El acontecimiento medioambiental del año ha llegado a su fin. Durante estas casi dos semanas, por la COP25 celebrada en Madrid han pasado desde científicos de renombre internacional que han alertado sobre la gravedad de la crisis a la que se enfrenta el planeta, pasando por jefes de Estado y de Gobierno, hasta referentes de la lucha contra el cambio climático como Al Gore o Harrison Ford, indígenas de diferentes partes del mundo y jóvenes activistas climáticos liderados por Greta Thunberg. Todos ellos con un objetivo en común: limitar el aumento de la temperatura media para frenar el cambio climático. Una de las grandes ausencias, además de la de Emmanuel Macron o Sebastián Piñera, ha sido la de Jair Bolsonaro, presidente del país que en un primer momento iba a organizar esta cumbre pero a la cual renunció nada más ganar las elecciones, una primera muestra de por dónde iban a ir sus políticas medioambientales. El 1 de enero de 2020 se cumple un año de la llegada de Bolsonaro al poder. Para Brasil serán 365 días de ataques al medio ambiente.
Jair Bolsonaro inició su ofensiva nada más llegar al Palácio da Alvorada. Aunque tuvo que renunciar a una de sus propuestas electorales más popular, la fusión de los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente, lo compensó poniendo al frente del primero a Tereza Cristina Dias, diputada conocida con el sobrenombre de la musa del veneno por su apoyo a la relajación de los controles de los agrotóxicos. Asimismo, arrebató el Servicio Forestal de Brasil –órgano vinculado al Ministerio de Medio Ambiente– su competencia para reforestar las áreas devastadas y para regular la explotación sostenible de regiones selváticas así como la demarcación de tierras indígenas.
La puesta en marcha de medidas como la reducción del presupuesto del IBAMA (la agencia encargada de la protección del bosque tropical), la extinción de la Secretaria de Cambio Climático, la eliminación de la Agencia Nacional de Aguas, la amenaza de desmontar áreas naturales protegidas y la neutralización del Consejo Nacional de Medio Ambiente, entre otras, provocaron que en mayo ocho exministros de Medio Ambiente brasileños acusaran al Gobierno de Bolsonaro de revertir todos los logros alcanzados desde principios de los 90.
Su postura a favor de suavizar las regulaciones para beneficiar a la actividad económica en la región amazónica dio vía libre a los madereros para aumentar la tala indiscriminada de bosques y a los agricultores para expandir sus áreas de cultivos en la región. ¿El resultado? La deforestación en la Amazonía en Brasil afronta su peor escenario en once años: 9.762 kilómetros cuadrados de selva perdidos en menos de un año. La inacción política de Bolsonaro ante esta situación es tal que provocó que Alemania y Noruega congelasen en agosto las ayudas destinadas a proyectos de conservación en Brasil a través del Fondo Amazonía, el sistema para recompensar los esfuerzos por preservar el Amazonas y la biodiversidad cuya continuidad peligra por culpa del actual presidente.
Niños de la tribu Huni Kuni en el Estado de Acre caminan por su tierra quemada. EP
También continuó con su batalla particular contra las ONG que tratan de defender el medio ambiente. El presidente Bolsonaro responsabilizó a estas entidades sin animo de lucro de provocar los incendios en el Amazonas para después recaudar más dinero de actores, entre los que está Leonardo DiCaprio, u otras figuras destacadas con intereses filantrópicos, todo ello como parte de la campaña para dañar la imagen de su gobierno. Entre sus enemigos también se encuentra la joven activista sueca Greta Thunberg, a la que recientemente tachó de “mocosa” en respuesta al tuit en el que ella denunciaba el aumento de la violencia antiindígena en el Amazonas.
A falta de unas semanas para que Jair Bolsonaro celebre su primer año como presidente, infoLibre analiza junto a WWF Brasil los grandes crímenes contra el medio ambiente que ha sufrido Brasil desde su llegada al poder.
El desastre en la presa de Brumadinho
A finales de enero, el repentino colapso de los diques de contención de la presa de la mina de Brumadinho, propiedad del gigante minero brasileño Vale, desencadenó un alud de lodo y residuos que arrasó todo a su paso, causando la muerte de 248 personas y la desaparición de otras 22 . Los millones de metros cúbicos de residuos tóxicos (sílice, amoniaco y aluminio) llegaron al río Paraopeba —hogar y medio de vida de pueblos como el Pataxó Hã-hã-hãe—, contaminaron el agua, dejando a su paso un rastro de peces muertos, y obligaron a miles de indios a abandonar sus tierras; una injusticia que se suma a siglos de abusos y discriminaciones. En cuanto al otro gran damnificado, la Amazonía, en su momento desde Greenpeace se destacó que se trató de un “crimen” no un “accidente” y exigieron al Gobierno de Brasil que garantizase una legislación más dura para frenar de una vez la explotación del bosque primario más extenso del planeta.
Nada más producirse el accidente, el nuevo presidente de Brasil dijo en un comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter que su Gobierno haría “todo lo que esté a su alcance para evitar más tragedias como la de Brumadinho" e incluso se trasladó hasta la zona como muestra de su compromiso. No obstante, "solo se preocupó la primera semana, después se olvidó del asunto”, denuncia tajantemente a infoLibre el director de Economía Verde de WWF Brasil, Alexandre Prado. Y continúa: "Bolsonaro no ha vuelto a mencionar lo sucedido en Brumadhino, ni se ha preocupado por la gente ni ha intentado limpiar todo lo que provocó el desastre".
La presa reventó el pasado 25 de enero permitiendo que el agua y el barro se precipitaran sobre Brumadinho
La investigación penal sobre el desastre no ha conducido a ninguna condena a pesar de que, según la información publicada por el diario The Wall Street Journal, la compañía Vale estaba al tanto de los peligros a los que estaban expuestas las zonas afectadas –las oficinas y la cafetería– en caso de que se produjera una fractura en la estructura de la presa: la auditora alemana TÜV SÜD ya había notificado al gigante minero que algunos de los sistemas utilizados para monitorizar los niveles de agua del embalse de los residuos eran defectuosos y que, además, algunas partes del sistema de drenaje estaban obstruidas con vegetación o dañadas debido a las pisadas de animales de gran envergadura.
La demanda de justicia por parte de los familiares de las víctimas, grupos ecologistas y políticos solo han logrado que el productor de mineral de hierro Vale se comprometiera en julio a pagar 107 millones de dólares en daños morales colectivos y 186.000 dólares a cada uno de los parientes cercanos de las casi 250 personas que perdieron la vida cuando la presa se rompió. A día de hoy, Vale sigue negando cualquier responsabilidad en lo que considera que se trató de un simple accidente.
Los incendios en el Amazonas
Este verano, el mundo fue testigo de cómo una parte de la Amazonía brasileña desaparecía víctima de los peores incendios forestales de los últimos años, provocados por la fuerte sequía, las altas temperaturas y el avance de la deforestación. Mientras Brasil perdía el equivalente a un campo y medio de fútbol de selva tropical cada minuto en la Amazonía, el presidente Bolsonaro culpaba, sin pruebas, a las ONG de provocar de manera deliberada los incendios, en venganza por el recorte de fondos decretado por su Gobierno.
Entre enero y agosto, se produjeron más de 80.000 incendios, cuyas llamas devoraron aproximadamente 7.400 kilómetros cuadrados de bosque húmedo, según el informe elaborado por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE) de Brasil. Los focos de fuego fueron en agosto un 83% superiores al mismo mes de 2018 . En septiembre, aunque el número de incendios se redujo en un 35%, todavía había casi 20.000 incendios activos en la parte brasileña de la selva tropical. Según los datos publicados por el INPE este viernes, la deforestación provocó en noviembre la destrucción de 563 kilómetros cuadrados de la selva tropical más grande del mundo, más del doble de la superficie arrasada en el mismo mes del año anterior.
Una humareda sale del bosque durante un incendio cerca de la ciudad de Caneiras do Jamari en Rondonia.
Los grupos ecologistas culpan de estos crímenes contra el medio ambiente a Jair Bolsonaro y a sus políticas, que priman el papel de Brasil como potencia agrícola exportadora por encima de la conservación del pulmón del planeta. Para Alexandre Prado, las acciones y decisiones del presidente brasileño envían un mensaje muy claro a traficantes, ganaderos y propietarios de las tierras: “Pueden hacer lo que quieran con el Amazonas porque el Gobierno no hará nada para impedirlo”. Ejemplo de ello es que, hasta el 23 de agosto, el número de multas del IBAMA cayó un 29% en comparación con el mismo período del año pasado, mientras que el valor total de las sanciones bajó un 43%, según las estadísticas gubernamentales.
Las tierras indígenas también fueron víctimas de la deforestación: en tan solo un año, estos territorios perdieron 423 kilómetros cuadrados de cobertura vegetal. Ante esta situación, el Colectivo de Abogacía de Derechos Humanos de Brasil decidió presentar una denuncia formal al Tribunal Penal Internacional contra Jair Bolsonaro por “incitar al genocidio y promover ataques sistemáticos” contra los pueblos indígenas. Según los abogados, los incendios en el Amazonas generaron “un daño ambiental y social desigual y de difícil reversión” y, además, estarían asociados a la "disputa de tierra para inversiones agropecuarias, grandes obras de infraestructura, minería ilegal y explotación de madera”. Todo esto, “ejerce un gran impacto sobre la selva y los pueblos que la habitan", apuntaron los abogados.
Mientras, Jair Bolsonaro llegó a decir que es imposible acabar con la deforestación por ser “algo cultural” relacionado con la tradicional quema de vegetación vieja de cara a la próxima siembra.
La marea negra sin dueño
Las llamas seguían devorando los bosques tropicales de la Amazonía brasileña cuando una marea negra llegó a las costas del noroeste de Brasil. Más de 500 toneladas de crudo cubrieron cientos de kilómetros de playas vírgenes y causaron daños irreparables a la fauna y flora marina. Todo lo relativo a este desastre natural sigue siendo un misterio.
¿Cuándo? Las autoridades brasileñas creen que el derrame debió producirse en verano, probablemente a finales de julio, es decir, semanas antes de que el espeso lodo negro tocara tierra. ¿Dónde? Según las investigaciones llevadas a cabo por la policía y las autoridades de vigilancia costera, el petróleo podría proceder del vertido de un buque a unos 700 kilómetros de la costa. ¿Cuál es la fuente? Tanto el Gobierno de Brasil como los expertos barajaban varias teorías pero, tras conocer que el ADN del crudo es venezolano, han centrado sus esfuerzos en investigar a un buque tanque de bandera griega, el Bouboulina, propiedad de la empresa Delta Tankers LTD, que transportaba petróleo desde Venezuela a Malasia.
A diferencia de los grupos de voluntarios, funcionarios de las agencias ambientales locales e incluso empleados de Petrobras, los cuales se volcaron en limpiar playas, tortugas o delfines, nada más aparecer las primeras manchas negras, la respuesta del Gobierno de Brasil fue escasa y tardía. Hasta el 21 de octubre el Ejecutivo brasileño no envió refuerzos para ayudar en las tareas de limpieza, en ningún momento se declaró la emergencia ambiental y Bolsonaro ni siquiera visitó las zonas afectadas. En un momento dado, el presidente de Brasil llegó a insinuar que se trataba de un montaje para hacer fracasar la supersubasta de yacimientos petrolíferos con la que el Gobierno pretende recaudar unos 23.000 millones de euros.
Luz verde cultivar caña de azúcar en áreas con vegetación nativa
La amenaza del ladrillo vuelve a Valdevaqueros, la playa de Tarifa en la que los murciélagos evitaron un voraz proyecto urbanístico
Brasil es el mayor productor mundial de etanol, combustible menos contaminante que la gasolina, elaborado a partir de caña de azúcar. En 2009, el Gobierno del por entonces presidente Lula da Silva aprobó un decreto para regular la expansión sin control del cultivo de caña de azúcar en lugares como la Amazonía y el Pantanal. A principios de noviembre, el presidente Bolsonaro revocó dicho decreto para así permitir el avance de este cultivo.
Durante una década, ese decreto sirvió como garantía de que la producción de sucre energético de Brasil seguía los criterios ambientales internacionales, lo que facilitó la entrada del etanol brasileño en los mercados con reglas ambientales más rígidas, según WWF. Ahora, la decisión de Bolsonaro no solo traerá consigo un aumento de la deforestación y las emisiones de carbono sino que, además, pondrá en entredicho el origen del etanol brasileño. Y es que, tal y como señala Alexandre Prado, el uso del etanol como combustible de transición para no usar combustibles fósiles será una contradicción, porque “¿cómo se puede destruir el bosque tropical más importante de la Tierra para plantar caña de azúcar y decir que es lo mejor para el planeta?”.
Desde WWF Brasil lo tienen claro: “El primer año de Jair Bolsonaro como presidente ha sido terrible para el medio ambiente y, desafortunadamente, no tenemos ninguna esperanza de que el resto de su mandato sea diferente”.
El acontecimiento medioambiental del año ha llegado a su fin. Durante estas casi dos semanas, por la COP25 celebrada en Madrid han pasado desde científicos de renombre internacional que han alertado sobre la gravedad de la crisis a la que se enfrenta el planeta, pasando por jefes de Estado y de Gobierno, hasta referentes de la lucha contra el cambio climático como Al Gore o Harrison Ford, indígenas de diferentes partes del mundo y jóvenes activistas climáticos liderados por Greta Thunberg. Todos ellos con un objetivo en común: limitar el aumento de la temperatura media para frenar el cambio climático. Una de las grandes ausencias, además de la de Emmanuel Macron o Sebastián Piñera, ha sido la de Jair Bolsonaro, presidente del país que en un primer momento iba a organizar esta cumbre pero a la cual renunció nada más ganar las elecciones, una primera muestra de por dónde iban a ir sus políticas medioambientales. El 1 de enero de 2020 se cumple un año de la llegada de Bolsonaro al poder. Para Brasil serán 365 días de ataques al medio ambiente.