"Fue el Estado", "No habrá elecciones", "Nos faltan 43", "Ni perdón ni olvido", "Estado asesino". Con cientos de pintadas de estas frases amaneció Chilpancingo (la capital del Estado de Guerrero, donde desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa), como si la ciudad fuera un enorme lienzo teñido de dolor y de rabia.
“No vamos a votar, eso es innegociable porque no han aparecido los 43”, señala un profesor que desde el pasado mes de marzo está acampando junto a más compañeros en el plantón donde se ubica la catedral. “A las dos de la madrugada de la noche del jueves nos lanzaron bombas lacrimógenas, pensamos que nos iban a desalojar de la plaza, pero luego, no pasó nada. Tenemos miedo de lo que nos vayan a hacer, porque esto es solo una advertencia”, sentencia Elías Sánchez (nombre ficticio).
Guerrero registró desde que empezara la campaña el pasado octubre, dos muertes, las de un candidato y una precandidata municipales, además de secuestros, y episodios de violencia en mítines que llegaron a afectar incluso a candidatos a gobernador. Existe además el temor de que los delincuentes traten de influir a favor de algún candidato en un Estado donde, como se comprobó en Iguala en el enfrentamiento que desencadenó la desaparición de los 43 estudiantes por parte de los cuerpos policiales apoyados por la delincuencia organizada, existe relación directa, incluso familiar, entre candidatos y narco. Sin embargo, Guerrero no es el único. Apenas 24 horas antes de que se celebren las elecciones, todavía no se sabe si en el estado de Oaxaca los ciudadanos podrán votar porque, debido a las acciones reivindicativas, las papeletas no han llegado a los colegios.
Este sábado finalizan los tres días de reflexión en México previos a las elecciones a diputados federales y autoridades locales. Tres días de veda electoral en los que los actos públicos, la propaganda y las promesas han cedido todo el espacio a la información sobre el desarrollo de unos comicios marcados por la violencia, la guerra sucia entre partidos y las amenazas de boicot por parte de grupos en demanda de mayor justicia social liderados por sindicatos de enseñanza y la no participación promovida por los padres de los 43 estudiantes desaparecidos el pasado septiembre en Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.
Guerra sucia
Difícil debut para la reforma político electoral que emprendió México el pasado 2014 y que significaba el estreno del Instituto Nacional Electoral (INE), el nuevo órgano rector electoral, como herramienta para promover las buenas prácticas entre los partidos políticos, obligándoles a ser más transparentes en el origen y el uso del dinero de las campañas.
Las acusaciones entre partidos de no respetar las nuevas leyes de la reforma ha hecho que el INE se haya visto afectado por el descrédito pero además superado por los episodios de inconformidad que han estallado en diversos estados como Guerrero, Chiapas o Oaxaca, y que amenazan con interrumpir o impedir las elecciones como señal de protesta.
Protestas y violencia
Más de sesenta localidades han sido marcadas como focos rojos por parte de institutos electorales, Gobiernos de los estados y partidos políticos. En ellos las protestas y el crimen organizado desafían a una jornada electoral en paz. Tranquilidad que reclamaba el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova VianelloLorenzo Córdova Vianello, en una reunión con observadores extranjeros en la que reconocía tener las manos atadas en cuanto a garantizarla: "No somos responsables de la seguridad pública”, señaló.
“No hemos solicitado el uso de la fuerza pública porque hemos considerado que no es conveniente militarizar las elecciones”, dijo durante esa reunión del jueves Córdova Vianello. Aun así, a este punto si han llegado los estados más conflictivos donde sí se ha reclamado la presencia militar y policial para velar por la seguridad de las casillas (colegios electorales) durante la jornada del 7 de junio.
Este domingo 7 de junio están llamados a las urnas más de 83 millones de mexicanos a las elecciones a diputados federales y autoridades locales. En total son 2.179 cargos públicos que se someten a elección popular, entre ellos 17 gobernadores (de un total de 32 estados), las máximas autoridades de la federación después del presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Guerrero
En el estado de Guerrero podrán participar más de dos millones y medio de ciudadanos para elegir al nuevo gobernador, 46 diputados y representantes en 81 ayuntamientos. La campaña electoral no ha sido ajena a la violencia que sacude este estado del sur de México responsable de aportar el 1,5% al PIB nacional. En los últimos meses ha sido el escenario de varios episodios de asesinatos, secuestros y violencia contra candidatos, precandidatos y simpatizantes de partido.
Guerrero sufrió una grave crisis institucional motivada por la desaparición forzada de 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos (escuela para profesores de primaria) el pasado mes de septiembre, provocando la dimisión del gobernador, Ángel Aguirre, tras la presión popular. Aguirre, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), había puesto fin a 70 años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado.
A la contienda electoral se presentan representantes de los principales partidos nacionales. Beatriz Mojica, que representa al PRD y al Partido de los Trabajadores, puede convertirse en la primera mujer en gobernar Guerrero; Héctor Astudillo, del PRI, tratará de obtener el sillón de gobernador después de un intento fallido en las pasadas elecciones; el Partido Alianza Nacional (PAN) presenta a Jorge Camacho, quien fue comentarista deportivo y exatleta; y el activista Pablo Amílcar, quien trató de llevar al expresidente Felipe Calderón al Corte Penal Internacional de La Haya, representará al Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).
Entre la protesta y la violencia
Los municipios de Tlapa, Iguala, Ayutla, Chilapa, Chilpancingo, Acapulco, Coyuca de Catalán, Ciudad Altamirano y Tixtla (municipio al que pertenece Ayotzinapa), son los focos marcados en rojo de la región donde episodios de protesta podrían irrumpir en la jornada electoral. Por este motivo el Consejo de Coordinación de Guerrero puso en marcha desde este jueves un dispositivo de miembros de los cuerpos de seguridad de los tres niveles, federal, estatal y municipal, para velar por el desarrollo de los comicios. Desde el pasado jueves diversos convoyes se desplazaron hasta algunos de estos municipios donde no se descartan episodios de violencia de la delincuencia organizada.
Existe relación incluso de sangre entre candidatos y narco. Es el caso de Bernardo Ortega Jiménez, presidente del Congreso del estado, quien incluso ante los medios ha reconocido sin tapujos sus vínculos y ha pedido que se le deslinde de todo aquello que pudiera relacionarle con sus hermanos, que dirigen el grupo de Los Ardillos, al que se acusa de haber hecho desaparecer a 30 personas durante las primeras semanas de mayo.
Guerrero es el principal productor de opio de México, que a su vez, según el Departamento de Estado, es el segundo país productor de esta droga.
‘Caso Ayotzinapa’: un año después nos siguen faltando 43
Café como premio al voto
Por otra parte, varios grupos sociales aglutinados en el Movimiento Popular Guerrerense han llamado a la acción contra los comicios en reclamación de mayor justicia social reclamando la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas. Dicho colectivo, integrado por estudiantes, maestros, campesinos, organizaciones sociales y transportistas, ha anunciado que impedirá la instalación de centros de votación en la región, además de que han llamado a la ciudadanía a no participar.
A pesar de la tensión que los mexicanos viven estas elecciones, aquellos que depositen su voto serán recompensados. Al mostrar la tinta de su dedo pulgar, prueba de haber ejercido el derecho, el mexicano recibirá de manera gratis un café americano en las tiendas Oxxo, cadena de supermercados abierta 24 horas al día. Una buena manera de incentivar el voto olvidando la violencia extrema que vive el país.
"Fue el Estado", "No habrá elecciones", "Nos faltan 43", "Ni perdón ni olvido", "Estado asesino". Con cientos de pintadas de estas frases amaneció Chilpancingo (la capital del Estado de Guerrero, donde desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa), como si la ciudad fuera un enorme lienzo teñido de dolor y de rabia.