El viejo sueño de la derecha americana por fin se hace realidad. Tras ser confirmada este lunes 26 de octubre de 2020 por una estrecha mayoría de senadores republicanos (52 votos contra 48), la jueza ultraconservadora Barrett, designada por el presidente Donald Trump, provoca definitivamente el vuelco de la Corte Suprema. Seis de los nueve jueces del más alto tribunal de Estados Unidos, un cargo vitalicio, son ahora conservadores.
A pesar de las protestas de los demócratas, Amy Coney Barrett, de 48 años, ya puede tomar posesión del cargo y ejercerlo hasta el año 2059, si vive tanto como su predecesora, la feminista Ruth Bader Ginsburg, fallecida a los 87 años, el pasado 18 de septiembre.
Una perspectiva inesperada para el presidente Donald Trump, candidato a la reelección el 3 de noviembre y crítico con unos comicios que quiere impugnar ya, con ayuda de la Corte Suprema y, confía, también con la de la jueza Barrett, su protegida.
“Cuento con ellos [los jueces del Tribunal Supremo] para examinar las papeletas”, explicó sin ambages el pasado 29 de septiembre en el transcurso del primer debate con su rival demócrata, Joe Biden. Trump, a quien no le sonríen los sondeos de opinión, ni tan siquiera en el sur tradicionalmente conservador, no ha dejado de desacreditar unas elecciones empañadas, dice sin pruebas, por el “fraude” relacionado con el voto por correo. Más allá de la situación personal del presidente, Amy Coney Barrett, la tercera jueza nombrada (en tiempo récord) por Donald Trump, se dispone a cambiar en la práctica la cara de América de arriba abajo.
La Corte Suprema, última instancia a la hora de dirimir sobre decisiones tomadas en el ámbito local por los estados, puede tener que dictaminar (más allá de las elecciones) también sobre cuestiones sociales tan críticas como la protección del medio ambiente, el mercado laboral, la inmigración, los derechos LGTB o los derechos de la mujer.
Sin embargo, la confirmación de la jueza Barrett en el cargo llega en un momento en que más de 50 millones de estadounidenses ya han votado. Los propios republicanos, que son mayoría en el Senado, rechazaron hace cuatro años sustituir por este mismo motivo a la jueza Scalia (conservadora), cuyo fallecimiento nueve meses antes de las presidenciales de 2016 consideraban entonces demasiado próxima a las elecciones. Una “hipocresía increíble”, lamentan los demócratas.
Por su parte, sólo ocho días antes de las elecciones, Amy Coney Barrett trata de transmitir calma. Ella no es el “peón” de nadie, y más concretamente de Donald Trump, un presidente con el que no ha hecho ningún “trato”, según repitió durante sus audiencias ante el Comité Judicial del Senado. Fiel a su filosofía, heredada de su mentor, el juez Scalia, Barrett simplemente pretende, según dijo, aplicar los textos al pie de la letra, tal como fueron ratificados originalmente. No se trata, dice, de seguir una “agenda” política. En este caso, la agenda de Donald Trump.
Prueba de su independencia: su negativa a considerar su opinión personal sobre los casos que pronto tendrá que examinar en la Corte Suprema, como el resultado de las elecciones presidenciales. Para evitar cualquier conflicto de intereses, podría incluso recusarse en caso de litigio, afirmó, sin comprometerse a ello.
Hace unos días, la Corte Suprema concedía al electorado de Pensilvania, un estado clave, tiempo adicional para emitir el voto por correo. Un sistema de votación tradicionalmente favorable para los demócratas. ¿Se habría concedido dicha prórroga si la jueza Barrett hubiera tenido que pronunciarse? ¿Qué pasará si la Corte Suprema debe decidir entre Donald Trump y Joe Biden tras los comicios del 3 de noviembre? Sucedió en el año 2000, tal y como recordaba el historiador romano Romain Huret a principios de octubre en Mediapart (socio editorial de infoLibre). Hace 20 años, Al Gore, ganador del voto popular, perdió las elecciones tras la negativa de la Corte Suprema de volver a contar los votos de Florida.
Así las cosas, los silencios de Amy Coney Barrett han dejado muchas preguntas sin respuesta, no sólo sobre el resultado de las elecciones, sino también sobre sus posturas sobre el aborto o el ObamacareObamacare, una red de protección vital en tiempos de pandemia. “Severability [disociabilidad]”, quiso tranquilizar Amy Coney Barrett a los senadores, dejando entrever una voluntad de preservar el equilibrio general de la Affordable Care Act (ACA), la ley sobre los cuidados asequibles de Obama que Trump quiere ver desaparecer.
Promulgada en 2010 y revisada por la Corte Suprema a partir del próximo 10 de noviembre, la ACA ha permitido en particular a los estadounidenses más modestos acceder a una ayuda financiera, en forma de créditos fiscales, con el fin de limitar el coste financiero de su seguro. Entre 2010 y 2016, 20 millones de ellos han podido así conseguir un seguro, algunos por primera vez, a pesar de las patologías preexistentes.
¿La ley y nada más que la ley, de forma completamente imparcial, como asegura la muy católica jueza Barrett? Más que dudoso, a la vista de las sentencias dictadas en el pasado por la magistrada.
El aborto, una decisión “bárbara”
Aunque ha defendido en el Senado su reticencia a pronunciarse sobre decisiones anteriores de la Corte Suprema, incluido el caso Roe contra Wade, que legalizó el aborto en 1973, su postura del stare decisis, la regla de precedente judicial, es incompatible con sus tomas de posiciones anteriores. En efecto, en 2016, ¿no defendió la decisión del gobernador de su estado, Indiana, un tal Mike Pence, actual vicepresidente de Donald Trump, cuando éste exigió que se organizara un funeral por los restos del feto después de un aborto? ¿La jueza Barrett no se comprometió públicamente diez años antes, en 2006, cuando firmó un texto a favor de la revocación de la sentencia Roe contra Wade, una decisión “bárbara”?
Si la Corte Suprema validase restricciones locales en el futuro, el aborto podría pasar a ser ilegal en 22 estados del otro lado del Atlántico sin que ni siquiera el caso Roe contra Wade fuese anulado. En otros asuntos sociales, como políticas migratorias, el panorama no es mucho mejor.
Entre los casos anteriores juzgados por Barrett, la revista progresista Current Affairs aborda en detalle la historia de un norteamericano casado con una extranjera. Cuando quiso llevar a su esposa y dos hijos a Estados Unidos, a la familia, yemenita, les negaron los visados. Amy Coney Barrett, que se hizo cargo de la causa en 2019, ratificó esta denegación, que sin embargo constituye una violación de los “derechos fundamentales” de cualquier ciudadano, escribe Current Affairs.
Un precedente que deja pocas esperanzas sobre la siguiente decisión de la Corte Suprema, que deberá pronunciarse sobre el mantenimiento de una de las medidas más emblemáticas y criticadas de la Administración Trump: la obligación de que los solicitantes de asilo que se presenten en la frontera mexicana esperen, en México, a que se estudie su solicitud.
Por último, el nombramiento de un nuevo juez conservador en la Corte Suprema no ha escapado a los empresarios. A decir al menos de los millones de dólares gastados por Charles Koch, magnate del petróleo, para promover el nombramiento de Amy Coney Barrett. Su objetivo es limitar –gracias a una mayoría conservadora– la intervención del Estado en cualquier cosa que implique nuevos impuestos, nuevas protecciones para los trabajadores u otras regulaciones de tipo medioambiental. A este respecto, la jueza Barrett, hija de un abogado que trabajó para una compañía petrolera, ya ha advertido: "No es científica”.
Una “sierva” del Señor
Por otra parte, de sí misma dice que es una madre abnegada, especialista en “fiestas de cumpleaños” para sus siete hijos.También se define como una esposa satisfecha, casada con un hombre generoso, al que conoció en la oscura comunidad católica de la pareja, los People of Praise, una estructura patriarcal de 1.650 miembros donde las mujeres eran hasta hace poco consideradas “sirvientas”. En referencia a María, “la sierva del Señor”. La jueza Barrett no oculta su fe.
A sus estudiantes de la Universidad de Notre Dame, una respetada institución católica de Indiana, donde estudió antes de enseñar derecho durante 15 años, les aconsejó en 2006 “mantener como meta... servir a Dios”. “El dogma vive tajantemente en ti”, se lamentó la senadora demócrata de California Dianne Feinstein ya en 2017, cuando Barrett fue confirmado en el Tribunal de Apelaciones de Chicago. Una crítica que le dio a la jueza un aura de estrella de rock de derechas.
Si hubiera una sola victoria del presidente Donald Trump, al margen de su reelección, sería precisamente ésta; los jueces y el control del poder judicial de los conservadores. En sus cuatro años de mandato, el presidente Trump ya ha nombrado a 200 jueces en niveles inferiores, a nivel federal. Otras tantas togas negras listas para decidir, como Amy Coney Barrett, sobre el futuro de millones de estadounidenses.
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Traducción: Mariola Moreno
Leer el texto en francés:
El viejo sueño de la derecha americana por fin se hace realidad. Tras ser confirmada este lunes 26 de octubre de 2020 por una estrecha mayoría de senadores republicanos (52 votos contra 48), la jueza ultraconservadora Barrett, designada por el presidente Donald Trump, provoca definitivamente el vuelco de la Corte Suprema. Seis de los nueve jueces del más alto tribunal de Estados Unidos, un cargo vitalicio, son ahora conservadores.