De una fugaz ley marcial a elecciones anticipadas: cuatro claves de la crisis surcoreana
La destitución definitiva del presidente surcoreano Yoon Suk-yeol por parte del Tribunal Constitucional cerró este viernes un capítulo de la grave crisis política que atraviesa el país desde su declaración de la ley marcial en diciembre, y abrió la puerta a un cambio de Gobierno en el país.
¿Por qué ha sido destituido Yoon?
Yoon permanecía suspendido de sus funciones desde que la Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó una moción para su destitución el pasado 14 de diciembre, a raíz de la ley marcial que declaró once días antes el mandatario y que fue revocada unas horas después por la misma Asamblea, dominada por la oposición.
El estado de excepción sumió al país en el caos y supuso la momentánea supresión de libertades fundamentales, además de dejar escenas inéditas de soldados rodeando el parlamento y encarándose con diputados.
Desde entonces, el mandatario conservador seguía formalmente en el cargo aunque despojado de sus funciones, que fueron asumidas de forma interina por el primer ministro. Su destitución definitiva estaba a la espera del veredicto del Tribunal Constitucional. Tras deliberar durante meses sobre el caso, la máxima instancia judicial surcoreana ha decidido confirmar su destitución al concluir que la declaración de la ley marcial de Yoon "violó sustanciosos requerimientos legales" y que no había justificación para su aplicación.
¿Por qué declaró la ley marcial?
Yoon sorprendió al país al declarar hace cuatro meses el estado de excepción con vistas, según dijo, a proteger el orden constitucional de "actividades anti-estatales", de las que acusaba al principal bloque de la oposición, el Partido Democrático (PD), al que también tachó de ser "pro-Pyongyang".
El mandatario afirmó posteriormente que la ley marcial fue una medida "inevitable" para proteger la "democracia liberal de la dictadura parlamentaria", y durante los procesos legales que enfrentó defendió que se limitó a usar las herramientas legislativas a su disposición en pro de la gobernabilidad del país.
Muchos observadores consideran que su verdadero objetivo era maniatar a la oposición y acaparar el poder que las urnas le habían restado cuando su partido sufrió una derrota aplastante en las legislativas de abril de 2024, debilitando la posición del Gobierno.
¿Qué sucede ahora?
Una vez confirmada la salida del poder de Yoon, la legislación nacional establece un plazo de 60 días para convocar elecciones anticipadas. La normativa también señala que la fecha electoral debe anunciarse con al menos 50 días de antelación.
Los expertos apuntan al 3 de junio como fecha más probable para las elecciones, teniendo en cuenta que se elegirá la más tardía posible para dar suficiente margen a los partidos para preparar sus primarias y sus campañas electorales.
Los sondeos sitúan entre los favoritos a priori para los comicios al líder opositor, Lee Jae-myung, del Partido Democrático (PD), quien perdió por un estrecho margen en las presidenciales de 2022 ante Yoon. Lee fue recientemente absuelto por un tribunal surcoreano de un delito de difusión de información falsa durante una campaña electoral, lo que despejó su camino para los próximos comicios, aunque todavía tiene pendientes otros litigios por soborno o corrupción.
El gobernante Partido del Poder Popular de Yoon no cuenta por ahora con un candidato claro.
Hasta que haya un vencedor de los comicios, la jefatura del Gobierno estará en manos del presidente interino y actual primer ministro, Han Duck-soo.
¿Qué piensan los surcoreanos?
El país está sumido en una profunda división de opiniones sobre el devenir de Yoon y su sucesor.
Los últimos sondeos previos al fallo de hoy muestran que la mayoría de los surcoreanos respaldan la destitución de Yoon, un 60 %, frente a un 35 % que la rechazan. En diciembre, la proporción era de 70 % y 30 %, respectivamente, mostrando un cambio de tendencia.
Otro reciente sondeo mostraba que un 57 % de los surcoreanos respaldarían a algún partido de la oposición en unos comicios adelantados, frente al 38 % que apoyaría al partido conservador gobernante.