Desde principios de julio, un pequeño libro azul circula por los hogares chilenos, por los mercados y virtualmente por las redes sociales. La gente lo lee públicamente, comenta sus artículos y debate –a veces acaloradamente– sobre su redacción. El texto de 170 páginas, redactado por los 154 miembros de la Convención Constitucional elegidos en mayo de 2021, tiene un título sobrio: "Constitución Política de la República de Chile". Se entregó al presidente Gabriel Boric el 4 de julio de 2022, y ahora debe aprobarse en referéndum el 4 de septiembre. Su aprobación marcaría la entrada del país andino, que fue la cuna del ultraliberalismo bajo la dictadura de Pinochet, en una nueva era política.
"Existe un consenso internacional de que este texto es muy avanzado en relación con el derecho constitucional internacional, ya sea en la cuestión de la paridad, los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos indígenas o la emergencia ecológica", subraya Emmanuelle Barozet, investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) de la Universidad de Chile. Varios economistas de todo el mundo, como Thomas Piketty y Gabriel Zucman, también han calificado el texto de "visionario".
El epílogo del "estallido social" de octubre de 2019, que obligó al presidente derechista, Sebastián Piñera, a iniciar un proceso constituyente, es por tanto histórico sobre el papel.
La "despinochetización" es ya un hecho
Desde el retorno "pactado" a la democracia en 1990, los movimientos sociales chilenos se han topado con la Constitución de 1980, que impide las reformas sociales. El propio dictador Augusto Pinochet había intervenido en el texto de la ley fundamental para ampliar su poder, y la hizo ratificar mediante un plebiscito fraudulento, sin listas electorales y sin oposición política. Sus aspectos más antidemocráticos fueron reformados (como la prohibición de los partidos marxistas), pero en la Carta Magna permanecen algunos apartados autoritarios, así como una rígida concepción de la propiedad privada, que permite, por ejemplo, la mercantilización de los derechos de agua. Así que ya era hora.
La Convención Constitucional, paritaria, representativa de los pueblos indígenas y dominada por la izquierda independiente y los partidos históricos de la izquierda (por las elecciones de mayo de 2021), ha institucionalizado las causas sociales, feministas, medioambientales y de los pueblos indígenas defendidas por los movimientos sociales en los últimos años, y ampliamente ignoradas por la transición. Así da fe de ello el artículo 1: "Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico.”
“Es un texto que contiene grandes avances respecto a la Constitución de 1980, que era de matriz autoritaria", explica Antoine Maillet, investigador de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. “Es una Constitución que marca la entrada de Chile en una era progresista e inclusiva, promoviendo la igualdad social y de género, las diferentes culturas y la posibilidad de que el Estado cree empresas públicas.” Las nuevas normas constitucionales incluyen el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado, el reconocimiento del derecho al aborto, la inclusión del mar, las aguas, los glaciares y los humedales de Chile como bienes comunes naturales, el fortalecimiento del poder legislativo sobre el ejecutivo y el derecho a la huelga.
Los avances en la legislación laboral, en particular, hacen palidecer a los empresarios chilenos. Las normas propuestas en este ámbito podrían constituir, si se validan, "una revolución en el derecho del trabajo", afirma Franck Gaudichaud, profesor de historia de América Latina en la Universidad de Toulouse. Entre ellas, el derecho a la negociación colectiva por sector -y ya no sistemáticamente por empresa- o el hecho de que sólo los sindicatos tendrían derecho a negociar. Esto no se veía desde Salvador Allende.
Además, en este país marcado por el dinamismo de las luchas feministas –que tuvieron representantes en la Convención, como la activista Alondra Carrillo– la nueva Constitución podría convertirse en "la más feminista del planeta", dice Franck Gaudichaud. No sólo se consagra el principio de paridad, sino también el derecho al aborto y el reconocimiento del trabajo doméstico remunerado y no remunerado, que se incluirá en un sistema de seguridad social.
La gran federación del rechazo
Pero estos logros, que aún deben ser aprobados el 4 de septiembre, se enfrentan a una multitud de problemas. Paradójicamente, mientras que el 80% de los electores votó el 25 de octubre de 2020 a favor de la redacción de un nuevo texto fundamental en un referéndum histórico, ahora el entusiasmo ya no es tan palpable.
En un contexto de crisis económica y migratoria (sobre todo por la llegada de migrantes venezolanos y colombianos al norte del país), y de explosión de la violencia en las ciudades y en los territorios mapuches del sur, donde se ha prorrogado el estado de excepción, se ha formado una coalición heterogénea para bloquear la nueva Constitución. "No es el mejor clima para pensar en un texto que resolverá ciertos problemas a medio plazo, pero que no resolverá los problemas fundamentales de la desigualdad a corto plazo", dice Emmanuelle Barozet.
Esta coalición incluye, naturalmente, a la derecha tradicional, que aprovecha la oportunidad para poner a prueba a la izquierda gobernante. "Hay una instrumentalización, sobre todo por parte de la derecha, sobre ciertas posiciones defendidas en el texto. La gente tiene un conocimiento general, circula en papel o en internet, pero lo importante es ver cómo se publica el debate sobre el contenido en la prensa y en las redes sociales", observa Emmanuelle Barozet.
Sin embargo, por el momento, en la televisión, los partidarios de la aprobación ("Apruebo") dedican más tiempo a luchar contra la información falsa reactivando los viejos temores anticomunistas –por ejemplo, sobre la expropiación de viviendas por el Estado– que a popularizar el texto. "La derecha ha invertido millones de dólares para hacer una campaña en los medios de comunicación, que están en manos de la oligarquía chilena, con el fin de presentar este texto como algo que dividiría la unidad nacional", explica Franck Gaudichaud.
Pero la derecha no es la única que hace campaña por el rechazo. "El rechazo se ha convertido en algo transversal: incluye a los "Amarillos por Chile" [que reúne a conocidas figuras de la élite política y académica] e incluso a figuras del centro-izquierda”, señala Stéphanie Alenda, directora de investigación de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello de Santiago de Chile. “La derecha sólo ha capitalizado las dudas de la sociedad chilena sobre ciertos contenidos de la Constitución.”
Incluso el ex presidente de la República (de 2000 a 2006) Ricardo Lagos, miembro de la ex Concertación (centro-izquierda), se mostró muy distante sobre el texto. "Esta intervención tan activa de Ricardo Lagos, el fantasma de la Concertación, ha abierto el camino a una voluntad a la reforma de lo que algunos presentan como un texto demasiado ‘radical’", añade Franck Gaudichaud.
Una de las cuestiones más espinosas es la afirmación de la plurinacionalidad del Estado y los derechos garantizados a los pueblos indígenas en la nueva Constitución, que hacen temer a sus críticos la creación de dos categorías de ciudadanos. “El tema de la plurinacionalidad contrasta con la historia y la tradición cultural chilena, que invisibiliza el patrimonio de los pueblos indígenas", explica Antoine Maillet. “Esto es a lo que la derecha da demasiada importancia, la idea de que habrá unos ciudadanos de primera clase y otros de segunda clase, lo que por supuesto se niega. Pero este discurso teñido de una forma de racismo es muy fuerte.”
En este contexto, el gobierno de Gabriel Boric, obligado a la neutralidad, se conforma con una campaña lo más imparcial posible para que los chilenos "voten bien informados". Pero, previendo los bloqueos que podrían llegar desde el Congreso –que será el encargado de plasmar la Constitución en leyes en caso de aprobación, y donde la derecha sigue siendo fuerte–, el presidente ya cerró un acuerdo con los partidos del Gobierno el 11 de agosto, comprometiéndose a reformar algunos puntos del texto considerados demasiado sensibles.
Entre otras cuestiones, el Gobierno da marcha atrás en el alcance de los derechos de los pueblos indígenas: su consulta sólo será obligatoria "en las áreas que puedan afectarles directamente", y su sistema de justicia -el ángulo de ataque preferido del bando del rechazo- "no tendrá jurisdicción sobre los delitos penales". "Esto demuestra el efecto de la propaganda de la derecha sobre el fin de la unidad del país", señala Franck Gaudichaud.
También en el ámbito de la seguridad social, el texto parece querer dar garantías a los agentes privados, sobre todo en materia de sanidad, educación y pensiones.
¿Serán estas concesiones suficientes para influir en la opinión pública a favor de la aprobación? Es difícil estar seguro, sobre todo porque estas negociaciones podrían alimentar un sentimiento anti clase política que ya es fuerte en Chile. Aunque este gesto puede verse como un esfuerzo por avanzar hacia el consenso, también puede delatar la falta de firmeza por parte del joven presidente, cuya popularidad ha caído considerablemente desde que llegó al poder.
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"Boric tiene dos almas en su coalición: un alma socialdemócrata representada por su ministro de Economía, Mario Marcel, al que Boric apoya, y un alma más izquierdista representada por el PC y el Frente Amplio. El presidente se contradice a menudo, navegando según el contexto, lo que no ayuda a la aprobación", analiza Stéphanie Alenda.
El hecho de que el voto sea obligatorio en estas elecciones también abre el campo de las posibilidades, en un país en el que la tasa de abstención suele ser superior al 50%. En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2021, la movilización espontánea de un millón de votantes más, sobre todo jóvenes, mujeres y personas que viven en barrios obreros, llevó a la elección de Gabriel Boric frente al candidato de extrema derecha José Antonio Kast. Esta vez también la movilización de los ciudadanos será decisiva en el resultado final.
Traducción de Miguel López