“Ninguna casa en manos de los bancos”. Esta frase retumba en las paredes de los juzgados del distrito central de Ambelokipi, en Atenas. Alrededor de medio centenar de personas de edades y procedencias distintas despliegan sus pancartas y esperan impacientemente la llegada del notario. Como cada miércoles, a esta misma hora, los manifestantes pretenden bloquearle la entrada a la sala en la que, ante el juez correspondiente, está previsto que se dé luz verde a una más de las subastas de inmuebles con los que las entidades bancarias quieren saldar las deudas impagadas. Los activistas lo impedirán, otra vez. La misma escena se ha reproducido en al menos otros diez juzgados de la ciudad. Desde hace unos pocos meses, este es el único método que les queda a las griegos para frenar la oleada de desahucios en marcha. El Gobierno de Syriza, presidido por Alexis Tsipras, ha levantado la prohibición de proteger las primeras viviendas ante créditos contraídos con entidades bancarias.
Desde el 1 de enero del 2016, la legislación griega no incluye ningún precepto que impida a las entidades bancarias quedarse con los hogares de los deudores. En setiembre, tras una larga huelga de abogados que paralizó los juzgados durante meses, los bancos querían subastar 2.000 viviendas en septiembre y 5.000 más en los siguientes meses. Pero las ansias de estas grandes corporaciones han topado con los ciudadanos, que se disponen a entorpecer el proceso judicial antes de que se pueda emitir la orden de desahucio. “Hemos bloqueado la agenda de los bancos”, resalta enorgullecido Leonidas Papadopoulos, portavoz de la plataforma No Pagamos. Este colectivo, junto a otras organizaciones políticas y asociaciones locales, paralizan las subastas en Atenas, Tesalónica, Patras y otras ciudades del país.
Sin salario, sin comida y ahora sin techo
Meri Orfanou, una de las activistas que no se pierde ninguna protesta en contra de las subastas, agarra la Constitución griega, la abre y con su dedo sigue el precepto que recita. Es el artículo que asegura garantizar la vivenda. “Deben proteger nuestras casas. ¿Dónde se supone que vamos a dormir, en tiendas?”, añade. Tiene alrededor de 60 años y está desempleada, una situación que poco a poco se convierte en la norma en Grecia: una de cada tres familias tiene alguno de sus miembros en el paro mientras que el desempleo de larga duración asciende ya al 73%. El sentido común no le permite entender la situación límite a la que están expuestos aquellos que ya no reciben ningún tipo de ingresos. Un 40% de los griegos estarían en situación de extrema de pobreza, según los parámetros salariales vigentes en 2010.
Una de las primeras cosas que explica Meri es que no puede pegar ojo por las noches: “He perdido mi salud, mi bienestar, mi vida, el banco también me lo quitó todo”. Duerme con el recuerdo vívido del día en el que la policía irrumpió en su casa y la echó sin ni siquiera darle tiempo para recoger sus pertenencias. La mujer, que no recibe ningún tipo de ayuda social, cambió la cerradura y volvió a ocupar la que considera su vivienda, donde comparte techo con su hermano. Ahora espera de nuevo su juicio en marzo. El juez le va a confirmar que va a perder su casa por ser la garantía de un crédito que jamás podrá pagar contraído con Eurobank, el tercer banco más grande del país.
Una de cada cuatro familias en Grecia viven en una casa con hipoteca y el 31,5% de los deudores declara tener atrasos en los pagos, de acuerdo con un estudio de la Confederación General Griega de Profesionales, Artesanos y Comerciantes. Con el nuevo texto legal en la mano –que entró en vigor en enero de 2016–, todo ciudadano que se encuentre delante de una ejecución hipotecaria sólo la puede paralizar acudiendo a los juzgados para intentar reducir el importe de las cuotas mensuales a satisfacer.
Ahora bien, la ley no da esta oportunidad a todos los deudores. Un 40% de los hogares en 2016 ya no tenía ninguna norma a la que acogerse porque solo tienen la posibilidad de retrasar el desahucio las familias que pertenezcan, según establece la legislación griega, a la categoría de "grupos vulnerables". De una forma más laxa, sin embargo, pueden acogerse las personas que dispongan de pocos ingresos mensuales. No obstante, este segundo grupo necesita cumplir un requisito adicional y es que la cantidad máxima que puedan satisfacer sea aceptada por el banco. Y bajo unos criterios que son determinados por el Banco Central de Grecia.
Pero esta ley no protege a nadie, denuncia Dimitrios Sarafinos, un abogado veterano que ha representado a muchos afectados. Opina que ahora el banco tiene la sartén por el mango y puede operar con más discrecionalidad. En efecto, la prerrogativa obliga a pagar religiosamente cada mes la nueva cantidad asignada por el juez. Con algunas cuotas impagadas, si la entidad acreedora entiende que, además, no ha sido un cliente "cooperativo" puede ordenar la ejecución hipotecaria.
“Ahora el precio de los inmuebles ya no es fijado por los criterios legales anteriores, que a menudo fijaban un precio de mercado más alto, sino que lo fijan expertos independientes”, cuenta Ionas Konstantinou, abogado experto en derecho bancario y exmiembro de Syriza. Este letrado dejó el partido antes de que accediera al Gobierno por primera vez en enero de 2015. Ahora es de todo menos indulgente con la formación política que en su día prometió nacionalizar la banca. “Con esta ley el Gobierno está al lado de los bancos, que asustan a la gente para que deje de comprar otras cosas necesarias y pague sus deudas”, señala.
Acabar con las protestas, un asunto pendiente del gobierno y la Troika
Individuos disfrazados de carnaval atacan con cócteles molotov las oficinas de Syriza en el centro de Atenas
Grecia es el líder de la eurozona en créditos fallidos, según datos del Fondo Monetario Internacional en 2016. Acabar con estos créditos ha sido una de las prioridades de la Troika y uno de los puntos que Syriza se comprometió a resolver en el tercer rescate. Este tipo de préstamos con retrasos en los pagos de 90 días o más representan 900.000 millones de euros en la zona euro. 100.000 millones de ellos se encuentran en las carteras de los bancos griegos, a pesar de que la economía del país representa alrededor del 1,5% de la eurozona. Entre otras medidas, el Gobierno tiene que buscar métodos para reducir los llamados “préstamos rojos”, los más difíciles de pagar, así como agilizar las subastas de inmuebles si quiere terminar esta segunda evaluación del rescate con éxito y recibir parte de un nuevo tramo de su tercer rescate.
Para poner fin a la paralización de subastas, el Gobierno debe acabar con las protestas. El ministro de Justicia, Stavros Kontonis, en estrecha cooperación con las asociaciones de notarios y otras partes interesadas en el proceso –principalmente entidades bancarias–, ha elaborado una normativa que permite acelerar las subastas sin necesidad de que el notario asista a los juzgados. Para el activista y letrado Ionas Konstantinou esta reforma es una forma de bloquear las movilizaciones en los tribunales y desarmar, aún más, a los ciudadanos.
La Coordinadora de Colectivos de Tesalónica, que desde septiembre paraliza las subastas en la segunda ciudad más grande del país, denuncia la persecución política de sus protestas. Los participantes de esta coordinadora en Tesalónica se han enfrentado a los antidisturbios para acceder al recinto judicial en repetidas ocasiones. Uno de sus miembros más visibles, Elias Smilios, es investigado judicialmente por el hecho de haber participado en una protesta. El fiscal que está al mando de este proceso, tras recibir varias notificaciones de compañeros de la plataforma declarándose culpables en señal de solidaridad con Elias, dejó escapar en privado a varios activistas unas palabras muy elocuentes: “Habrá dos, dos mil o un millón de procesamientos si es necesario”. Este mensaje filtrado a la prensa local no ha atemorizado a los activistas. “Estamos decididos a intensificar nuestra lucha en todos los tribunales de cada distrito y barrio y en cada área de lucha, en el trabajo y en la escuela”, afirmó Elias Smilios en una entrevista del periódico griego Prin.
“Ninguna casa en manos de los bancos”. Esta frase retumba en las paredes de los juzgados del distrito central de Ambelokipi, en Atenas. Alrededor de medio centenar de personas de edades y procedencias distintas despliegan sus pancartas y esperan impacientemente la llegada del notario. Como cada miércoles, a esta misma hora, los manifestantes pretenden bloquearle la entrada a la sala en la que, ante el juez correspondiente, está previsto que se dé luz verde a una más de las subastas de inmuebles con los que las entidades bancarias quieren saldar las deudas impagadas. Los activistas lo impedirán, otra vez. La misma escena se ha reproducido en al menos otros diez juzgados de la ciudad. Desde hace unos pocos meses, este es el único método que les queda a las griegos para frenar la oleada de desahucios en marcha. El Gobierno de Syriza, presidido por Alexis Tsipras, ha levantado la prohibición de proteger las primeras viviendas ante créditos contraídos con entidades bancarias.