El lado oscuro de la amable Canadá

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aceptó el 11 de enero la solicitud del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y concedió asilo a Rahaf Mohammed Al Qunun, la joven saudí que huyó de su familia y del islam, una religión que en su opinión no respeta a las mujeres. Al día siguiente, Trudeau se desmarcó de la tendencia mundial al cierre de fronteras al anunciar que el Gobierno canadiense acogerá a más de un millón de inmigrantes en los próximos tres años. Sin embargo, pocos días antes del anuncio de estas medidas que alimentan el mito de Canadá como país "amigo de todos", la Real Policía Montada de Canadá arrestó a 14 personas en una protesta indígena en contra de la ampliación del oleoducto Trans Mountain que atraviesa sus tierras, un ejemplo más de la actitud discriminatoria que ha mantenido este país hacía los pueblos aborígenes durante los últimos 150 años. 

En enero de 2016, el recién elegido primer ministro canadiense aseguró que “es tiempo de renovar la relación nación a nación con la gente de las Primeras Naciones [la denominación oficial de los pueblos originarios de Norteamérica]. La garantía constitucional sobre los derechos de las Primeras Naciones en Canadá no es un inconveniente sino una obligación sagrada”. Menos de un año después, Trudeau olvidó esos derechos al aprobar el proyecto de la compañía Kinder Morgan para ampliar la capacidad de su oleoducto Trans Mountain que conecta los yacimientos de las arenas bituminosas de la provincia de Alberta con el puerto de Vancouver, en la costa del Pacífico de Canadá. El proyecto permitirá a la industria canadiense triplicar sus exportaciones de crudo a Asia y reducir su dependencia del mercado estadounidense pero también pondrá en peligro la forma de vida de los pueblos aborígenes que habitan la región.  

La iniciativa provocó el rechazo inmediato de numerosos grupos ecologistas por temor a los daños medioambientales que pueda causar el derrame de petróleo en sus costas pero, sobre todo,desató la rotunda oposición de los pueblos indígenas, quienes denunciaron que casi dos tercios de los 117 grupos que conforman las Primeras Naciones no fueron consultados. Este rechazo derivó en una demanda colectiva y en multitudinarias protestas, como por ejemplo, una que tuvo lugar en marzo y en la que alrededor de 200 personas fueron arrestadas por bloquear la entrada de las instalaciones de Kinder Morgan en Burnaby; entre las personas detenidas, se encontraba la líder de Partido Verde, Elizabeth May, y Kennedy Stewart, del Partido Nueva Democracia.

 

En un intento por rebajar las tensiones, Justin Trudeau se comprometió a trabajar con los pueblos indígenas para desarrollar un nuevo marco legal que fomente su autogobierno porque "necesitamos llegar a un lugar donde los pueblos indígenas de Canadá tengan el control de su propio destino, tomando sus propias decisiones sobre su futuro”. "Una de las cosas más inaceptables que pueden hacer los políticos es anular la esperanza de los más vulnerables de nuestra sociedad. Hemos enfrentado 150 años de promesas rotas. No dejaremos que eso ocurra de nuevo durante los próximos 150 años”, concluyó Trudeau.

 

El primer ministro, Justin Trudeau, en una ceremonia de los Tsuutina de las Primeras Naciones.

Sin embargo, cuando Kinder Morgan amenazó en marzo con abandonar el proyecto si no veía voluntad política de continuar, la reacción del primer ministro fue declarar que estaba dispuesto a “utilizar los dólares de los contribuyentes para impulsar los planes de expansión del oleoducto”, aunque ello supusiera enfrentarse a las Primeras Naciones, los grupos ecologistas e incluso al nuevo gobierno de izquierdas de la región de Alberta.

Dos meses después, el ministro de Finanzas, Bill Morneau, anunció que el Gobierno de Canadá compraría el oleoducto Trans Mountain por 4.500 millones de dólares canadienses (aproximadamente 3.000 millones de euros). Morneau aseguró que se trataba de “proyecto vital para los intereses canadienses” y calificó la intervención gubernamental como “necesaria para asegurar el mantenimiento de puestos de trabajo y la confianza de los inversores”.

 

A finales de agosto, un Tribunal Federal de Apelaciones de Canadá anuló por unanimidad la aprobación de la ampliación del oleoducto Trans Mountain por considerar que el Gobierno de Trudeau no evaluó correctamente sus efectos medioambientales y no consultó el proyecto con las comunidades indígenas. Según el tribunal, el Consejo Nacional de Energía, responsable de revisarlo para garantizar que se ajustaba a las normas medioambientales del país, "no cumplió su obligación de valorar y asesorar el proyecto" para proporcionar la información que permitiese a Ottawa aprobar su construcción.

La actitud del Gobierno canadiense de anteponer sus intereses a los derechos de los pueblos indígenas no es un hecho aislado ya que el país cuenta con un denso historial de abusos y discriminación hacia estas comunidades aborígenes. A continuación, un breve viaje por el oscuro pasado de esta nación.

“Genocidio cultural”

Cuando Canadá se independizó de Reino Unido en 1867, no tardó mucho en redactar una ley para definir legalmente el status de indígena y reafirmar su control sobre los pueblos aborígenes. Impuesta sin su consentimiento o consulta, la Ley de Indios de 1876 limitaba el autogobierno de las Primeras Naciones, el control sobre las tierras de sus antepasados y los servicios que utilizaban. Amparada por esta ley, Canadá confiscó las tierras de los pueblos indígenas, les confinó en reservas e intento acabar con sus prácticas culturales. Un ejemplo de ello es la ceremonia Potlatch, un rito que formaba parte de la estructura de gobierno, la cultura y las tradiciones espirituales de varias Primeras Naciones y cuyo objetivo era redistribuir la riqueza, conferir estatus a individuos, grupos de parientes y clanes, y establecer reivindicaciones de nombres, poderes y derechos sobre territorios de caza y pesca. La ceremonia fue tipificada como delito en 1880 y así permaneció hasta 1951.

Asimismo, la Ley de Indios permitió al Gobierno canadiense intervenir en la educación de los niños a través de la creación de un sistema de internados gestionados por ordenes religiosas cristianas. Cuando alcanzaban la edad de cinco años, los niños indígenas eran separados de sus familias, trasladados a miles de kilómetros de distancia y obligados a olvidar su lengua y su cultura.

 

Más de 150.000 niños indígenas fueron obligados a asistir a los internados cristianos.

Durante el tiempo que este sistema educativo estuvo en funcionamiento, el último internado cerró en 1996, más de 150.000 niños indígenas fueron víctimas de abuso emocional y físico; algunos de ellos fueron utilizados en experimentos “científicos” en los que se les negó cualquier tipo de alimento y cuidado medico. Según un informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación publicado en 2015, alrededor de 6.000 niños aborígenes murieron en los internados aunque la cifra podría ser mayor. Fue, en palabras de la propia Comisión, un “genocidio cultural”.

Envenenamiento

Desde 1960, los Asubpeeschoseewagong o Grassy Narrows, situados en el norte de Ontario y parte de las Primeras Naciones, han visto peligrar su existencia debido a las 10 toneladas de mercurio que la fabrica de papel de Dryden arrojó al río Wabigoon-English River. Cincuenta años después, la organización ecologista Earthroots encontró altos niveles de mercurio en el suelo, los peces y los sedimentos de los ríos, prueba de que la fábrica aún tiene fugas de mercurio.

 

Miembros de los Grassy Narrows protestando ante el Parlamento por los vertidos de mercurio.

En 2015, un estudio elaborado por un grupo de investigadores japoneses reveló que el 90% de los miembros de las tribus Grassy Narrows y Wabaseemoong mostraban signos de envenenamiento por mercurio, incluso aquellos nacidos décadas después de que se produjera el vertido. El Gobierno de Ontario se comprometió en 2017 a invertir 85 millones de dólares canadienses (unos 56 millones de euros) en la limpieza del río Wabigoon.  

Mujeres y niñas indígenas desaparecidas

Alrededor de 1.017 mujeres y niñas pertenecientes a las Primeras Naciones, inuits o mestizas fueron asesinadas entre 1980 y 2012, según un informe elaborado por la Real Policía Montada de Canadá. Además, hasta noviembre de 2013, al menos 105 mujeres y niñas indígenas seguían desaparecidas en circunstancias sospechosas o por razones indeterminadas. Amnistía Internacional alabó el informe policial ya que reafirmaba la teoría de la existencia de un nivel desproporcionado de violencia contra las mujeres y niñas de estos pueblos pero también señaló que se trataba de un informe muy incompleto al no incluir las cifras sobre las muertes inexplicables o sospechosas ni ninguna información sobre cuántas de las mujeres y niñas solicitaron previamente ayuda o protección a la policía o a los organismos de servicio, entre otros datos relevantes.

En diciembre de 2014, la Comisión Interamericana de Derecho Humano (CIDH) publicó el informe Mujeres Indígenas Desaparecidas y Asesinadas en Columbia Británica, Canadá, que secundaba los datos de la Real Policía Montada de Canadá. Según la CIDH, “las mujeres y niñas indígenas en Canadá han sido asesinadas o han desaparecido a una tasa cuatro veces mayor a la proporción de mujeres indígenas en la población canadiense, que es del 4,3%”.

Esta información es especialmente alarmante si se tiene en cuenta que, a finales de 2011, vivían en Canadá alrededor de 1,4 millones de aborígenes, es decir, menos del 5% de la población total del país.

Otro proyecto polémico

En 2014, el Gobierno presidido por el conservador Stephen Harper dio luz verde a la construcción de la represa hidroeléctrica Site C, un proyecto con una inversión de 9.000 millones de dólares canadienses (casi 6.000 millones de euros) y una extensión de casi 5.000 campos de rugby que proporcionará suficiente electricidad para unas 450.000 viviendas y creará alrededor de 43.000 empleos directos e indirectos. Este mismo proyecto pondrá en peligro la supervivencia de los pueblos indígenas de la región del Valle del Río Peace, en la Columbia Británica, al destruir un enclave donde llevan a cabo actividades imprescindibles para ellos y su economía, como la caza y la pesca. A pesar de esto, el primer ministro Trudeau emitió discretamente en 2016 las autorizaciones necesarias para que el proyecto siguiera adelante.

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Según el informe El punto de no retorno. La represa Site C amenaza los derechos humanos de los pueblos indígenas de Canadá publicado por Amnistía Internacional ese mismo año, “los funcionarios del gobierno canadiense han reconocido abiertamente que el proceso de toma de decisiones que conduce a la aprobación de la construcción nunca consideró si la construcción de la presa era compatible con sus obligaciones legales hacia los pueblos indígenas”.

 

El 14 de enero de 2019, el comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación advirtió al Gobierno de Canadá que la continuación de la construcción de la represa hidroeléctrica del Sitio C en Colombia Británica es una violación del derecho al consentimiento libre e informado de la población indígena local.