Un informe de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard, avisa del "hostigamiento" a defensores de los derechos humanos, mencionando concretamente a la activista española Helena Maleno. El informe titulado Salvar vidas no es delito, fechado el pasado 7 de agosto, ha sido remitido a la Asamblea General de Naciones Unidas. En él, la relatora especial expone "la criminalización y los ataques de que son objeto los servicios y los agentes humanitarios" como resultado de actividades de disuasión de la migración, entre otras cosas.
Según recoge Europa Press, la relatora sostiene que "al obstaculizar la prestación de servicios indispensables para salvar vidas y al criminalizar los actos de solidaridad, los Estados violan normas fundamentales del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos". "Los Estados están hostigando a las personas que participan en las actividades de búsqueda y salvamento", señala la relatora. A su juicio, para conseguir esa criminalización, se lanzan a esas ONG acusaciones de colusión con las redes de traficantes.
En este punto, se recuerda el caso de Maleno, quien está siendo investigada en Marruecos por sus llamadas a Salvamento Marítimo de EspañaSalvamento Marítimo para avisar de pateras en el mar por si pudieran constituir un delito de tráfico de seres humanos. Seguidamente, la relatora añade que "hasta el momento no se ha dado a conocer públicamente ninguna prueba que indique que los agentes humanitarios que han sido denunciados se hayan confabulado con los traficantes". "Todo indica que los funcionarios del Gobierno acosan a los agentes humanitarios con investigaciones y denuncias procesales sin fundamento para convencerlos y convencer a otros de abandonar su labor", sostiene la activista española.
"Responsabilidad indirecta en las muertes"
"Lo que dice es que los Estados, ante la falta de apoyo a estas personas que ofrecen ayuda humanitaria o a través de su criminalización, lo que tienen es una responsabilidad indirecta en la muerte de estas personas, son muertes extrajudiciales", recalca la abogada de Women's Link Gema Fernández en declaraciones a Europa Press.
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Según ha explicado, "no es habitual", pero "no es la primera vez" que este tipo de informes mencionan casos puntuales de activistas. En este sentido, ha recordado un informe de marzo de este año del relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, quien también expresó preocupación de forma concreta por el caso de la activista española.
"Es fortísimo que mencione mi caso una relatora de ejecuciones extrajudiciales entendiendo que esto lo inicia España con Marruecos", ha manifestado Maleno en declaraciones a Europa Press. Según la defensa de la activista, el trabajo del juzgado marroquí se sustenta en una serie de informes elaborados por la Policía española que sitúan a la activista como sospechosa de un delito de inmigración irregular, los mismos documentos con los que la Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió en abril de 2017 que no había indicios delictivos.
Además, ha incidido en que, debido a que todavía su caso no está cerrado, esto afecta a sus derechos. "Tengo la espada de Damocles de un procedimiento judicial", ha dicho, para después subrayar que este tiempo de espera "es una forma de presión".
Un informe de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard, avisa del "hostigamiento" a defensores de los derechos humanos, mencionando concretamente a la activista española Helena Maleno. El informe titulado Salvar vidas no es delito, fechado el pasado 7 de agosto, ha sido remitido a la Asamblea General de Naciones Unidas. En él, la relatora especial expone "la criminalización y los ataques de que son objeto los servicios y los agentes humanitarios" como resultado de actividades de disuasión de la migración, entre otras cosas.