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Bélgica investiga su cruel pasado colonial
Casi veinte años después de la comisión Lumumba, Bélgica acaba de crear una “comisión especial” para examinar su pasado colonial en el Congo, Ruanda y Burundi, pero también “sus consecuencias y la medidas que proceda adoptar”, según el título oficial de su misión. Se espera que el trabajo de dicha comisión concluya un año después de su creación, antes del 16 de julio de 2021.
“Se trata de una oportunidad para dejar atrás 60 años de ambigüedades en nuestro discurso oficial sobre la era colonial, para poner en marcha una serie de buenas prácticas para los antiguos países colonizadores”, según explica el presidente de la comisión Wouter De Vriendt a Mediapart (socio editorial de infoLibre). Este diputado ecologista flamenco (Groen) no parece especialmente preocupado por la magnitud de la tarea: “Disculpas o no, compensaciones, restitución de obras de arte, estatuas, transmisión a través de los libros escolares... Bélgica necesita saber lo que dice de su pasado colonial”.
Serán 17 los diputados belgas encargados de estudiar tres experiencias históricas controvertidas: la presencia belga en el Congo –la actual República Democrática del Congo– como Estado independiente del Congo (1885-1908), propiedad personal del Rey Leopoldo II, entonces una administración colonial de Bélgica (1908-1960), pero también la colonización de Ruanda y Burundi, desde su transferencia bajo la entidad Ruanda-Urundi de Alemania a Bélgica en 1919, hasta su independencia en 1962.
“Si los debates son realmente públicos, tal y como se ha comprometido la Cámara, será algo muy bueno”, advierte Romain Landmeters, historiador de la Universidad de Saint-Louis-Bruselas. “Ya no basta con debatir el pasado en la prensa escrita con la ayuda de historiadores y expertos. Se ha hecho necesario objetivar las cosas dentro de una asamblea oficial, y hacer más compleja la comprensión de las consecuencias de este pasado en la Bélgica contemporánea”.
El principio de esta comisión de “verdad y reconciliación” era validado en junio por todos los partidos políticos belgas, con la excepción de la extrema derecha flamenca Vlaams Belang (que cuenta con 18 diputados de los 150 que integran el Parlamento federal). Las formaciones, hasta entonces reacias, se vieron obligadas a ceder ante la presión de los movimientos sociales, al tiempo que en Bélgica se multiplicaban las concentraciones multitudinarias a raíz de la muerte de George Floyd en Estados Unidos en primavera.
El 7 de junio, alrededor de 10.000 personas se reunían en Bruselas en apoyo al movimiento Black Lives Matter. Las estatuas de Leopoldo II y sus generales sufrieron daños en varias ciudades de Bélgica, incluidas Bruselas y Amberes. El 30 de junio, con ocasión del 60º aniversario de la independencia del Congo, el rey Felipe Leopoldo manifestaba a las autoridades congoleñas “su más profundo pesar por las heridas del pasado”, pero ni rastro alguno de una disculpa formal.
“La muerte de George Floyd fue el detonante, pero no quiero que el inmenso trabajo realizado por las asociaciones durante más de diez años se reduzca al suceso de Floyd”, apunta Kalvin Soiresse Njall. Este diputado electo de la comunidad francófona de Bélgica, cofundador en 2012 del colectivo Memoria colonial y lucha contra la discriminación, recuerda las dos resoluciones presentadas en 2014 y 2017 por el partido ecologista para crear una comisión sobre el Congo, que fueron rechazadas en su momento. La cuestión de la descolonización aparece también, por primera vez, en el acuerdo de gobierno alcanzado el año pasado en Valonia (la región francófona de Bélgica) entre socialistas, ecologistas y liberales del Movimiento Reformador.
Sin remontarse a la comisión sobre el asesinato de Patrice Lumumba y las responsabilidades del Estado belga (2000-2001), los debates sobre el legado del pasado colonial de Bélgica son recurrentes y candentes. En 2014, la publicación del libro de Assumani Budagwa, un congoleño nacionalizado belga, daba a conocer la existencia de “mestizos supuestamente abandonados”, nacidos de padre belga y madre congoleña durante la colonización, internados a la fuerza en orfanatos de las misiones católicas, y luego repatriados a Bélgica en el momento de la independencia.
En 2019, el jefe del Gobierno belga, Charles Michel, se disculpó en nombre de Bélgica “por las injusticias y el sufrimiento” infligidos a estos niños. Y más recientemente, en junio, cinco mujeres mestizas nacidas en el Congo belga, en los años 40, y separadas por la fuerza de sus madres, presentaron una denuncia contra el Estado belga por crímenes contra la humanidad. Este juicio también podría tener influencia, a distancia, en el trabajo parlamentario.
Más allá de la rapidez con la que se creó, la especificidad de esta nueva comisión es la inmensidad de su alcance. Los diputados deben trabajar sobre el ayer (colonial) y el hoy (poscolonial). Deben examinar, si se atienen a las especificaciones de la misión, al papel y al “impacto estructural” de las autoridades belgas, pero también de los “actores no estatales” (la monarquía, la Iglesia, los “explotadores de las economías coloniales”, etc.). Es aquí donde el asunto podría complicarse rápidamente, ya que la cuestión del enriquecimiento de ciertas familias belgas gracias a las colonias sigue siendo tabú.
“La cuestión económica asusta a muchas partes”, confirma Romain Landmeters, doctorando en historia contemporánea en el FNRS. El CD&V, el partido demócratacristiano flamenco, considerado el más cercano a la monarquía, está a la defensiva. Los independentistas flamencos N-VA se sienten más cómodos criticando el papel del rey y de Bélgica durante la colonización –Bart de Wever, su líder, pidió en 2019 una disculpa del rey–, pero también deberían hacer todo lo posible para frenar las investigaciones sobre el papel de las empresas y el enriquecimiento de los dirigentes económicos, al igual que los Belang (extrema derecha) y los liberales del MR.
Deshacerse del problema
Las deficiencias de la “partitocracia” belga –es decir, el poder exacerbado que tienen los partidos políticos en la vida política del país– pronto dieron lugar a una de las primeras controversias vinculadas a la comisión. Con el fin de preparar la labor de los diputados, en julio se nombró a diez expertos para que redactaran un informe preliminar en el que se definiera con precisión el alcance de la futura labor, que se espera para el 1º de octubre y que probablemente ya se habrá aplazado.
Una batalla en la que cada partido instaba a “su” especialista, con criterios más políticos que relacionados con la experiencia. Si bien algunos tienen autoridad, como la historiadora Elikia M'Bokolo (EHESS, Kinshasa), la presencia de Laure Uwase, presentada como especialista de origen ruandés de la región de los Grandes Lagos, causó controversia. Su vinculación a una asociación, Jambo, integrada por miembros de la diáspora ruandesa que llegaron a Bélgica en los años posteriores al genocidio, y que según una asociación de supervivientes del genocidio tutsi, Ibuka Mémoire et Justice, transmite una ideología de negación del genocidio (algo que Jambo niega).
Preguntado sobre este punto, el presidente de la comisión, Wouter De Vriendt, se compromete a consultar a muchas más organizaciones en los próximos meses: “Algunos representantes de asociaciones tienen opiniones contundentes, es normal, pero pedimos les pedimos a todas apertura de miras. Nuestra intención es escuchar una amplia variedad de opiniones y organizaciones, también en lo que respecta a Ruanda. Hay muchas agendas e intereses en juego, y no nos dejaremos influenciar por ello”.
Más allá de eso, hubo algunas ausencias sorprendentes en la lista, lo que limita desde el principio la autoridad del trabajo que se va a llevar a cabo. Nadia Nsayi, figura del antirracismo en Flandes, autora de una biografía de éxito, y comisaria de una exposición sobre el Congo que podrá verse a partir de octubre en el MAS de Amberes, se negó a asistir, al igual que Olivia Rutazibwa, de la Universidad de Portsmouth, que hizo pública su carta de rechazo.
Otra historiadora teóricamente imprescindible a la hora de abordar estos temas, Amandine Lauro, de la Universidad Libre de Bruselas, codirectora de un libro de referencia publicado en junio sobre el Congo colonial, también se negó a participar. Lauro explica a Mediapart su decisión: “Mi negativa a participar no se corresponde, como algunos han dicho, a un deseo de permanecer en una torre de marfil, o a un desprecio por la demanda de la sociedad”.
El lugar –vago– que se otorga a las asociaciones de la diáspora y a la sociedad civil suponía un problema para ella: “En el momento en que me contactaron, no había representantes del mundo asociativo [en la actualidad hay dos]. Los parlamentarios no habían llegado a un consenso sobre esta cuestión y se inhibieron de su responsabilidad política al transferirla al grupo de ‘expertos’ encargado de ‘establecer contacto’ con una serie de actores”, denuncia.
Esta profesora universitaria subraya otro punto controvertido: “Por supuesto que los políticos belgas deben actualizar su discurso sobre el pasado colonial rompiendo con la visión paternalista o complaciente que prevalecía, pero la idea de establecer una verdad ‘oficial’ y ‘definitiva’ me molesta. Sobre todo porque el grupo de expertos se constituyó conforme a criterios, no sólo de mérito científico, sino también de equilibrio político”. Lauro sigue esperando “avances innovadores” relacionados con su trabajo y no descarta intervenir en una audiencia, más adelante, ante los diputados.
Otro conocido especialista, Benoît Henriet, de la VUB, tampoco acudió: “Por haber decidido no participar no voy a criticar la decisión de algunos de mis colegas de ir: hay valor en el ejercicio de estar presente. [Pero] no encaja con la forma con que funciona la investigación en historia. No trabajamos en la búsqueda de la verdad histórica”.
Los testimonios de unos y otros coinciden en las mismas críticas y preocupaciones: el hecho de que se trate de proceso político desarrollado precipitadamente y apartado de la sociedad civil –probablemente para evitar señalar con el dedo a algunos de los partidos que apoyaron inicialmente la iniciativa–. “Alcanzar coaliciones, como la legitimidad democrática, lleva tiempo”, escribe la académica Olivia Rutazibwa para justificar su negativa, lamentando sobre todo la ausencia de un llamamiento previo a todas las asociaciones, tanto en Bélgica como en África, para participar en ella.
Apenas constituida la comisión, ésta se ha enfrentado a un gran número de colectivos, requiriendo la elaboración de una nota de trabajo al Museo Real de África Central en Tervuren, cerca de Bruselas. Esta institución lucha, a pesar de su reapertura en 2018 después de cinco años de obras, por descolonizar sus colecciones y sigue siendo un símbolo controvertido del período colonial. El papel del Museo de Tervuren en el progreso del trabajo parlamentario se ha replanteado (a la baja) desde entonces, pero el asunto ha dejado su huella.
A la cabeza de Bamko-Cran, una asociación belga de lucha contra el racismo, Mireille-Tsheusi Robert se muestra encantada, en principio, con la existencia de esta comisión. Pero lamenta la opacidad de los criterios de elección de los expertos, el lugar que se concede a las asociaciones de la diáspora –“deciden consultar a las asociaciones cuando y si quieren”– y el apretadísimo calendario de un año: “Se han saltado una reflexión fundamental sobre la metodología. Da la impresión de que Bélgica quiere deshacerse de este problema lo antes posible”.
Para esta activista, el concepto mismo de una comisión de la verdad y la reconciliación es problemático: “En Bélgica han aparecido importantes fisuras después de la muerte de George Floyd. Quieren la pacificación, que se arregle el problema de una vez por todas. ¡Pero nosotros no exigimos tanto paz como justicia! Además de que, ¿cómo se puede lograr la paz si no hay justicia?”. Wouter de Vriendt, preguntado sobre la cuestión de las reparaciones, se refiere a los detalles de la comisión, que hace alusión al respecto, y promete debatir el asunto.
Paralelamente a la comisión, Bamko ha puesto en marcha unas “reuniones descoloniales”, subtituladas “Historia, memoria, verdad, justicia y reparación”. Según Mireille-Tsheusi Robert, esta “verdadera asamblea consultiva” se basará en una veintena de comisiones temáticas que definirán el impacto de la colonización en la educación, la salud y el medio ambiente en la actualidad. Uno de los abogados de la familia Lumumba, Christophe Marchand, será el encargado de pronunciar una conferencia inaugural a principios de octubre en una iniciativa que surge de la sociedad civil.
En este punto, sigue existiendo una incógnita importante para la comisión de investigación parlamentaria: puede que no sobreviva si los partidos belgas no forman gobierno tras las elecciones legislativas de mayo de 2019, si se hace necesario volver a las urnas.
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Traducción: Mariola Moreno
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