“Que la paz no nos cueste la vida”. Esta es una frase que suele repetir Ángela María Robledo, parlamentaria por Alianza Verde en el la Cámara de Representantes de Colombia (nuestro Congreso de los Diputados), donde además es copresidenta de la Comisión de Paz. Un encargo que le sitúa entre el cálculo vertiginoso de la esperanza y la tragedia. Un dicotomía de país imposible que, tras medio siglo de guerra y tres años de negociaciones, firma un acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc (26 de septiembre de 2016) que rechaza el 30% del pueblo en referéndum una semana después. Y, pese a ello, la firma se endereza y culmina con el visto bueno de la Cámara y el Senado el 1 de diciembre.
“El espíritu del acuerdo se mantiene, pero algunos aspectos de los partidarios del No se han incluido para dar tranquilidad a un sector que, en buena parte, ha votado desinformado”, explica Robledo al otro lado del teléfono. Una dosis de calma para un encendido expresidente Álvaro Uribe y su lobby de iglesias cristianas con el juego sucio en la calle de los viejos grupos paramilitares, ahora bacrim o bandas criminales. Todo para reducir el poder de las organizaciones populares frente a la Administración y, sobre todo, rebajar el enfoque de género de los primeros acuerdos, fruto de una situación única en la historia de los procesos de paz al contar el de Colombia con una Subcomisión de Género desde junio de 2014.
Un enfoque estigmatizado como “ideología de género” y ataque frontal al concepto de familia tradicional. Algo que, aseguran los favorables al No, estaría encriptado en las 113 ocasiones que aparece la palabra “género”, las 14 “LGTBI” o las 197 “mujer” en las 300 páginas de los acuerdos de paz. “Es una excusa”, señala Robledo, para quien el enfoque de género abre la puerta a la restitución de muchas más desigualdades. La principal es el reparto de tierra a mujeres campesinas de un Fondo postconflicto de tres millones de hectáreas con prioridad a la hora de redactar escrituras. Un derecho del que también se beneficiarían desplazados, indígenas y afrodescendientes.
La tierra
Es la gran palabra y embrión del conflicto que fue y que podría seguir. Bien lo sabe Yolanda Becerra, coordinadora de la Organización Femenina Popular (OFP), entidad con 40 años de historia y lucha en la región del Magdalena Medio, una de las más castigadas por el conflicto. En 2012 se aprobó la Ley de Restitución de Tierras, cuya unidad en esta zona del país solo ha repartido 82 predios frente a las más de 3.000 reclamaciones cursadas hasta la fecha. Tras el bloqueo están las grandes asociaciones de propietarios, de gran influencia política y en muchos casos apoyadas por grupos paramilitares que han convertido las enormes extensiones en corredores expeditos al narcotráfico.
Este fue uno de los asuntos tratados en el Encuentro Regional de Mujeres del Nororiente Colombiano, celebrado en Barrancabermeja el 10 y 11 de noviembre pasado. Participaron cerca de 200 mujeres de varias asociaciones de base y de distintos municipios y departamentos. “No fue un encuentro más, sino un gran avance de unidad para hacer converger nuestras agendas”, señala Becerra, para quien “la paz no se construye en las mesas, sino en la sociedad, en los territorios, en el día a día”. “Nuestros cuerpos están marcados por la guerra y eso nos da autoridad y certeza para exigir un solución política, negociada y urgente al conflicto”, destaca.
Unas marcas que también tienen enfoque de género. Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 2015, se constataron 47.248 casos de violencia de pareja, un 87% cometido sobre mujeres. Y el 70% de los casos son de menores de 18 años. En 2015 fueron asesinadas 970 mujeres y cada día 52 mujeres y niñas sufrieron abusos. La OFP denuncia que la violencia sexual es un arma recurrente en el marco del conflicto armado. Los datos contrastan con los altos índices de impunidad, ya que según la Federación Colombiana de Personeros, el 97% de los procesos sobre violencia sexual son archivados.
Vigilancia internacional
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La firma definitiva de los acuerdos de paz quedó empañada por un rebrote de la guerra sucia antes y después del 1 de diciembre. Así lo denunció el 12 del mes pasado un comunicado de OIDHACO, la oficina internacional con sede en Bruselas para los Derechos Humanos en Colombia. El texto alertaba de la presencia de paramilitares y bandas criminales en zonas de repliegue las Farc tras los acuerdos y recordaba como una desmovilización similar en los años 80 y 90 acabó con el asesinato de 3.000 miembros de la Unión Patriótica, la vía política de la guerrilla tras el cese de las armas.
“En lo que va de 2016 se ha denunciado el asesinato de 70 personas defensoras de derechos humanos, 31 de ellas desde la entrada en vigor del cese de fuego bilateral del 29 de agosto 2016. Asimismo, es de alta preocupación que, desde su formación en el 2012, 128 miembros de Marcha Patriótica han sido asesinados debido a su afiliación política y se teme que se podría repetir una situación parecida al genocidio perpetrado en contra de los miembros de la Unión Patriótica”, explica el texto y, a continuación, se propone “implementar de manera urgente el punto 3.4 del Acuerdo de Paz que contempla la creación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad con el fin de desmontar las estructuras del paramilitarismo”.
Una recomendación que en España ha tenido eco a través de la Mesa de Apoyo a los Derechos Humanos de las mujeres y la paz en Colombia, fundada en 2007, con sede en Valencia, e integrada por 24 organizaciones de España y Colombia. Desde la Mesa se subraya la necesidad de estar vigilante y no caer en la idea de que la paz está ya encarrilada tras los acuerdos. Por ello se busca la complicidad de distintas administraciones. De momento se ha solicitado que les Corts Valencianes sea uno de los organismos que sigan y respalden la puesta en marcha de los acuerdos de paz.
“Que la paz no nos cueste la vida”. Esta es una frase que suele repetir Ángela María Robledo, parlamentaria por Alianza Verde en el la Cámara de Representantes de Colombia (nuestro Congreso de los Diputados), donde además es copresidenta de la Comisión de Paz. Un encargo que le sitúa entre el cálculo vertiginoso de la esperanza y la tragedia. Un dicotomía de país imposible que, tras medio siglo de guerra y tres años de negociaciones, firma un acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc (26 de septiembre de 2016) que rechaza el 30% del pueblo en referéndum una semana después. Y, pese a ello, la firma se endereza y culmina con el visto bueno de la Cámara y el Senado el 1 de diciembre.