¿El hombre de los “cuernos”, el “chamán” de la teoría conspirativa QAnon? Condenado. ¿El excampeón olímpico de natación? Culpable. ¿El emprendedor, armado con una taser que puso sus pies sobre el escritorio de Nancy Pelosi, la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes? Acusado de varios cargos. La Justicia ha sido implacable con quienes participaron en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
Un año después de los hechos, 700 personas están siendo juzgadas. De ellos, 70 ya han sido condenados a penas con suspensión, mientras que otros pasarán cinco años de prisión. En los casos menos graves, se les acusa de acceder, en Washington, en el edificio del Capitolio, a zonas cerradas al público.
A otros, se les imputan agresiones agravadas, en particular a agentes de Policía, pero también el robo de objetos gubernamentales y la “obstrucción” de un acto oficial, en concreto la ratificación de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, que ganó Joe Biden.
A pesar de la espectacularidad de las imágenes de la toma del Capitolio, y de que el FBI todavía busca a 350 personas, la mayor amenaza para Estados Unidos reside hoy en otra parte, en lo que ocurrió entre bastidores, donde no había cámaras, en las semanas, días y horas previas y durante el ataque al Capitolio. En las war rooms donde se celebraban reuniones secretas al más alto nivel entre los miembros de la administración Trump y el entorno del expresidente.
Desde la izquierda, son muchos los que temen que Donald Trump intente lograr la reelección a la Casa Blanca en 2024 con las mismas estrategias que llevaron a la violencia del 6 de enero del año pasado. Es decir, maniobras que, para la izquierda estadounidense, se acercan a un intento de golpe de Estado.
En la prestigiosa revista estadounidense The Atlantic, el periodista Barton Gellman esboza esta hipótesis no tan lejana de un “hundimiento de la democracia estadounidense”. Estamos en 2024, comienza, “miles de votos” han sido rechazados. Y “el perdedor es declarado ganador”. Gracias, en parte, al secuestro del sistema electoral que debe determinar el ganador. El escenario puede parecer alarmista. Pero se ha afianzado en los últimos meses.
Trump, al acecho
Según los últimos sondeos, el 71% de los votantes republicanos sigue creyendo que las elecciones presidenciales de 2020 se las robaron a Trump gracias a esquemas de fraude masivo ideados por la izquierda. Aunque casi todos los 75 recursos presentados por los equipos de Trump en los tribunales hayan sido rechazados.
En este contexto, el antiguo inquilino de la Casa Blanca amasaba, en pocas semanas, los primeros meses de 2021, un arsenal de guerra, más de 100 millones de dólares en donaciones de campaña. Sin ni tan siquiera haberse declarado oficialmente candidato por el momento. Un récord. Y una formidable vía de persuasión dentro del partido republicano, que le ha sido fiel hasta ahora.
Al mismo tiempo, en los últimos meses, gracias a la investigación judicial y a la investigación llevada a cabo en la Cámara de Representantes por una comisión especial, la secuencia de acontecimientos del ataque al Capitolio y lo que lo precedió ha comenzado a aclararse.
Más de 40 personas han sido acusadas penalmente de “conspirar” y coordinarse el día del asalto. Muchos de ellos pertenecen a milicias de extrema derecha, como la organización paramilitar Oath Keepers y los Proud Boys, el grupo de vigilantes chauvinistas al que Donald Trump animó personalmente a estar “preparados”.
Sin embargo, hasta ahora no se han presentado cargos contra estos grupos por “sedición”, por intentar derrocar al Gobierno. Pero en la Cámara de Representantes, la comisión especial ha señalado constantemente los turbios vínculos entre estos movimientos de extrema derecha y ciertos miembros republicanos del Congreso. En Arizona, por ejemplo, el congresista Paul Gosar no dudó en posar con un miembro de los Proud Boys. Su colega Andy Biggs asistió a eventos con la jerarquía de los Oath Keepers.
En Colorado, Georgia, Florida, otros congresistas republicanos han aparecido en círculos de extrema derecha. El 6 de enero de 2021, ¿estaban en contacto estos y las milicias? ¿Coordinaron juntos el ataque violento? Por el momento, la cuestión sigue sin respuesta. Sin embargo, se sabe que los esfuerzos de Donald Trump y sus aliados se concentraron en todos los niveles del Poder Ejecutivo y Judicial. En particular, como escribe The Atlantic, en el plano local, en los electores.
En un correo electrónico facilitado por Mark Meadows, antiguo jefe de gabinete del presidente Trump, a los investigadores de la Cámara de Representantes, se habla efectivamente en la derecha, ya el 7 de noviembre de 2020, es decir, unos días después de la victoria de Joe Biden, de sustituir a los electores demócratas –responsables de designar a Biden como ganador– por electores pro-Trump.
La iniciativa, contraria a la Constitución, finalmente se abandonó, pero se pusieron sobre la mesa otras estrategias: declarar el estado de emergencia; incautar las máquinas de votación; seguir insistiendo, falsamente, en la existencia de un fraude masivo; instrumentalizar el Departamento de Justicia (sustituyendo al ministro en funciones, Jeffrey Rosen, poco colaborador, a decir de Donald Trump); presionar al vicepresidente, Mike Pence, que sería el encargado de certificar los resultados de las elecciones en el Capitolio, el 6 de enero de 2021...
En los medios de comunicación, decenas de expertos e investigadores han tratado de dar sentido a este día de enero. Omar Wasow, profesor del Pomona College de California, es quien mejor resume las semanas de caos que condujeron al ataque al Capitolio. A diferencia de otras ocasiones en las que Estados Unidos ha vivido este tipo de violencia, explica en The New York Times, es la primera vez que “un presidente y los políticos” llaman a los ciudadanos a participar en la “resistencia violenta”.
Y la llamada funcionó. Un tercio de los estadounidenses, según un sondeo publicado el 1 de enero por The Washington Post, incluyendo paradójicamente a la izquierda, cree que la violencia contra el Gobierno puede estar “justificada”. En este periodo de incertidumbre, el tiempo se agota para los demócratas.
Dentro de unos meses, las elecciones de mitad de mandato podrían poner fin a la investigación parlamentaria si la izquierda perdiera su frágil mayoría en la Cámara de Representantes. Este es otro problema para la administración Biden, que hasta ahora se ha mantenido al margen de la investigación en el debate público, para no ser juez y parte en una Norteamérica que ya está profundamente dividida.
En cuanto a Donald Trump, a medida que se acercan estas cruciales elecciones de mitad de mandato, está maniobrando en la trastienda de los republicanos, cual hacedor de reyes, apoyando a los candidatos conservadores que le son favorables y atacando a los demás. Aparece a la vez ausente y omnipresente en los canales de noticias de 24 horas, que durante semanas han estado emitiendo un bucle sobre el ataque al Capitolio.
Pero también para él, los problemas no han hecho más que empezar. El comité especial de la Cámara de Representantes no descarta proponer acciones legales contra Donald Trump por “obstrucción” de un acto oficial. El 6 de enero de 2021, el expresidente estaba, según varios testigos, pegado a su televisor y retrasó a sabiendas su reacción.
Un tribunal federal de apelaciones también rechazó el recurso de Donald Trump a principios de diciembre para impedir que el Congreso accediera a los registros de la Casa Blanca relacionados con el ataque al Capitolio. El expresidente había intentado invocar el privilegio ejecutivo y la existencia de documentos clasificados como secreto de defensa, pero sin éxito.
Traducción: Mariola Moreno
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