La administración colonial francesa jamás dejó de funcionar durante la larga guerra librada por el Frente de Liberación Nacional (FLN) para obtener la independencia de Argelia (1954-1962). Así, durante todas las semanas del año 1957, la prefectura de Argel le enviaba al general Jacques Massu legajos muy singulares. Entre los documentos había formularios con el apellido, el nombre, la edad, la dirección y la profesión de una persona, la fecha y las circunstancias de su “arresto” por las fuerzas militares, y por último, el nombre de un miembro de su familia, “para avisarle en caso de aparición”. En un año, la prefectura emitió 2.039 de estos extraños avisos de búsqueda, esperando que el ejército le respondiera con información sobre el destino del interesado. En muchos casos, la espera fue en vano. En una nota interna, un tal Rambaud, responsable del servicio competente, se lamentaba de la atención recibida: en el 70% de los casos, el ejército no había respondido o sus respuestas resultaban “inválidas” o “insatisfactorias”. “Hace mucho tiempo que no puedo comunicarle a un solo abogado si el cliente para el que trabaja está muerto o vivo”, escribió.
Conservado en los Archivos Nacionales de Ultramar (ANOM), ese archivo de “detenidos-desaparecidos” denunciados por sus familiares en 1957 es el punto de partida del proyecto historiográfico Mille Autres, realizado por Malika Rahal y Fabrice Riceputi. El archivo puede ser consultado en línea en el sitio del proyecto, que también invita a brindar testimonios, en árabe o en francés, a los allegados y descendientes de las personas secuestradas por los militares, hayan sido liberadas posteriormente o hayan desaparecido de manera definitiva. Los avisos de búsqueda también incluyen las circunstancias del secuestro, las estrategias de resistencia al terror implementadas por las familias, sus métodos de búsqueda y su propia experiencia ante la desaparición, en muchos casos definitiva, de un familiar.
El proyecto Mille Autres se basa en diversos archivos coloniales y en estos testimonios de las familias argelinas, que hasta el momento han sido una fuente muy poco consultada por los historiadores franceses. Al romper con el punto de vista de los actores militares de la época, que aún hoy domina ampliamente, incluso en los libros de historia, el proyecto permite volver a escribir la historia de la secuencia histórica llamada “la batalla de Argel”.
Erradicar el nacionalismo en Argel
El 7 de enero de 1957, el gobierno de Guy Mollet le dio carta blanca al general Massu para restablecer el orden colonial en Argel. En efecto, desde el otoño de 1956, Massu se veía muy amenazado por el aumento de la actividad llamada “rebelde” –acciones de guerrilla urbana y atentados–, y fundamentalmente en esa época, por una perspectiva políticamente monstruosa para las autoridades francesas: una huelga anticolonial de ocho días a través de la cual el FLN podía demostrar que estaba implantado masivamente.
El ejército, cuya principal misión hasta entonces había sido combatir a los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en las zonas rurales, debía “pacificar” Argel, según los términos empleados en esa época. Eso significaba detectar y destruir la organización clandestina tanto política como paramilitar del FLN, arraigada entre los 400.000 argelinos de la ciudad. Los métodos que se emplearon en las zonas rurales no fueron los mismos que en el ámbito urbano, en la gran ciudad de la Argelia colonial, la mitad de cuya población era origen europeo. En Argel, que concentraba toda la atención, se privilegió un arma de represión política violenta pero que podía emplearse en secreto, inspirada en la “doctrina de la guerra revolucionaria” o contrainsurgente elaborada tras la derrota de Francia en Indochina: el secuestro en masa de los habitantes de Argel sospechados de vínculo con la insurgencia en curso.
El teniente coronel Roger Trinquier, uno de los oficiales e ideólogos de la operación, le recomendó al ministro Robert Lacoste hacer “una depuración” de toda la población “musulmana” de Argel. A mediados de abril, Trinquier calculó que la cantidad de sospechosos que debían ser recluidos en los campos ascendía a 20.000, es decir, una cifra muy superior a la cantidad estimada de miembros del FLN en Argel1.
Con tal propósito, el ejército obtuvo fácilmente que el poder político implementara un dispositivo de excepción, a veces llamado “sistema de arresto-detención” que, en nombre de la eficacia, lo eximía de cualquier restricción legal. Así, podía hacer allanamientos de morada, arrestar, detener e interrogar a su antojo. Y todo eso sin tener que rendirle cuentas a nadie sobre sus motivaciones y sobre la identidad y el destino de los “sospechosos” arrestados. Con una excepción, aunque ya con el hecho consumado y sin que nadie pudiera verificar sus dichos: la prefectura, que se encargaba simplemente de oficializar las detenciones. Antes de declarar el arresto de un detenido a la prefectura, los militares disponían de un tiempo de “explotación” del detenido. Este sistema permitió la generalización de la tortura, de las violaciones y de las ejecuciones seguidas de ocultamiento o destrucción de los cuerpos.
Así, el ejército desplegó a gran escala una práctica de represión que recién sería identificada y calificada bastante más tarde, luego de ser empleada en las décadas de 1970 y 1980 sobre todo en América Latina, adonde irían a enseñarla esos mismos militares franceses: la desaparición forzada. Desde 2010, la ONU define como un crimen de lesa humanidad “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”
Secuestros en masa para aterrorizar
En enero y febrero de 1957, durante la represión de la huelga organizada por el FLN, se efectuó una primera ola de arrestos –de secuestros, según el punto de vista de los argelinos y del derecho– en base a un archivo de policía que contenía información sobre los miembros de diversas organizaciones prohibidas o consideradas como subversivas: el FLN, el Movimiento Nacional Argelino (MNA), el Partido Comunista Argelino (PCA), la Unión General de Trabajadores Argelinos (UGTA), la Unión General de Estudiantes Musulmanes Argelinos (UGEMA) y la Asociación de Ulemas. A pesar del terror, la huelga del FLN fue todo un éxito, pero a los militares les sirvió para identificar nuevos sospechosos entre los huelguistas. Poco después, los secuestros también apuntaron contra las actividades humanitarias, como los centros sociales creados por la etnóloga Germaine Tillion. Y continuaron a toda marcha durante el verano y el otoño boreal de 1957, cuando quedó claro que el FLN de Argel no estaba muerto, a pesar de que su dirección había evacuado la ciudad. La prueba de ello era su capacidad para replicar por medio de nuevos atentados.
En todos los barrios llamados “musulmanes”, y no solamente en la Casba, se realizaron redadas y secuestros selectivos, ejecutados la mayoría de las veces durante la noche y con una brutalidad ostensible. Las familias que hoy brindan su testimonio en muchos casos conservaron o transmitieron el recuerdo de lo sucedido: puertas destruidas, robos, violencia contra los familiares, palabras escalofriantes sobre el destino funesto del familiar secuestrado al que subían a un camión entoldado, donde solía haber una persona que hacía de guía e iba encapuchada (llamada por los testigos “bou shkara”2). También se secuestraba en la vía pública o en los puestos de trabajo. Es algo que afectaba a todas las capas de la población colonizada, no se salvaban ni los adolescentes ni las personas mayores. La cantidad de secuestros alcanzó en un año varias decenas de miles de personas. La mayoría de los “sospechosos” nunca fueron juzgados y estuvieron recluidos en centros de detención. Algunos recién salieron en 1962, luego de haber sido transferidos varias veces de un lugar a otro del vasto sistema concentracionario, en particular para quebrar la resistencia de los detenidos y dispersarlos.
El combate de las familias
El modus operandi de los militares abarcaba a toda la población, que debía ser extirpada de la influencia nacionalista. No neutralizaba solamente a los “sospechosos” secuestrados, sino que también aterrorizaba a sus familias y, por capilaridad, a todos los habitantes de sus barrios. Porque enseguida se supo que, en las decenas de centros diseminados en y alrededor de Argel, los detenidos corrían el riesgo de la tortura e incluso la muerte. Cuarteles, casonas, escuelas, granjas coloniales: en todos los lugares donde se acantonaban, los militares torturaban, y aunque privilegiaban los subsuelos, en el vecindario a veces se podían escuchar los gritos de los torturados. El proyecto Mille Autres se propone crear un registro de esos centros y cartografiar el terror en Argel y sus alrededores.
Muchos de los relatos describen la peregrinación de las esposas y de las madres por la ciudad en busca de su detenido-desaparecido. A veces permanecían durante horas frente a los centros, con la esperanza de que les dieran información. A veces lo lograban, pero también podía suceder que fueran expulsadas o que un militar les comunicara brutalmente que no valía la pena seguir esperando. Por otra parte, los detenidos liberados podían aportar información. A veces las familias recibían cartas de su pariente y hasta podían visitarlo en el campo durante cierto tiempo, hasta que de repente dejaban de recibir noticias del detenido.
Para muchas familias, la esperanza de la reaparición recién se disipó tras el alto el fuego del 19 de marzo de 1962, cuando los campos de detención liberaron sus miles de prisioneros, pero los familiares no reaparecieron. Las familias, a veces con la ayuda de un escribano público, escribían mucho: a la prefectura, al ministro Lacoste, a los generales Raoul Salan y Massu, a Suzanne Massu3, al arzobispo de Argel y a todas las autoridades de la metrópoli. Las cartas, imploraran o exigieran información –hoy se encuentran diseminadas en los archivos civiles o militares–, pocas veces recibían una respuesta. A partir de mayo de 1957, muchos familiares enviaron solicitudes a la Comisión para la Protección de los Derechos y Libertades Individuales creada por Guy Mollet para investigar “eventuales atropellos” en Argel, según sus palabras. Pero la comisión solo les transmitía las respuestas del ejército, que con frecuencia afirmaba haber “liberado” al interesado , sin sentir la necesidad de montar un falso escenario un poco más elaborado, como ocurrió en junio de 1957 con el “prófugo” Maurice Audin. Cuando uno de los miembros de la comisión pidió consultar el “archivo de los desaparecidos”, de cuya existencia había escuchado hablar, la prefectura se lo negó.
La magnitud del terror infligido debía permanecer en secreto. Si hubieran permitido realizar una investigación a partir de ese archivo, se habría descubierto que algunas de las personas buscadas desaparecieron durante su detención. De los casi 1.200 casos publicados hasta el día de hoy en el sitio 1000autres.org, que finalmente está realizando una investigación que durante mucho tiempo resultó imposible, casi 400 son identificados como casos de desaparición definitiva. Y solo se trata de una pequeña muestra, porque solo una parte de las familias afectadas recurrió a la prefectura. El ocultamiento ha funcionado tan bien que se desconoce la cantidad total de “desaparecidos de la Batalla de Argel”. La célebre estimación de Paul Teitgen (3.024 desaparecidos) representa una cifra admisible.
La lucha antiterrorista como justificación del terror
En 1957, el ejército mantenía un silencio absoluto sobre los secuestros masivos, pero en cambio comunicaba profusamente durante las operaciones de incautaciones de armas y de bombas. Los miembros de la “Red de bombas” detenidos eran exhibidos ante la prensa y presentados ante los jueces. Así, el ejército construyó un relato según el cual la Batalla de Argel enfrentaba al ejército francés contra un FLN identificado con el “terrorismo”, ya que la organización quedaba prácticamente reducida a los poseedores de bombas. Esta versión de los hechos se difundió en la primavera boreal de 1957 como respuesta a la campaña contra la tortura nacida en la metrópoli y se consolidó luego de la guerra gracias a las exitosas memorias de Massu y sus oficiales ante las acusaciones de abusos. Según la defensa, la necesidad de detener los atentados a través de la búsqueda imperiosa de información sobre los y las colocadores de bombas explicaría y justificaría el empleo de métodos “excepcionales”. Esta justificación del terror por medio de una lucha antiterrorista que era presentada como necesaria se arraigó aún más en el imaginario colectivo luego de 1962, a través del cine y de una abundante literatura que heroificó a los paracaidistas franceses. La película de culto “La Batalla de Argel”, de Gillo Pontecorvo, realza ese aspecto de las cosas, aunque sea para denunciarlo.
Si seguimos esta lectura de los acontecimientos, que oculta la dimensión de terror político de la operación, la muerte, en octubre de 1957, de los últimos miembros de la “Red de bombas” (incluido Ali La Pointe) debería haber marcado, lógicamente, el final de la operación “antiterrorista” iniciada en enero de ese año. Este recorte cronológico de la batalla de Argel, que conlleva una interpretación de los hechos, todavía es ampliamente admitido como válido. Y sin embargo, los archivos y los testimonios analizados en el proyecto Mille Autres obligan, como mínimo, a poner en duda esa idea. Porque en efecto, aunque la “Red de bombas” fue destruida en octubre, la represión política siguió después en Argel con la misma modalidad: las denuncias de desapariciones forzadas siguieron siendo numerosas hasta diciembre de 1957 y continuaron en 1958. Y lejos de terminar ese año, la práctica, validada por el gobierno francés, luego se generalizó en toda Argelia hasta por lo menos el año 1961.
Un crimen ampliamente ocultado
El crimen de desaparición forzada fue analizado y calificado jurídicamente mucho más tarde, sobre todo gracias a la movilización de los familiares de las víctimas, principalmente en Argentina. Nunca fue empleado durante la guerra de independencia de Argelia. Si bien en Francia el caso Maurice Audin permitió que Pierre Vidal-Naquet describiera el sistema de desapariciones a partir de 1958, el uso de la tortura consternó mucho más a la opinión pública que la desaparición forzada.
Antes de 1962, a pesar de sus esfuerzos, las familias argelinas víctimas de esa práctica nunca habían podido hacerse oír. Y después de 1962, su suerte no se distinguió particularmente en el enorme océano de duelos de la guerra de liberación: el desaparecido recibió, al igual que todos los otros muertos, el estatus de mártir. Por último, la autoamnistía decretada por Francia al final de la guerra anuló las denuncias radicadas e impidió cualquier evocación de estos hechos, así como la celebración de audiencias de víctimas y de testigos ante la justicia y la opinión pública.
En 2018, la República Francesa reconoció oficialmente su responsabilidad en el secuestro, la tortura y el asesinato de Maurice Audin, universitario de origen europeo. En 2020 hizo lo mismo con el abogado Ali Boumendjel, cuyo homicidio disfrazado de suicidio había sido denunciado por un célebre jurista francés, gaullista y de izquierda: René Capitant. También se reconoció la existencia de un “sistema” que permitía que estos crímenes ocurrieran. Pero los otros miles de Audin y Boumendjel, cuya desaparición nunca fue un “escándalo” en la metrópoli, siguen siendo perfectos desconocidos para los libros de historia. En muchos casos, los argelinos y las argelinas que participaron en la investigación Mille Autres se emocionaron al saber que la historia de su familiar ahora está visible para todo el mundo en un sitio de internet. Pero eso no les calma el dolor de no saber lo que le sucedió a su familiar desaparecido y de no tener una sepultura adonde ir a recordarlo.
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Malika Rahal es historiadora, investigadora en el CNRS, especialista en historia contemporánea de Argelia. Desde 2022 dirige el Institut d’histoire du temps présent (IHTP).
Traducido del francés por Ignacio Mackinze.
Texto en francés aquí.
La administración colonial francesa jamás dejó de funcionar durante la larga guerra librada por el Frente de Liberación Nacional (FLN) para obtener la independencia de Argelia (1954-1962). Así, durante todas las semanas del año 1957, la prefectura de Argel le enviaba al general Jacques Massu legajos muy singulares. Entre los documentos había formularios con el apellido, el nombre, la edad, la dirección y la profesión de una persona, la fecha y las circunstancias de su “arresto” por las fuerzas militares, y por último, el nombre de un miembro de su familia, “para avisarle en caso de aparición”. En un año, la prefectura emitió 2.039 de estos extraños avisos de búsqueda, esperando que el ejército le respondiera con información sobre el destino del interesado. En muchos casos, la espera fue en vano. En una nota interna, un tal Rambaud, responsable del servicio competente, se lamentaba de la atención recibida: en el 70% de los casos, el ejército no había respondido o sus respuestas resultaban “inválidas” o “insatisfactorias”. “Hace mucho tiempo que no puedo comunicarle a un solo abogado si el cliente para el que trabaja está muerto o vivo”, escribió.