El asesinato del periodista Yamal Jashogi en el consulado de Arabia Saudí en Estambul a principios de este mes ha situado a Turquía como árbitro investigador y mediador entre la postura intransigente del país árabe y las ambiguas acciones de varios países occidentales. Tras el anuncio de desaparición del periodista, Riad empezó negando tajantemente tener algo que ver con el asunto y aseguró que Jashogi salió vivo y por su propio pie del consulado. Después y ante la evidencia cada vez más clara de que el informador podría estar muerto, acabó admitiendo el “error” de su tortura y asesinato. En cuanto a los países occidentales, se han limitado a condenar el asesinato y se han mostrado timoratos a la hora de implicarse en una investigación rigurosa debido a la influencia de Arabia Saudí sobre la exportación de petróleo y la importación de armas.
El Ejecutivo del presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, inició las pesquisas nada más publicarse en los medios internacionales las sospechas de que Jashogi podría haber sido secuestrado cuando, el 2 de octubre, entró en el consulado saudí a formalizar los trámites burocráticos para casarse con su pareja —a la mujer, que lo acompañaba ese día, se le prohibió la entrada en el edificio—. Desde entonces, las averiguaciones de las autoridades turcas han hecho ir cambiando la versión oficial de Arabia Saudí, que ha terminado admitiendo el asesinato del periodista, muy crítico con el régimen y con el príncipe heredero de su país, Mohammed Bin Salman.
La implicación de Turquía por resolver un asesinato contrasta con el autoritarismo de Erdoğan que, entre otras violaciones de derechos civiles y libertades fundamentales, ha encarcelado a millares de personas y cientos de periodistas, despedido a miles de funcionarios críticos y censurado y cerrado decenas de medios de comunicación incómodos. Según denuncia un informe de Amnistía Internacional, desde golpe de Estado fallido durante el verano de 2016, casi 200 medios de comunicación —de izquierdas, pro kurdos o laicos— han sido cerrados por decreto y, conforme lo aportado por el Sindicato de Periodistas, se estima que en torno a 150 periodistas, muchos de ellos independientes, están encarcelados desde entonces a la espera de juicio y a algunos se los está encausando mediante retorcidos procedimientos que intentan asentarse sobre la base de leyes antiterroristas.
Violación constante de las libertades de prensa y expresión
Con 73 periodistas encarcelados en 2017, Turquía se alzó con el negativo galardón de ser el país del mundo con más profesionales de la información en prisión, y la persecución a la prensa crítica continúa. En febrero de este año seis periodistas fueron condenados a cadena perpetua, con cargos de pertenencia a la “estructura mediática” del movimiento islámico del antiguo aliado de Erdoğan, Fethullah Gülen, a quien Ankara culpa del golpe. Dos meses más tarde, en abril, otro tribunal sentenció a 15 trabajadores del diario opositor Cumhuriyet a penas de cárcel de entre tres y siete años. El pasado 4 de octubre, dos días después de la desaparición de Jashogi, Erdoğan aseguró durante un discurso por la inauguración del curso escolar que "con los medios de comunicación y esas cosas, no puede haber democracia".
A raíz del golpe, en Turquía han sido despojados de su puesto de trabajo en torno a 2.500 periodistas y otros trabajadores de medios de comunicación y otros han sido detenidos por presuntos delitos de terrorismo tras compartir determinadas publicaciones en las redes sociales, dibujar caricaturas satíricas o expresar ciertas opiniones. Además, tal y como evidencia la ONG pro derechos humanos Human Right Watch, una orden judicial autorizó bloquear el acceso a Wikipedia y el Gobierno turco censuró y eliminó gran cantidad de contenido de la red social Twitter en el país.
Poder absoluto respaldado por la ley
El golpe malogrado también propició que el gobierno de Erdoğan llevase a cabo una purga de militares, funcionarios públicos y demás personal de la Administración, acusados de colaborar con los golpistas. Después de las detenciones y encarcelaciones masivas de los primeros días, se erigió la sospecha de que, en realidad, tal golpe había estado motivado desde el propio gobierno para, precisamente, apartar a personas e organismos críticos con las políticas del presiente turco.
El pasado mes de junio Erdoğan revalidó la presidencia de Turquía con el 52% de los votos pero más de un año antes, en abril de 2017, los electores aprobaron en referéndum una reforma de la Constitución que adecúa las instituciones turcas a un nuevo sistema de gobierno presidencialista que elimina la figura del primer ministro. Este cambio en la Carta Magna otorga numerosos poderes exclusivamente a la figura del presidente sin que tenga que pasar por el Parlamento, lo que algunos han interpretado como un recorte del estado de derecho y un menoscabo en la separación de poderes. Así, por ejemplo, el presidente podrá efectuar acciones de gobierno por decreto y la competencia en los nombramientos y destituciones de ministros y altos cargos de la función pública le competerán directa y únicamente a él.
La Policía turca sospecha que los restos del periodista Yamal Jashogi fueron incinerados en el consulado
El golpe de Estado como coartada
Desde aquella intentona golpista y hasta mediados de julio de este año, en Turquía ha estado vigente el estado de emergencia, cuya excepcionalidad ha permitido que se aprobaran medidas por decreto y sin ningún control parlamentario, y que finalmente ha sido sustituido por una ley antiterrorista mucho más restrictiva que la anterior. Escudado en la seguridad nacional y la protección institucional, en poco más de 2 años Erdoğan ha enviado a prisión preventiva a la espera de juicio a alrededor de 50.000 personas acusadas de pertenencia a la organzación terrorista FETÖ/PDY —designada así por el gobierno turco en referencia al movimiento islámico de Gülen—, a quien se culpa de estar detrás del golpe fallido.
Con la coartada de aquel estado de emergencia, más de 130.000 funcionarios del país (15.000 solo en el Ministerio de Educación) han sido despedidos de forma sumaria y sin ningún proceso garantista por sospechas de vínculos golpistas y el sistema judicial, donde se detuvo hasta a un tercio de los jueces y fiscales de toda Turquía, permanece bajo una presión política extrema.
El asesinato del periodista Yamal Jashogi en el consulado de Arabia Saudí en Estambul a principios de este mes ha situado a Turquía como árbitro investigador y mediador entre la postura intransigente del país árabe y las ambiguas acciones de varios países occidentales. Tras el anuncio de desaparición del periodista, Riad empezó negando tajantemente tener algo que ver con el asunto y aseguró que Jashogi salió vivo y por su propio pie del consulado. Después y ante la evidencia cada vez más clara de que el informador podría estar muerto, acabó admitiendo el “error” de su tortura y asesinato. En cuanto a los países occidentales, se han limitado a condenar el asesinato y se han mostrado timoratos a la hora de implicarse en una investigación rigurosa debido a la influencia de Arabia Saudí sobre la exportación de petróleo y la importación de armas.