Seguramente se trata de un tecnicismo, de un garantismo exacerbado para proteger los derechos del procesado, el ex general y dictador Efraín Ríos Montt, pero la imagen que proyecta es demoledora.
Durante más de 30 años no existió justicia ni garantías algunas para los 1.771 mayas-ixiles asesinados en el Quiché entre 1982 y 1983, el periodo de mando del militar. Tampoco la hubo ni la hay para las más de 200.000 personas que perdieron la vida durante 36 años de guerra civil ni para los 40.000 desaparecidos. Son víctimas de segunda división, invisibles.
El principal perpetratador de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, de las violaciones de derechos humanos en aquel conflicto que permitió oficialmente en 1996, fue el Ejército.
Lo prueba el informe para la Recuperación de la Memoria Histórica impulsado por el asesinado arzobispo Juan Gerardi. Lo confirma el de Naciones Unidas. No hablamos de opiniones de una parte o de meras suposiciones. Son hechos contrastados.
El juicio a Ríos Montt es sobre todo un juicio a una forma criminal de gobernar. Ese es el problema. No es el proceso de un ex general de 86 años de edad. Afecta a militares, entre ellos al actual presidente, el ex general Otto Pérez Molina, el comandante Tito que aparece en este vídeo; afecta a una clase económica depredadora, los financieros de la matanza.
La Corte Constitucional guatemalteca anuló por cinco votos contra tres la sentencia de 80 años de cárcel contra Efraín Ríos Montt, condenado por genocidio y crímenes de lesa humanidad. Es una decisión discutible que ha generado estupor y un cierto desconcierto. ¿Qué significa? ¿Es Ríos Montt inocente? ¿Se deroga el delito de genocidio?
Los jueces ordenan la repetición de la última fase del juicio. Todo debe regresar, bajo la misma jueza (Jassmín Barrios), al 19 de abril. La Corte estima que Barrios dejó en indefensión al ex general Ríos Montt cuando expulsó de la sala a su abogado defensor Francisco García Gudiel. Las declaraciones previas de la mayor parte de los testigos son válidas. Quedarían pendientes algunos testimonios, los peritajes de la acusación y la fase de conclusiones; también la sentencia, que debe repetirse. Nada indica que esta debe ser diferente a la anunciada hace 10 días.
Los fundamentos de aquella sentencia confirmaban la existencia del delito de genocidio. El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) llevó el peso de la demanda. Tanto este delito como los de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra son perseguibles universalmente; no pueden estar sujetos a amnistías. Es lo que sucedió en El Salvador, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos decreto que la amnistía (amnesia) no era aplicable en aquel país, más cuando no fue parte de los acuerdos de paz.
Los exmilitares guatemaltecos reunidos en la asociación de veteranos AVEMILGUA consideran que la condena a Ríos Montt es un precedente peligroso que abre la espita legal contra ellos. Son el principal motor de la campaña legal y publicitaria.
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Tras la sentencia ahora anulada nadie podía estar seguro. Pérez Molina, tampoco. AVEMILGUA interpreta en Guatemala un papel similar al de los exmilitares españoles reunidos entorno al periódico El Alcázar, centro de nostalgias y conspiraciones contra la democracia.
Guatemala no es una democracia. Democracia es cuando rige el Estado de derecho, no la impunidad. Es un país en transición que debe sentar las bases de un futuro político. Los acuerdos de paz están vaciados de contenido, no se han aplicado. Las injusticias de tierras que trata de resolver permanecen intactos, incluso agravados como sucede en el valle del Polochic.
Desde España no se puede dar muchos consejos cuando aquí se cerró la memoria histórica en falso y permanecen en fosas comunes miles de personas.
Seguramente se trata de un tecnicismo, de un garantismo exacerbado para proteger los derechos del procesado, el ex general y dictador Efraín Ríos Montt, pero la imagen que proyecta es demoledora.