"Se trata de una atrocidad moral y de un acto criminal". El autor de estas palabras, referentes a la muerte de 10 personas tras el ataque de Israel a una escuela de la ONU en Gaza, no es otro que el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, que también ha asegurado que el bombardeo es una "grave violación del derecho humanitario internacional".
Las declaraciones de Ban se unen a las que realizó en el mismo sentido hace unos días la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), que denunció que los ataques israelíes violaron la legislación internacional cuando atacaron otra de sus escuelas y mataron a 16 palestinos. La UNRWA atiende a 1,2 millones de gazatíes del total de 1,8 millones de personas que viven en la Franja, proporcionándoles educación, servicios sanitarios, alimentos y unos campamentos que, según explica la directora de la Agencia en España, Raquel Martí, se encuentran desbordados por la avalancha de refugiados –más de 270.000, cuando las previsiones eran de 50.000– que ha provocado la ofensiva israelí. En este sentido, Martí explica que el organismo mantiene comunicación constante con el ejército israelí y les dan al menos una vez al día las coordenadas de sus instalaciones para evitar bombardeos por error. "Una equivocación no ha podido ser", remacha.
Pero las denuncias, por ahora, parecen haber caído en saco roto. Y es que Israel es un Estado con experiencia en incumplir ya no sólo las exigencias verbales de las Naciones Unidas, sino también las resoluciones en las que se ve envuelto. La primera resolución incumplida se remonta al año 1947, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución 181, que preparaba la retirada del Reino Unido como potencia colonizadora de la región antes del 1 de agosto de 1948 y planteaba la partición de la zona en dos Estados –referidos en el documento como "Estado judío" y "Estado árabe"– e incluso delimitaba sus fronteras, así como el tratamiento especial de los llamados "lugares sagrados" de las distintas religiones y el estatus de Jerusalén, bajo mandato internacional.
Según rezaba la resolución, "los Estados independientes árabe y judío y el Régimen Internacional especial para la ciudad de Jerusalén [...] empezarán a existir en Palestina dos meses después de concluido el retiro de las fuerzas armadas de la Potencia Mandataria [el Reino Unido]". No obstante, el estallido de la Primera Guerra Árabe-Israelí tras el ataque de una coalición de países árabes contrarios al establecimiento de un Estado judío desbarató los planes de la organización, y de hecho 66 años después este documento no ha sido aplicado, ya que Palestina sigue sin ser un Estado reconocido por el mismo Israel, así como por otros miembros de la comunidad internacional. De hecho, Palestina tan sólo tiene estatus de observador en la Asamblea General de la ONU desde 2012, una votación en la cual los israelíes se opusieron junto a EEUU.
Las anexiones de Israel, un tema sin resolver
Precisamente otra guerra fue la causa de uno de los mayores quebraderos de cabeza para resolver el conflicto. La Guerra de los Seis Días se desató tras la retirada de los cascos azules que estaban desplegados entre Egipto e Israel y el ataque del Estado judío a Egipto tras concentrar este país soldados cerca de la frontera. La rápida victoria de Israel en la contienda vino acompañada de adquisiciones territoriales, que desbordaron con creces el territorio adquirido en 1948: así, Israel ocupó Gaza, la Península del Sinaí y los Altos del Golán, así como la parte de la capital que no controlaba, Jerusalén Este.
Tras estas anexiones, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 242, que conminaba a Israel a abandonar los territorios ocupados durante el conflicto y recalcaba "la inadmisibilidad de la adquisición de territorio por medio de la guerra". Sin embargo, el Estado judío tan sólo obedeció parcialmente al organismo, ya que, si bien sí devolvió a Egipto la Península del Sinaí en 1980, anexó los Altos del Golán –antes territorio sirio– y Jerusalén Este y mantuvo ocupada Gaza hasta su retirada en 2005.
En este sentido, en los años posteriores hubo varios llamamientos de la ONU para que se cumpliese la resolución: por ejemplo, en 1968 el Consejo de Seguridad lamentaba en su resolución 252 que Israel no hubiese obedecido a la organización y le exigía detener medidas como "la expropiación de tierras y bienes que tienden a modificar el estatuto jurídico de Jerusalén". Igualmente, en 1979, doce años después de las anexiones, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 446, donde denunciaba que los "asentamientos en los territorios palestinos y árabes ocupados no tienen validez legal y constituye un serio obstáculo" para la paz en Oriente Medio.
Israel "sigue cometiendo violaciones de los derechos humanos"
Pero Israel no cambió su política y, de hecho, profundizó en ella. El más claro ejemplo es la aprobación en 1980 de la llamada Ley de Jerusalén, que establecía que la ciudad "entera y unificada" sería la capital del Estado judío, una acción que provocó el rechazo de la comunidad internacional porque contravenía la división de Jerusalén establecida por la ONU y suponía confirmar la anexión de 1967. Por ello, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la resolución 478, que censuraba "en los términos más enérgicos" la negativa de Israel "a acatar las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad" y declaraba nula la anexión de Jerusalén Este al suponer "una violación del derecho internacional".
El rechazo a los asentamientos también se ha repetido en resoluciones posteriores: en 1997, por ejemplo, la Asamblea General exigió a Israel –la "Potencia ocupante"– en su resolución 51/223 que detuviese la construcción de este tipo de infraestructuras, que declaraba "ilegales". En términos parecidos se expresó este órgano en 2002, cuando expresó "su profunda preocupación por el hecho de que Israel siga estableciendo asentamientos, en violación del derecho internacional humanitario, las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y los acuerdos a que han llegado las partes" y denunció que el Estado judío "sigue cometiendo violaciones sistemáticas de los derechos humanos del pueblo palestino".
Y en cuanto al muro construido para separar Cisjordania del territorio israelí, la ONU también se ha mostrado contraria, si bien Israel ha continuado construyendo la muralla a pesar de las reiteradas condenas de la organización. En 2003, en un periodo extraordinario de sesiones, la Asamblea General exigió que Israel detuviese la construcción al ser "incompatible con las disposiciones pertinentes del derecho internacional" y además podría "prejuzgar las negociaciones futuras y hacer que la solución de los dos Estados fuera físicamente imposible de aplicar". La Asamblea General reiteró su exigencia en 2004, aunque con escaso éxito.
Pero, ¿hay algún tipo de mecanismo coercitivo? Las repetidas violaciones a la legalidad internacional y los ninguneos a las resoluciones de la ONU chocan, directamente, con lo recogido en el artículo 6 de la Carta Fundacional de la organización, que señala que "todo Miembro de las Naciones Unidas que haya violado repetidamente los Principios contenidos en esta Carta [que señala, por ejemplo, que las resoluciones del Consejo de Seguridad son de obligado cumplimiento] podrá ser expulsado de la Organización por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad". No obstante, jamás se ha expulsado a un Estado de la institución.
"Se trata de una atrocidad moral y de un acto criminal". El autor de estas palabras, referentes a la muerte de 10 personas tras el ataque de Israel a una escuela de la ONU en Gaza, no es otro que el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, que también ha asegurado que el bombardeo es una "grave violación del derecho humanitario internacional".