El estallido de la pandemia hizo que la Comisión Europea tomara una de las pocas decisiones de calado que tenía a su alcance sin permiso de los gobiernos: activar la cláusula de suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Son las normas fiscales de la Unión Europea que según las malas lenguas no garantizan ni estabilidad ni crecimiento y que oficialmente obligan a mantener una política económica que lleve el déficit público por debajo del 3% del PIB y la deuda pública por debajo del 60% del PIB. Tres años después el Pacto de Estabilidad sigue suspendido.
La Comisión Europea lleva meses trabajando para poner de acuerdo a los gobiernos en una reforma indispensable para que vuelva a aplicarse porque hasta los tacañones alemanes, holandeses o austríacos reconocen ya la necesidad de esa reforma. El Pacto de Estabilidad es procíclico, sus multas son tan grandes que no se aplican, sus procedimientos son engorrosos y opacos, lo suficientemente flexibles para activarse según quién incumpla. Cuando se le preguntaba al ex presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker por qué se no multaba a Francia por déficits excesivos respondía: “Porque Francia es Francia”.
Puestos a reformarlo la Comisión Europea juega entre dos aguas. De un lado tiene a los países que no quieren apenas tocarlo, como Alemania, Países Bajos, Austria o Finlandia. Del otro lado a los que exigen una reforma en profundidad que lo haga más claro, previsible y práctico, además de tener en cuenta que cada país tiene unas condiciones económicas diferentes y no puede aplicarse la misma regla a todos.
La solución, que puede estar sobre la mesa de la cumbre europea de finales de marzo para que los dirigentes nacionales den su visto bueno político antes de que pase a los ministros de Economía y Finanzas, puede ser un Pacto de Estabilidad que respete los principios básicos del 3% del déficit y el 60% de deuda pública pero que a la vez tenga en cuenta caminos fiscales diferentes para cada país.
La propuesta, que se basa en una comunicación de la Comisión Europea del pasado noviembre, obligará a los Estados miembro a presentar planes fiscales estructurales de medio plazo. Esos planes incluirán no sólo la senda fiscal propuesta para reducir déficit y deuda pública sino también las reformas y grandes inversiones previstas. Bruselas busca así copiar el sistema de planes de recuperación que montó para acceder a los fondos del Next Generation.
La Comisión Europea tiene varios objetivos. Usando el gasto público primario (sin contar el pago de intereses de la deuda, lo que beneficiaría a los países con primas de riesgo más altas) como medida más importante, se tendrían en cuenta las circunstancias económicas de cada Estado miembro y sus necesidades inversoras para evaluar sus planes fiscales.
La Comisión Europea tendría la última palabra sobre la trayectoria fiscal y para evaluarla tendría que aplicar una metodología común a todos, para evitar aquel “Francia es Francia” que le permitió no multar a París. El sistema actual, suspendido, prevé multas tan grandes que nunca se han aplicado por lo que queda mal que la Comisión Europea te abra un procedimiento de infracción pero en la práctica tenga pocas consecuencias si lo incumples. La idea ahora sería reducir esas multas para que en última instancia pudieran imponerse.
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Bruselas quiere también que cada nuevo Gobierno se haga responsable de la senda fiscal acordada con su predecesor, pero para eso respetará por primera vez que los cambios de Gobierno pueden provocar nuevas negociaciones. Así, los planes podrían estar alineados con los períodos electorales, nuevos gobiernos podrían pedir que se renegociaran o que se actualizaran o se ralentizaran según las condiciones económicas.
También por primera vez la Comisión Europea reconoce que se podrían permitir fuera de los planes de ajuste, incluso en países con trayectorias de reducción de déficit público, inversiones extraordinarias que aumenten el potencial de crecimiento a largo plazo y que estén en línea con los grandes objetivos europeos de la transición ecológica y digital, una de las principales demandas españolas desde 2020. Por primera vez también, por la guerra en Ucrania, se añaden como esenciales inversiones en Defensa, algo que exigen los países del centro de Europa.
Por último, la propuesta de la Comisión incluye cláusulas de escape individuales según circunstancias económicas nacionales imprevistas y no sólo una cláusula de escape general para todos, que fue la que se activó en marzo de 2020 al estallar la pandemia. Se activarían si la senda fiscal prevista, por alguna razón, se convierte en una quimera por razones ajenas a la actuación del Gobierno de turno.
El estallido de la pandemia hizo que la Comisión Europea tomara una de las pocas decisiones de calado que tenía a su alcance sin permiso de los gobiernos: activar la cláusula de suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Son las normas fiscales de la Unión Europea que según las malas lenguas no garantizan ni estabilidad ni crecimiento y que oficialmente obligan a mantener una política económica que lleve el déficit público por debajo del 3% del PIB y la deuda pública por debajo del 60% del PIB. Tres años después el Pacto de Estabilidad sigue suspendido.