#NinasNoMadres. Esta etiqueta circula en todas las redes sociales desde hace algunas semanas. Hay mujeres que adjuntan una vieja foto de ellas con 11 años: la edad en la que Lucía fue forzada por los médicos de un hospital público de Tucumán, provincia conservadora del norte del país, a practicarle una cesárea. La chiquilla, violada por la pareja de su abuela, estaba embarazada de 19 semanas cuando llegó al hospital, reclamando inmediatamente que “le quitaran lo que el viejo (le había) puesto en el vientre”. Un aborto que había rechazado practicar la totalidad del personal médico al acogerse a su cláusula de conciencia.
Como en la mayor parte de los países de America Latina, el aborto es ilegal en Argentina, salvo en casos de violación o si el embarazo presenta un peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada. Lucía –nombre ficticio para proteger su identidad– respondía a estos dos criterios. “Y sin embargo los médicos no han respetado la ley. Han tenido a Lucía en el hospital durante varias semanas y, aunque ella manifestó varias veces su deseo de abortar, hicieron todo lo posible para retrasar la intervención (…) Intentaron también hacerla cambiar de opinión acariciándola el vientre o enseñándola ecografías”, denuncia Florencia Vallino, abogada miembro de la organización Andhes, que representa a la familia de la muchacha.
Tras un recurso ante el Tribunal Supremo de Tucumán, los médicos del hospital se decidieron finalmente a intervenirla la semana pasada. Pero, en vez de practicarle una interrupción legal de embarazo lo que han hecho a Lucía es hacerle una cesárea a un feto de cinco meses que hoy tiene pocas posibilidades de sobrevivir. “Obligar a una niña a ser madre es tortura”, juzga Florencia Vallino.
Este sórdido asunto escandaliza a la opinión publica y reactiva la cuestión del derecho de las argentinas al aborto, seis meses después del rechazo por el Senado de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Durante los meses en que se ha seguido los debates en la Camara de Diputados y después en el Senado, el país ha vivido una movilización histórica de mujeres y sobre todo de muchachas que se han manifestado cada martes ante el Congreso, portando un pañuelo verde, símbolo de la campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El texto, adoptado por los diputados en junio, fue rechazado dos meses más tarde por los senadores por siete votos de diferencia. Un duro golpe para el movimiento feminista, que conoce desde 2015 un impulso sin precedentes, “pero en absoluto el final”, según Victoria Tesoriero, miembro de la organización Católicos para el Derecho a Decidir, que apoyan la legalización del aborto: “No vamos a bajar los brazos, la movilización sigue siendo muy fuerte hoy”.
De hecho, las argentinas han retomado la tradición de los martes verdes. El 19 de febrero, bajo el húmedo calor del verano austral, un gentío –aunque menos importante que el de las grandes concentraciones del año pasado– se reunió ante el Congreso para celebrar el primer día de un nuevo año de movilizaciones. Con pañuelo verde al cuello y sombra de ojos a juego, Guadalupe, estudiante de 23 años, dice que está “preparada para continuar el combate”. “He ganado para la causa a toda mi familia, en particular a mi madre, aunque han hecho falta largas discusiones... creo que la sociedad argentina necesita tiempo pero terminara por evolucionar tarde o temprano”, añade.
En un país en el que el 75% de los habitantes se declara católico, haber hecho del aborto un tema de debate publico constituye ya un avance para los partidarios de ese derecho. Para Victoria Tesoriero, “la fe no tiene nada que ver con las decisiones personales que una mujer puede tomar en su vida; la movilización del año pasado ha ayudado mucho a las argentinas a volver a cuestionar sus prejuicios”.
El aborto, que ha sido un tabú muy extendido –mas de 450.000 argentinas interrumpen clandestinamente su embarazo cada año, según estimaciones oficiales– se ha convertido en un elemento divisorio en todas las esferas de la sociedad argentina: en la familia, en el trabajo, en el mundo político, cada cual ha tenido que aclarar su posición. En Twitter, numerosos usuarios ponen junto a su nombre un corazoncito verde o azul –el color escogido por los antiabortistas, que han adoptado el eslogan Salvemos las dos vidas–.
Andrea Berra, psicóloga y miembro de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir (Rpsdd), hace un llamamiento a “poner fin a la hipocresía instalada en el seno de la sociedad argentina”. Ella denuncia el negocio muy lucrativo de ciertos médicos que practican abortos en secreto en lujosas clínicas, mientras que las mujeres más pobres tienen que recurrir a menudo a métodos ancestrales y peligrosos: perchas, mezclas peligrosas de medicamentos... Una semana después del rechazo de la legalización del aborto del mes de agosto, una mujer de 34 años murió de una infección generalizada tras haber querido interrumpir su embarazo usando un manojo de perejil. Según las asociaciones, entre 50 y 100 mujeres mueren cada año por abortos clandestinos.
“Deseamos ejercer una verdadera influencia en la campaña electoral”
Es una situación que impulsa a las organizaciones a movilizarse. El Rpsdd, que cuenta con más de mil miembros en toda Argentina, proporciona consejos y orienta a las mujeres embarazadas que desean abortar. “Las ayudamos a hacerlo legalmente y en buenas condiciones sanitarias. La ley autoriza el aborto si la vida o la salud de la mujer embarazada corren peligro, lo que puede incluir su salud mental. Dentro de la red tenemos médicos comprensivos que facilitan este diagnóstico y por lo tanto esta práctica”, explica Andrea Berra, que deplora no obstante “que debamos pasar por ahí. Debería ser decisión de cada una y punto”. En 2017, más de 11.000 mujeres acudieron al Rpsdd.
Las asociaciones miembros de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito van a presentar en las próximas semanas un nueva proposición de ley en la Cámara de Diputados. “Hace ya catorce años que luchamos por legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Hemos presentado un texto de ley cada dos años ante el Congreso. No vamos a parar ahora”, dice Celeste Mac Dougall, activista del derecho al aborto. Sin embargo, con la composición del Congreso, que es la misma que había en el momento del rechazo de la ley el año pasado, hay pocas posibilidades de que el texto sea aprobado en 2019.
“Lo que deseamos sobre todo es ejercer una verdadera influencia en la campaña electoral”, indica Victoria Tesoriero, de la organización Católicos por el Derecho a Decidir. Están previstas elecciones generales –presidenciales y legislativas parciales– para finales de octubre. Algunos candidatos aparecen en los carteles de campaña pegados en las paredes de Buenos Aires con el pañuelo verde de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito anudado en la muñeca. Otros, no declarados oficialmente aún, se han dado a conocer al gran público tras su movilización por la legalización del aborto el año pasado.
Es el caso de Ofelia Fernández, de 18 años, de la que se dice que podría aspirar a un puesto de diputada en Buenos Aires. En 2018, esta joven, antigua presidenta de la asociación de alumnos de su instituto, pronunció un discurso memorable durante los debates de las comisiones parlamentarias sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. De momento ella adelanta simplemente que “es una opción que estamos considerando. Los jóvenes se han movilizado tanto el año pasado sobre la cuestión del aborto… Creo que podrían estar más interesados en el proceso electoral si tuvieran un candidato o una candidata de su edad”.
En cuanto a los candidatos presidenciales, sólo uno se ha declarado oficialmente por el momento: Mauricio Macri. El actual jefe del Estado, de derechas, elegido en 2015, dice que, personalmente, está “a favor de la vida”, pero ha dejado el año pasado al Congreso un amplio margen de maniobra para debatir sobre la legalización de la inyerrupción voluntaria de la gestación. Su principal adversario para las elecciones de octubre podría ser Cristina Kirchner.
Medio siglo después
Si bien la antigua presidenta de izquierdas (2007-2015) y actual senadora por la provincia de Buenos Aires había sido muy ambigua sobre la cuestión del derecho al aborto durante sus dos mandatos, el año pasado se pronunció a favor de su legalización en la votación en el Senado, y en noviembre afirmó que “hay pañuelos verdes y pañuelos azules en nuestro espacio (político) y debemos aceptarlo sin que ello nos divida”. Un discurso que pretende ser unificador pero que podría serle difícil de mantener en los seis meses de campaña que vienen.
Traducción de Miguel López.
#NinasNoMadres. Esta etiqueta circula en todas las redes sociales desde hace algunas semanas. Hay mujeres que adjuntan una vieja foto de ellas con 11 años: la edad en la que Lucía fue forzada por los médicos de un hospital público de Tucumán, provincia conservadora del norte del país, a practicarle una cesárea. La chiquilla, violada por la pareja de su abuela, estaba embarazada de 19 semanas cuando llegó al hospital, reclamando inmediatamente que “le quitaran lo que el viejo (le había) puesto en el vientre”. Un aborto que había rechazado practicar la totalidad del personal médico al acogerse a su cláusula de conciencia.