El Ejército de Sudán ha dado este lunes un golpe de Estado que materializa el repunte de las tensiones políticas durante las últimas semanas y que supone un duro varapalo al proceso de transición abierto en 2019 tras el derrocamiento en otra asonada del entonces presidente, Omar Hasán al Bashir, ha recordado Europa Press.
Sudán contaba hasta ahora con unas autoridades de transición que salieron de un acuerdo entre militares y civiles tras el derrocamiento de Al Bashir y que habían puesto en marcha una batería de reformas e incluso logrado un histórico acuerdo de paz en octubre de 2020 con algunos de los principales grupos rebeldes del país.
Asimismo, las autoridades de transición lograron un acuerdo para la entrega al Tribunal Penal Internacional (TPI) de Al Bashir y otros acusados de crímenes de guerra y contra la Humanidad durante el conflicto en Darfur, sin que hasta ahora se haya materializado.
Sin embargo, los dos últimos años han estado marcados por diversas tensiones entre los componentes civiles y militares de las autoridades —representadas principalmente en el Consejo Soberano de Transición y el Gobierno, encabezado por Abdalá Hamdok— debido a las diferencias de opinión sobre las prioridades o los ritmos del proceso de transición.
Uno de los primeros rifirrafes tuvo lugar a principios de 2020 a raíz de un encuentro en Uganda entre el presidente del Consejo Soberano de Transición, Abdelfatá al Burhan, y el entonces primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, celebrada sin conocimiento previo del Ejecutivo y en el que las partes acordaron estrechar sus lazos.
Las críticas desde el Gobierno en un momento en el que Sudán e Israel no contaban con relaciones diplomáticas —normalizadas a final de año a través de los Acuerdos de Abraham— fueron finalmente selladas con un acuerdo para mejorar la coordinación y después de que Al Burhan reconociera que se había excedido en sus competencias.
A pesar de ello, las relaciones han estado marcadas por las críticas sobre las competencias de los civiles y los militares, situación que repuntó tras la remodelación del Gobierno en febrero para dar cabida a los grupos rebeldes firmantes del acuerdo de paz de 2020 y las protestas en el este del país.
Así, en septiembre se produjo una intentona golpista achacada a militares vinculados a Al Bashir que fue rápidamente abortada por el Ejército, que se erigió como defensor de la revolución de 2019 y del proceso de transición, si bien la situación hizo aumentar las demandas de los elementos civiles para una remodelación en el seno de las Fuerzas Armadas.
En este contexto, aumentaron las críticas contra Al Burhan por la ausencia de un proceso de retirada de militares vinculados al expresidente de las filas del Ejército y las peticiones a favor de que la Policía y los servicios de Inteligencia fueran puestos bajo el paraguas de Hamdok, algo rechazado de plano por Al Burhan y por el vicepresidente del Consejo Soberano, Mohamed Hamdan Dagalo.
En respuesta, los elementos militares criticaron al Gobierno por la situación y achacaron a los políticos el aumento de las tensiones y las protestas en el país, al tiempo que Al Burhan abogó directamente por disolver el Ejecutivo para instaurar uno más "inclusivo" y aceptable para las Fuerzas Armadas, que cuentan con un gran peso en el país africano.
De hecho, Sudán ha sido escenario de numerosos golpes de Estado militares desde que obtuvo en 1956 la independencia de Reino Unido, incluido el que aupó en 1989 al poder a Al Bashir, derrocado igualmente a través de una asonada.
Las tensiones políticas se materializaron en los últimos días en una serie de manifestaciones y contramanifestaciones a favor del Ejército y de las autoridades civiles, mientras que Hamdok hizo un llamamiento a un "diálogo" para "mirar al futuro en lugar de ahogarse en los detalles del pasado".
Oleada de detenciones
Finalmente, tras semanas de alertas sobre la inminencia de una nueva asonada, el Ejército ha dado un golpe de mano con la detención de Hamdok y de varios ministros y miembros del Consejo Soberano, así como del vicepresidente del antiguo grupo rebelde Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte (SPLM-N), Yasir Arman, actualmente asesor del primer ministro.
El Ministerio de Información ha indicado que Hamdok ha sido arrestado en su vivienda y trasladado "a paradero desconocido" después de que un grupo de militares rodearan su vivienda y tras negarse a expresar su apoyo público al golpe.
Asimismo, ha resaltado que el primer ministro había hecho un llamamiento a la población a "ocupar las calles" para "defender la revolución", lo que se ha visto seguido por una serie de movilizaciones en Jartum que han sido reprimidas por las fuerzas de seguridad, que ha llegado a abrir fuego contra los concentrados, dejando más de una decena de heridos.
Poco después, Al Burhan ha materializado el golpe al anunciar la disolución del Consejo Soberano y el Gobierno, además de decretar el estado de emergencia. Así, ha argumentado que la decisión ha sido adoptada para "preservar" la revolución tras las últimas manifestaciones, incluida una sentada de cientos de personas para reclamar al Ejército hacerse con el poder.
La oficina de Hamdok ha denunciado "una ruptura del documento constitucional" y "un golpe contra los avances de la revolución por la que el pueblo se sacrificó para buscar libertad, paz y justicia", en medio de los llamamientos a la calma y la contención por parte de la comunidad internacional, que ha reclamado preservar el orden constitucional.
Llamamientos internacionales
El primero en reaccionar ante los acontecimientos en Sudán ha sido el enviado de Estados Unidos para el Cuerno de África, Jeffrey Feltman, quien ha dicho que "Estados Unidos está profundamente alarmado por las informaciones sobre un golpe militar contra el Gobierno de transición".
"Esto contravendría la Declaración Constitucional y las aspiraciones democráticas del pueblo sudanés y es absolutamente inaceptable", ha señalado. "Como hemos dicho en repetidas ocasiones, cualquier cambio al Gobierno de transición por la fuerza pone en riesgo la ayuda estadounidense", ha advertido.
Tras ello, Naciones Unidas y la Unión Europea (UE) han mostrado su preocupación por la situación. La ONU ha reclamado la liberación "inmediata" del primer ministro y el resto de detenidos y ha denunciado "los intentos de socavar la transición política en Sudán", mientras que el bloque europeo ha pedido "volver a encarrilar el proceso de transición".
A los llamamientos se ha sumado el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abul Gheit, quien ha solicitado a las partes que "se ciñan totalmente al Documento Constitucional" firmado en agosto de 2019 y ha incidido en que "no hay problema que no pueda ser resuelto a través del diálogo".
El Gobierno de Sudán rechaza su disolución "unilateral" y recalca que "aún es la autoridad legítima"
Por su parte, el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Moussa Faki Mahamat, ha mostrado su "profunda consternación" por los "graves acontecimientos" en Sudán y ha pedido "retomar de forma inmediata las concertaciones entre civiles y militares en el marco de la declaración política y el decreto constitucional".
Mahamat ha hecho hincapié en que "la vía del diálogo y el consenso es la única vía pertinente para salvar el país y su transición democrática" y ha pedido al liberación de "todos los responsables políticos arrestados" y "el respeto estricto de los Derechos Humanos", según un comunicado publicado por el organismo continental.
De esta forma, Sudán vuelve a verse sumido en un periodo de incertidumbre política, en un momento en el que el país africano intentaba avanzar hacia la celebración de unas elecciones que pusieran fin a la transición y permitieran a la población elegir a sus dirigentes por primera vez en varias décadas.
El Ejército de Sudán ha dado este lunes un golpe de Estado que materializa el repunte de las tensiones políticas durante las últimas semanas y que supone un duro varapalo al proceso de transición abierto en 2019 tras el derrocamiento en otra asonada del entonces presidente, Omar Hasán al Bashir, ha recordado Europa Press.