Colombia ha vivido su octava jornada de protestas con el segundo paro nacional y nuevos enfrentamientos entre los participantes y las fuerzas de seguridad, mientras se denuncia una alarmante violencia que habría dejado cerca de 40 fallecidos, según denuncian distintas organizaciones y recoge Europa Press. Una día más los colombianos han salido a la calle, convocados por el Comité de Paro Nacional, para manifestar su rechazo a la reforma tributaria del Gobierno de Iván Duque y a la represión de las fuerzas de seguridad que se ha llevado a cabo a lo largo de las distintas jornadas de protesta y que ha sido criticada por la comunidad internacional y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.
En distintas localizaciones, como Medellín, Bucaramanga, Bogotá o Ibagué, se han desarrollado marchas y se han reportado numerosos bloqueos de calles, disturbios y nuevos enfrentamientos entre manifestantes y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). En Bogotá se ha observado el uso de gases lacrimógenos por parte del Esmad, que también ha intervenido con tanquetas y agua contra los manifestantes en la Plaza de Bolívar, informa El Espectador.
También se han notificado ataques con piedras entre ambas partes en algunos barrios, mientras un grupo de 2.000 manifestantes se ha plantado de forma pacífica en el monumento Héroes de la capital. En Bogotá también se han producido incendios en 15 Comandos de Atención Inmediata (CAI), uno de ellos con diez policías en su interior que han logrado salir resultando cinco heridos.
El pueblo de Cali ha vuelto también a salir a la calle tras otra noche de enfrentamientos, disturbios, cortes simultáneos de energía o suspensión de internet en algunas zonas, según colectivos. En concreto, este miércoles se han registrado nuevos disturbios, sobre todo en el sector de Siloé, donde se ha informado de al menos un herido con arma de fuego, recoge Radio Caracol.
Las protestas han dejado en estos ocho días 37 víctimas de "homicidio", según ha indicado este miércoles la ONG Temblores, que ha denunciado también 1.708 casos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad, entre ellas 110 casos de disparos de arma de fuego y diez denuncias por violencia sexual. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha alertado que el departamento del Valle del Cauca, que acoge esta ciudad, es el que presenta la situación más preocupante, ya que 25 de los 31 fallecidos que notifica esta organización se han registrado en esa región hasta el 3 de mayo.
Según Indepaz, al menos 13 de los casos en Cali se achacan a miembros del Esmad, mientras cuatro a agentes de la Policía y circulan duras imágenes de personas heridas en la vía pública de la ciudad. "Muy destacable la labor de los jóvenes que denuncian con sus celulares y nos hacen llegar los vídeos en medio de las agresiones", ha agradecido el instituto en referencia a todas las imágenes que llenan las redes para alertar de la situación en el país, recoge El Espectador.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha hecho un balance que apunta a 24 fallecidos en las últimas seis jornadas de protestas, entre las que al menos cinco habrían perdido la vida por actuaciones del Esmad y otros seis por extralimitación de funciones de policías regulares. Precisamente sobre las víctimas mortales de las protestas, el fiscal general, Francisco Barbosa, ha anunciado que de once casos de homicidios en el marco del paro nacional -que la Fiscalía tiene relacionadas con las protestas-, tres serán imputados a miembros de la Policía Nacional.
Recompesa por denuncias de vandalismo
Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha aseverado este miércoles que "organizaciones criminales se esconden detrás de la legítima protesta" y ha ofrecido una recompensa económica por denuncias contra "el vandalismo y delitos". "La amenaza vandálica que enfrentamos consiste en una organización criminal que se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales para desestabilizar a la sociedad, generar terror en la ciudadanía y distraer las acciones de la Fuerza Pública", ha señalado.
El presidente ha afirmado que "duelen las vidas de aquellos víctimas de la violencia de esto días" y ha rechazado los bloqueos y ataques a infraestructura así como que se haya afectado los servicios. "Nos duelen también los ataques a los CAI, a los peajes, supermercados (...) o contra cualquier bien público o privado", ha añadido. "El vandalismo extremo se encuentra financiado y articulado por mafias del narcotráfico", ha continuado, para enfrentarlas han diseñado una respuesta nacional "que ya está dando resultados" y que incluye una línea telefónica de denuncias y un grupo especial de investigación.
Por otro lado, se enciende en el país el debate sobre la posibilidad de imponer el estado de conmoción interior -permitiría, entre otras cosas, restringir las marchas, limitar a los medios de comunicación- , una herramienta que Duque ha afirmado este miércoles que no descarta, pero que el Gobierno ha desmentido que vaya a declarar.
Al respecto, la bancada en el Congreso colombiano del partido de Comunes ha alertado de que "la ultraderecha ha expresado de manera abierta su intención de aprovechar los desmanes y el caos para cambiar el eje del debate de las reformas necesarias hacia la represión policial y militar y, en ese sentido, declarar un estado de conmoción interior que termine llevando por delante la institucionalidad y la democracia limitada y restringida que tenemos en Colombia". Así lo ha recogido Comunes en una misiva firmada por los senadores Julián Gallo, Criselda Lobo y Pablo Catatumbo y por los diputados Carlos Alberto Carreño, Omar de Jesús Restrepo, Luis Alberto Albán y Jairo Cala Suárez.
De este modo, la formación ha llamado a una "decisión política de todos los partidos, movimientos, sectores sociales y populares para abrir espacios de diálogo sobre la base de detener la violencia, construir propuestas de solución a la problemática social y defensa irrestricta de los derechos democráticos".
Inicio del diálogo el 10 de mayo
Qué hay detrás de la respuesta autoritaria a las manifestaciones en Colombia
Tras una semana de manifestaciones, el Gobierno ha anunciado el inicio de un diálogo con el Comité del Paro para el 10 de mayo. Las autoridades colombianas, que prevén que las negociaciones se alarguen al menos hasta el 20 de mayo, y celebrarán los primeros encuentros con las propias instituciones públicas para pasar a continuación a los gobiernos locales y regionales, los comités estudiantiles, los partidos políticos, los sindicatos de trabajadores, y las asociaciones comunales.
"Iván Duque, la ciudadanía en el paro exige negociación no diálogos inútiles. Su agenda fracasó. Desmilitarización, no masacres, desmonte del Esmad y negociación del pliego de emergencia con inversión social", ha dicho el fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, que integra el Comité Nacional de Paro, en su perfil de Twitter en rechazo al diálogo.
Tras el levantamiento social, Duque tuvo que recular a principios de esta semana y cancelar la controvertida propuesta de reforma tributaria que tenía entre manos y la cual había sido ampliamente criticada por considerar que afectaba a las rentas más humildes. Asimismo, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, tuvo que dimitir.
Colombia ha vivido su octava jornada de protestas con el segundo paro nacional y nuevos enfrentamientos entre los participantes y las fuerzas de seguridad, mientras se denuncia una alarmante violencia que habría dejado cerca de 40 fallecidos, según denuncian distintas organizaciones y recoge Europa Press. Una día más los colombianos han salido a la calle, convocados por el Comité de Paro Nacional, para manifestar su rechazo a la reforma tributaria del Gobierno de Iván Duque y a la represión de las fuerzas de seguridad que se ha llevado a cabo a lo largo de las distintas jornadas de protesta y que ha sido criticada por la comunidad internacional y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.