La Justicia británica ha despejado el camino para que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, sea extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por la publicación de miles de documentos que detallan las operaciones militares estadounidenses en Afganistán e Irak, en una sentencia de apelación dictada el viernes.
"El tribunal ha quedado satisfecho con las garantías" dadas por la Justicia estadounidense, dijo el juez del Alto Tribunal Lord Burnett, al hacer pública la sentencia en una audiencia retransmitida por videoconferencia.
En su sentencia, el Alto Tribunal avanza que el caso tendrá que ser revisado por un nuevo tribunal, que ya no podría considerar que "la condición mental de Assange era tal que habría sido impropio extraditarlo" y que tendría que "enviar el caso al secretario de Estado", responsable de la decisión final de extradición en el Gobierno de Boris Johnson. "Esto es una parodia de la justicia", reaccionó este viernes la ONG Amnistía Internacional en un comunicado.
Los jueces se basan en una "nota diplomática" enviada en febrero de 2021 por la Justicia estadounidense en la que se comprometía a que Julian Assange no sería recluido en el ADX Florance, una prisión de alta seguridad, y a que no sería sometido a "medidas administrativas especiales" (SAM, por sus siglas en inglés), es decir, a prácticas de aislamiento extremo a las que normalmente se somete a los detenidos que son considerados de interés para la seguridad nacional, ni antes de su juicio ni después, si es condenado.
En este último caso, la Justicia estadounidense también ha abierto la puerta a un posible traslado de Julian Assange a Australia, su país de origen, para que pueda cumplir la pena a la que ha sido condenado. Por último, Estados Unidos se comprometió a garantizar que Julian Assange reciba "un tratamiento clínico y psicológico adecuado" para su estado de salud, que se ha ido deteriorando constantemente en los últimos años.
La cuestión del deterioro de la condición física y mental del fundador de Wikileaks fue vital en la decisión del tribunal de primera instancia a su favor el 4 de enero. La jueza Vanessa Baraitser rechazó la solicitud de extradición, pero sólo por el riesgo para la salud mental de Julian Assange. La jueza había rechazado los argumentos de la defensa destinados a desmontar las acusaciones de Estados Unidos y a reconocer los aspectos políticos de las actuaciones del Departamento de Justicia.
Sin embargo, fue sensible a los comentarios de los numerosos expertos que, durante las cuatro semanas de audiencias, testificaron sobre el estado de deterioro de la salud mental de Julian Assange y las drásticas medidas a las que sería sometido una vez encarcelado en Estados Unidos. Varios abogados y expertos jurídicos detallaron el trato inhumano que reciben los detenidos por motivos de seguridad nacional.
Los expertos también habían insistido en las consecuencias que han tenido en su estado psicológico las condiciones de aislamiento impuestas a Julian Assange y las múltiples presiones a las que ha podido ser sometido, ya sea en su refugio en la Embajada de Ecuador en Londres desde junio de 2012 o en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, donde se encuentra desde su detención el 11 de abril de 2019.
En diciembre de 2020, el relator especial de la ONU sobre la tortura, Nils Melzer, había denunciado duramente estas condiciones de detención. "El sufrimiento cada vez más severo infligido a Julian Assange como resultado de su prolongado aislamiento equivale no sólo a una detención arbitraria, sino también a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes", acusó entonces Nils Melzers.
En consecuencia, "el estado mental de Julian Assange es tal que sería improcedente extraditarlo a Estados Unidos", dijo la jueza Vanessa Baraitser al emitir su veredicto. Pero EEUU recurrió la sentencia y ofreció a la Justicia británica compromisos sobre el trato al recluso que supuestamente debían responder a las preocupaciones planteadas en la sentencia de primera instancia.
Durante las audiencias de apelación, que se celebraron los días 27 y 28 de octubre, los abogados del fundador de WikiLeaks cuestionaron la buena fe de las promesas estadounidenses. La propia nota diplomática afirma que las promesas están "sujetas a condiciones" y su sometimiento a SAM seguirá siendo "posible" en caso de mala conducta.
Para beneficiarse de un trato preferente, Julian Assange tendrá que mostrar algunos compromisos, especialmente abstenerse de proseguir con sus actividades activistas. No se trata de darle "un cheque en blanco para que haga lo que quiera", según reconoció incluso el fiscal James Lewis, representante del Gobierno estadounidense, durante el primer día de la vista.
Los abogados, por su parte, insistieron en la animosidad mostrada en varias ocasiones por las autoridades estadounidenses hacia Julian Assange, y en particular la de la CIA. A finales de septiembre, Yahoo! News publicó una investigación en la que explicaba lo mal que se había tomado la agencia la publicación por parte de WikiLeaks a partir de marzo de 2017 de su serie de documentos llamada Vault7 (en la que participaba Mediapart, socio editorial de infoLibre) que revelaba sus principales herramientas de intrusión informática. Esta afrenta sufrida por la CIA llevó a algunos funcionarios a discutir con la Casa Blanca un plan para secuestrar o incluso asesinar a Julian Assange.
En aquel momento, la CIA había descrito a WikiLeaks como "una entidad de inteligencia no estatal hostil", recordó Edward Fitzgerald durante la audiencia. Y según la prensa, "quería venganza", continuó el abogado, antes de recordar que la CIA tenía la facultad de exigir que se sometiese a los SAM: "¿Qué probabilidad hay de que esta agencia certifique que Julian Assange es alguien que debe ser sometido a los SAM cuando ponga un pie en Estados Unidos? "Esto no es algo que vaya a ocurrir en un futuro lejano y oscuro, ocurrirá en el momento en que aterrice", predijo el abogado.
Los abogados de Julian Assange también han cuestionado que Assange pueda ser trasladado a Australia para cumplir su condena. Esto, señaló Edward Fitzgerald, está "condicionado al consentimiento de Australia". El país de origen de Julian Assange aún no ha dado su consentimiento.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Londres desestimó las críticas. “No hay ninguna razón para que este tribunal no acepte las garantías por lo que son", dice la sentencia. “No hay ninguna base para suponer que EEUU no dio estas garantías de buena fe".
"Esto es una parodia de la justicia", reaccionó el director europeo de Amnistía Internacional, Nils Muižnieks, en un comunicado. Al aceptar este recurso, el Alto Tribunal ha optado por aceptar las garantías diplomáticas profundamente defectuosas dadas por los Estados Unidos [...]. El hecho de que Estados Unidos se haya reservado el derecho a cambiar de opinión en cualquier momento significa que estas garantías no valen más que el papel en el que están escritas".
La compañera de Julian Assange, Stella Moris, lo calificó de "grave error judicial". "¿Cómo puede ser correcto, cómo puede ser posible extraditar a Julian al mismo país que conspiró para matarlo?", dijo en un comunicado.
"Condenamos la decisión de hoy, que tendrá una dimensión histórica por razones equivocadas", ha declarado Christophe Deloire, secretario general de Reporteros sin Fronteras. Creemos que Julian Assange ha sido atacado por sus contribuciones al periodismo y le apoyamos por las peligrosas implicaciones que este caso podría tener a nivel mundial para el futuro del periodismo y la libertad de prensa. Es hora de poner fin a esta persecución, que lleva más de una década. Es hora de liberar a Julian Assange".
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En su comunicado, la ONG reitera su petición a las autoridades estadounidenses de que retiren definitivamente los cargos contra Julian Assange y pide su "liberación inmediata".
La Justicia estadounidense quiere juzgarlo por su papel como editor de WikiLeaks en la difusión de varias series de documentos clasificados, entre ellos los proporcionados en 2010 por Chelsea Manning y que detallan los abusos de los militares estadounidenses en Irak y Afganistán. Se enfrenta a 18 cargos, incluidas violaciones de la Ley de Espionaje, por los que se le piden 175 años de prisión.
Versión original en francés: