, la compañía ha hecho un "significativo progreso" y este acuerdo "resuelve las mayores denuncias que se mantienen, aporta claridad en los costes y crea certidumbre de pago para todas las partes implicadas".
El consejo considera que este acuerdo está en línea con el "mejor interes a largo plazo" de BP y de sus accionistas y no ha cambiado su posición sobre el dividendo, que fue fijada en el primer trimestre, según ha indicado Svanberg.
La empresa petrolera BP ha llegado a un acuerdo provisional con las autoridades estadounidenses para cerrar todas las demandas federales y estatales surgidas a raíz del vertido de petróleo en el Golfo de México ocurrido en 2010.