A Sofia Mandilara le gusta mucho su trabajo. Como reportera de la agencia de noticias griega Amna, asegura que está "a menudo en primera línea de acontecimientos importantes". "A través nuestra, la gente se entera de lo que pasa en el país", afirma. Pero no se informa de todo lo que ocurre en Grecia. Esto se debe a que Amna pertenece al Estado y está controlada por la oficina del primer ministro Kyriakos Mitsotakis. Cualquiera que informe críticamente sobre su gobierno conservador es censurado, afirma la periodista de 38 años. Recientemente, sus editores recortaron las citas de dos jueces del Tribunal Supremo que se pronunciaron en contra de un proyecto de ley del Gobierno, y los reporteros "se autocensuran con bastante frecuencia" para evitar problemas con la dirección. Las consecuencias son dramáticas, ya que gran parte de los medios de comunicación griegos dependen de Amna para sus noticias. Otros medios deben llenar el vacío de la información crítica. El Watergate griego, la revelación el año pasado de que las autoridades utilizaban programas espía para vigilar a los periodistas, fue destapado por pequeños medios independientes como Reporters United e Inside Story, y durante meses fue ignorado por los principales periódicos y cadenas de televisión.
Una situación similar se da en la radiotelevisión pública italiana, la RAI. Con más de 12.000 empleados, la RAI desempeña un papel fundamental en la formación de la opinión pública. Pero está cada vez más bajo la influencia del gobierno populista de derechas de Italia. Nada más tomar posesión en octubre de 2022, la primera ministra Giorgia Meloni ocupó todos los puestos directivos con sus seguidores. Los dos gobiernos anteriores hicieron lo mismo, pero ninguno tan radicalmente como Meloni. Destacados periodistas se marcharon e incluso el programa del prestigioso periodista y escritor antimafia Roberto Saviano fue cancelado después de que se enzarzara con Meloni. Mientras tanto, las informaciones favorables al gobierno de Meloni representan alrededor del 70% de todas las noticias políticas de las emisoras de la RAI, según el instituto de investigación de medios Osservatorio di Pavia. Daniele Macheda, secretario del sindicato de periodistas de la televisión pública italiana (Usigrai), afirma: "Aquí ya no hay necesidad de censura. Todo el sistema está amordazado; las noticias críticas ya no llegan".
Los periodistas del Journal du Dimanche (JDD), el principal diario dominical francés, también han sufrido un cambio radical de régimen. En primavera, Vivendi, propiedad del multimillonario Vincent Bolloré, obtuvo el visto bueno para comprar el gigante editorial Lagardère, dueño del JDD. Bolloré niega públicamente cualquier interés político. Pero, al igual que con sus adquisiciones de CNews en 2016 y de la revista Paris Match el año pasado, la compra fue seguida de un brusco giro en la orientación editorial del JDD. El director no tardó en marcharse y el periodista de extrema derecha Geoffrey Lejeune ocupó su lugar. Al principio, toda la plantilla se declaró en huelga, alegando que Lejeune era responsable de artículos "despreciables" y "racistas" en su anterior puesto en Valeurs Actuelles, una revista que había derivado desde posiciones de derecha a la ultraderecha. Su nombramiento, según el personal en huelga, ahuyentaba a los lectores y "ponía en peligro el periódico".
Funcionarios estatales que exigen censura, dirigentes de partidos que utilizan indebidamente las emisoras públicas para su propaganda y multimillonarios que compran medios de comunicación para propagar sus propios intereses políticos. Lo que durante mucho tiempo sólo se conoció en la Hungría de Viktor Orbán, ahora se está extendiendo por toda Europa. El Centro por el Pluralismo y la Libertad de los Medios de la Universidad Europea de Florencia, un proyecto financiado por la UE, lleva años documentando el progresivo deterioro de la libertad y el pluralismo de los medios. En su informe anual de junio, los investigadores señalan que existe "un alarmante nivel de riesgo para el pluralismo de los medios en todos los países europeos".
Esto pone a Europa en una "situación desesperada", sostiene Věra Jourová, vicepresidenta de la Comisión Europea de Valores y Transparencia. La comisaria checa tiene experiencia personal de la vida sin prensa libre. “Yo viví bajo el comunismo, eso era poder incontrolado, poder incontestado y, poco a poco, poder imposible de cambiar. Esto no debe ocurrir en ninguno de los Estados miembros de la UE”, explica a Investigate Europe [puedes leer aquí la entrevista con la comisaria]. Los medios de comunicación son "los que tienen que mantener a los políticos bajo control.. Si queremos que los medios desempeñen su importante papel en una democracia, tenemos que levantar una especie de red de seguridad europea". Por eso impulsa la aprobación de una ley europea histórica "para proteger el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación", que establecería normas jurídicamente vinculantes para preservar la libertad de prensa en todos los Estados miembros de la UE.
Ella y sus colegas presentaron en septiembre de 2022 el proyecto de Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación. Este jueves, el proyecto debe superar una primera votación en la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo, previa a la votación final en el pleno prevista para octubre. Si supera ambas votaciones, ello dará paso a una negociación a tres bandas entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento, en busca de una acuerdo para que la ley pueda entrar en vigor el año que viene. En su redacción actual, la norma establece entre otras cuestiones que:
- Los medios de comunicación de servicio público deben informar "imparcialmente" y sus cargos directivos serán nombrados "mediante un procedimiento transparente, abierto y no discriminatorio". Esos cargos sólo pueden ser destituidos antes del final de su mandato en casos “excepcionales" definidos legalmente con claridad.
- La asignación de fondos estatales a los medios de comunicación para publicidad y otros fines debe hacerse según criterios “transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios" entre todos los proveedores, independientemente de su orientación política.
- Los gobiernos y las empresas de medios de comunicación deben garantizar que los editores "sean libres para tomar decisiones editoriales individuales” en el ejercicio de su actividad profesional.
- Los propietarios y directivos de las empresas de medios deben revelar "los conflictos de intereses reales o posibles" que puedan afectar a la información.
- Se prohíbe obligar a periodistas y otros trabajadores de los medios a revelar sus fuentes mediante "detención, vigilancia o confiscación". Tampoco está permitido instalar programas espía en sus teléfonos y ordenadores.
- Un comité formado por representantes de las 27 autoridades nacionales de supervisión evaluará si los Estados de la UE cumplen realmente esta normativa.
Todo esto parece evidente para los Estados democráticos y, sin embargo, se encontró con la resistencia masiva no sólo de Hungría y Polonia, sino también de Austria y Alemania. Según las actas de las negociaciones legislativas en el Consejo de la UE, a las que ha tenido acceso Investigate Europe, argumentaron que la propuesta se extralimitaba "en relación con la soberanía cultural de los Estados miembros". Los cuatro gobiernos querían una directiva en lugar de un reglamento, que es jurídicamente vinculante. La directiva, en cambio, ofrece a los gobiernos bastante margen de maniobra a la hora de aplicar las normas comunitarias en cada Estado, algo que les permitiría socavar la inoportuna normativa de la UE.
Finalmente, las propuestas clave de Jourová y sus colegas fueron aprobadas en junio por la mayoría de los gobiernos de la UE, incluidos el alemán y el austriaco. Sólo los húngaros y los polacos votaron en contra.
En Alemania, la supervisión de los medios de comunicación es tarea de los estados regionales. En su nombre, Heike Raab, del gobierno regional de Renania-Palatinado, dirigió las negociaciones en el Consejo de la UE. Raab argumentó que la Unión Europea estaba actuando como "aspirador de competencias en un ámbito que los Tratados reservan expresamente a los Estados miembros". La política alemana aseguró que la ley supondría una "intromisión en la libertad de los editores", en línea con los respectivos grupos de presión. Si los editores ya no pueden decidir por sí solos el contenido de sus medios, se "destruiría la libertad de prensa", declaró la Asociación Federal de Editores de Periódicos de Alemania.
El periódico Die Zeit reveló recientemente cómo se abusa del poder por parte de los editores también en Alemania. El director del grupo editorial Axel Springer, Matthias Döpfner, dio instrucciones explícitas a la redacción del principal tabloide, Bild, para que apoyara al partido liberal (FDP) en las elecciones al Parlamento alemán (Bundestag). A pesar de tales abusos de poder por parte de sus miembros, documentados en muchos países de la UE, la Asociación Europea de Editores denunció que la propuesta de la UE era en realidad una "ley contra la libertad de los medios". Sin embargo, Raab y el lobby de editores no presentaron ninguna propuesta práctica sobre cómo detener los ataques a la libertad editorial por parte de empresarios como Bolloré en Francia e inversores similares en Hungría, Grecia o incluso Italia.
La influencia directa en los medios de comunicación de servicio público mediante el nombramiento de directivos políticamente afines, como se ha visto en Grecia e Italia, por ejemplo, no sería compatible con la nueva ley. "El Estado no debe interferir en las decisiones editoriales", sostiene Jourová. Si un Estado miembro no cumple, la Comisión Europea podría abrir un procedimiento contra el gobierno por violación de los Tratados de la UE. Y si las infracciones continúan, ello podría "acarrear sanciones económicas muy graves por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea".
Los propios periodistas también podrían demandar a los gobiernos o a los propietarios de medios de comunicación privados ante los tribunales estatales por censura o por espiarlos, explica la comisaria. "Precisamente por estos posibles casos, insistimos en que debe ser una normativa directamente aplicable. Así el periodista puede confiar en la redacción correcta de la ley", afirma Jourová para justificar su apuesta por que se apruebe un reglamento y no una directiva. "El objetivo principal es proteger a los periodistas frente a la injerencia en su trabajo o el acoso por parte del propietario del medio o del Estado", destaca.
Sin embargo, cabe preguntarse si esto puede ayudar a invertir el declive de la pluralidad de los medios de comunicación en los Estados de Europa del Este gobernados por populistas de derechas. Los gobiernos húngaro y polaco ya están aceptando el bloqueo de miles de millones en pagos procedentes de fondos de la UE porque violan los principios del Estado de derecho con su control político de los tribunales. Así pues, ¿por qué deberían temer nuevas sentencias de los jueces de la UE?
El periodista Zsolt Kerner, de la revista digital 24.hu, afirma que el régimen de Viktor Orbán ha diseñado durante años un "estrangulamiento económico progresivo" de los medios de comunicación independientes en Hungría. El gobierno retiró todos los contratos de publicidad estatal a los medios independientes y luego presionó a los anunciantes privados para que hicieran lo mismo. Hoy, los ingresos publicitarios sólo van a parar a los medios leales al gobierno. 24.hu sobrevivió sólo gracias a un inversor económicamente fuerte e independiente. Los demás tuvieron que cerrar o fueron absorbidos por títeres. Como resultado, el grupo progubernamental Kesma controla ahora más de 500 periódicos y revistas. El independiente Klubrádió fue privado sumariamente de su licencia de radiodifusión por las autoridades, y los medios online restantes dependen de las donaciones de los lectores y apenas tienen "acceso a la información estatal", denuncia Kerner. Todo esto sería ilegal con el reglamento previsto, porque la legislación de la UE prevalece sobre la estatal. Pero Kerner y sus colegas dudan de que "sirva de algo en nuestro país". Al fin y al cabo, el Gobierno tiene "muchos buenos abogados".
"Quizá Hungría sea un poco inmune ahora", admite la comisaria Jourová. Pero también allí el Gobierno sentirá “tarde o temprano el impacto político". El nuevo reglamento prevé la creación de un denominado Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, órgano independiente integrado por expertos de los 27 Estados miembros. Aunque el Comité sólo podrá emitir por mayoría evaluaciones sin consecuencias legales, Jourová confía en que aquellos países que el Comité señale por restringir la libertad de los medios sufrirán “una pérdida de reputación internacional, a la que son muy sensibles la mayoría de los gobiernos".
Esto podría presionar a los nacionalistas de derechas polacos, opina Roman Imielski, subdirector de Gazeta Wyborcza, el último gran diario independiente del país. El Gobierno del primer ministro Mateusz Morawiecki también ha convertido la televisión pública y la agencia nacional de noticias en "una máquina de propaganda al estilo ruso" que tacha a todos los críticos de "traidores a la nación y conspiradores", afirma Imiaselski. Pero si Polonia queda mal ante el Gobierno estadounidense, "eso ejerce presión", como ocurrió cuando el Ejecutivo intentó forzar la venta a un comprador polaco de la cadena crítica TVN, propiedad del grupo estadounidense Warner Bros Discovery. Presionado por Washington, el presidente polaco vetó la ley correspondiente en 2021.
Aún se desconoce cuándo o incluso si el gran plan de Jourová se convertirá realmente en ley. Tras la aprobación parlamentaria prevista para octubre, sus representantes aún tienen que acordar un texto común con el Consejo. Sin embargo, tienen opiniones contradictorias sobre dos cuestiones centrales. La mayoría de los gobiernos de la UE quieren dar marcha atrás en la prohibición prevista de utilizar programas informáticos de espionaje contra periodistas y apoyan permitirlo explícitamente en caso de peligro “para la seguridad nacional”. La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo lo rechaza de plano, y Jourová también advierte contra un "cheque en blanco" para los servicios secretos. “Tenemos que entablar las negociaciones con buena voluntad para llegar a una solución definitiva. Pero la buena voluntad se acaba cuando podemos empeorar la situación de los periodistas”, declara. Dicho de otro modo: si los gobiernos insisten en su postura, la Comisión podría retirar su propuesta legislativa.
El artículo 6, que obliga a los propietarios de los medios a respetar la "libertad editorial", también es muy controvertido. Los Estados miembros, entre ellos Alemania, quieren debilitar también considerablemente esta disposición concediendo esta libertad únicamente "dentro de la línea editorial" establecida por los propietarios de los medios. De tener éxito, la ley fracasaría en un punto crucial. Y no sólo en el caso francés de Bolloré o de la editorial alemana Axel Springer. En Italia, por ejemplo, la familia Agnelli, propietaria del grupo Fiat, compró todo un imperio de prensa y controla los diarios nacionales La Repubblica y La Stampa. En Grecia, por su parte, los poderosos armadores son propietarios de casi todos los grandes medios de comunicación y están estrechamente aliados con el Gobierno.
"El problema no es la concentración de medios en sí misma, el problema es que caigan en las manos equivocadas", afirma Gad Lerner, columnista del diario italiano independiente Il Fatto Quotidiano, que trabajó para La Repubblica hasta su venta. "Cada vez más empresarios con un negocio principal en otras industrias compran periódicos, televisiones o radios para dar visibilidad a los políticos de los que dependen para su verdadero negocio", sostiene Lerner.
"Por supuesto, no queremos que los ricos compren medios de comunicación para influir en la política. Pero no estamos aquí para microgestionar cómo deben organizarse las redacciones", afirma Jourová, señalando la necesidad de que la sociedad civil y los periodistas ayuden a presionar para que se refuercen las libertades editoriales.
La periodista griega Sofia Mandilara, de la agencia estatal de noticias, ya ha dado el pistoletazo de salida en este sentido. Con la ayuda del sindicato, presentó una queja pública contra la censura de declaraciones críticas con el Gobierno en uno de sus artículos y, para su sorpresa, le dieron la razón y le permitieron escribir otro artículo sobre el tema. Desde entonces, "al menos siempre me preguntan cuando quieren cambiar mis textos", dice riendo.
Medios más transparentes y periodistas expuestos al espionaje: luces y sombras de la 'ley de prensa' de la UE
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Edición: Chris Matthews
Gráficos: Marta Portocarrero