La cabeza se ve en un primerísimo primer plano; agarrada por el pelo y zarandeada en todas las direcciones, antes de ser lanzada contra el suelo. Los detenidos, ebrios de poder tras hacerse hecho con el control del establecimiento, gritan y se felicitan. Miembros de la banda Primeiro Commando da Capital (PCC) lograban acceder a las zonas en que se encontraban los miembros del Commando Vermelho (CV). El hombre que graba la escena gira la cámara hasta enfocar su propio rostro: tiene expresión de alucinado. Durante el tiempo que dura la secuencia, no pestañea y grita: “Esto es lo que hemos hecho al CV. ¡Esta es nuestra casa!”.
La escena es casi idéntica a la grabada hace ahora un año por una facción rival en Manaos. También en aquella ocasión, las imágenes circularon rápidamente por WhatsApp: los criminales quieren infundir miedo a sus rivales y hacer gala de su poder ante el Estado. La guerra de las facciones también es una guerra propagandística. Ante la prisión, como siempre, las familias de los detenidos se concentran, preocupados y ávidos de noticias. Esta vez, la carnicería es menos dramática que la ocurrida el año pasado, cuando 56 prisioneros fueron asesinados, desencadenando nuevas masacres en diferentes prisiones. Después del motín del pasado 1 de enero, en la cárcel de régimen abierto de Goiás, nueve cadáveres yacían en el suelo, 13 detenidos resultaron heridos y 233 internos se dieron a la fuga. La crisis de las cárceles continúa y el Estado brasileño parece completamente superado.
Sin embargo, en noviembre de 2017, dos meses antes del motín, un informe del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) ya había alertado de los riesgos de revuelta en esta cárcel. En una inspección se hallaron nueve armas de fuego, pero el Estado no parece capaz de garantizar la seguridad. Por la misma razón, días después de la revuelta, se anulaba la visita de un juez del Tribunal Supremo a la cárcel de Goiás.
Para Flávio Werneck, presidente del sindicato de policías federales, es indispensable que el Estado reconozca la situación problemática que se vive en las cárceles: “El Gobierno de Goiás ha reconocido el caos que reina en sus cárceles y ha empezado a reflexionar sobre las medidas. El Estado federal se niega, pero ¿si no toma conciencia del problema, cómo va a atajarlo?”. El ministro de Justicia ha dicho que este motín no tenía “ninguna relación con las bandas”. Porque la guerra de las palabras también importa: el Estado quiere minimizar la magnitud del problema, cuando los criminales dan muestras de salvajismo para tratar de mostrar que son los que mandan.
En realidad, el equilibrio entre los poderes se sitúa entre los dos. Para Gabriel Feltran, de la Universidad Federal de São Carlos (UFScar), “el Estado debe hacer frente a las bandas, pero los policías cada vez tienen más poder”. Se han creado unidades de élite y entran en las cárceles para devolver el orden. “El motín se produjo porque el grupo de élite se encontraba en otra intervención; de lo contrario, esos muertos habrían podido evitarse”, precisa Maxsuell Miranda, presidente del sindicato de agentes penitenciarios de Goiás. Pero estas unidades también pueden dar un traspiés: en diciembre de 2017 se conocieron casos de tortura en cuatro prisiones de Goiás.
El principal obstáculo es que no aportan respuestas a los problemas estructurales del sistema penitenciario. “El hecho de que este último motín se haya producido en una prisión de régimen abierto demuestra hasta qué punto nuestra política de reinserción es inexistente”, lamenta el policía federal.
Las bandas cada vez más fuertes en las cárceles
“En 14 Estados de los 26 con que cuenta la Federación, se separa a los detenidos en función de la banda a la que pertenece, aunque la ley dice que hay que separarlos según los crímenes cometidos”, constata Flávio Werneck. Para él, el Estado ha cedido a la ilusión de la tranquilidad. “Separar las facciones ha permitido disminuir la violencia en la prisión durante un tiempo, pero también ha reforzado su poder. Han acabado por querer controlar los establecimientos penitenciarios, lo que incluye motines para eliminar a los rivales”. En algunas regiones, la situación es catastrófica. El policía federal se refiere a la cárcel de Roraima, donde 33 personas fueron masacrados el año pasado. Desde entonces, la Justicia ni siquiera pueden citar a las personas que deben acudir al tribunal.
La situación varía según las cárceles pero, a menudo, los miembros de las facciones no son mayoría: “De 1.000 detenidos, puede haber 50 miembros de una misma facción. Por lo que la mayor parte no integran directamente esos grupos”, dice Gabriel Feltran. Pero aunque sólo una parte de los detenidos es bautizado, Brasil cuenta con la tercera población carcelaria mundial, con 726.000 encarcelados y las facciones disponen de una masa considerable de reclutas potenciales. “Cuando te encarcelan en una celda con 45 personas y comes productos en mal estado, las bandas terminan por parecer más grupos de protección que organizaciones criminales”, dice el profesor universitario. Hace tres años, el PCC contaba con 50 miembros en el Estado de Roraima, hoy suma más de 1.000.
Y, por si fuese poco, la neutralidad no existe en la cárcel: incluso sin estar bautizado, hay que elegir un bando. Los que se niegan quedan relegados al cantinho do céu, el rincón del paraíso, que agrupa a los policías condenados, los violadores y los que no tienen facción. En caso de motín, son los primeros en el punto de mira y tienen ya un “pie en el cielo”, de ahí la denominación. Después de los acontecimientos de Goiás, 127 fugados regresaron por sí mismos: prefirieron escapar provisionalmente a que los mataran.
Controlar las cárceles para controlar un territorio
“A veces, las rebeliones están organizadas para permitir la huida de algunos detenidos, pero la mayoría de las veces, se quedan porque el objetivo es dominar la cárcel, no irse”, explica Flávio Werneck. Las bandas quieren asegurarse el control, muy rentable, de la venta de droga en la cárcel, pero, sobre todo, dirigen las calles desde las cárceles. Goiás se ha convertido en un lugar estratégico para estas facciones en guerra desde hace más de un año. Situada en pleno centro de Brasil, en los alrededores de la capital, es una zona perfecta para recibir y distribuir la droga en todo el territorio. Desde que el aeropuerto de Brasilia se ha transformado en un hub nacional e internacional, Goiás ha aumentado la codicia de los traficantes. Y después vendría la violencia: en las ciudades vecinas de la capital, los niveles de homicidios están entre los más altos del país.
Además, Brasilia representa un mercado importante, explica Flávio Werneck. “Es una excelente salida para la cocaína, en general consumida por las clases más acomodadas. Ahora bien, el salario medio de la ciudad es bastante más elevado que en otras partes de Brasil”. La diferencia de riqueza entre los Estados también ha tenido un impacto sobre la seguridad pública, prosigue: “Los vigilantes y los policías de Goiás están menos bien formados, son peor pagados que en otras partes y necesitan más efectivos”. Una oportunidad para los traficantes, que se sirven de este Estado desfavorecido como base de operaciones.
En los Estados pobres, los directores de prisiones deben lidiar con la falta de recursos y, a menudo, negociar con las bandas, explica Gabriel Feltran. En estas condiciones, la frontera entre negociación y corrupción puede ser difusa.
“Una de las facciones posee una división especial encargada de acabar con los agentes del Estado molestos. Al matar a agentes penitenciarios excesivamente celosos o rastreros, instalan un clima de terror facilitando el proceso de corrupción”, constata Flávio Werneck. Dos vigilantes de otra prisión de Goiás fueron asesinados en los días siguientes al motín. Según la Policía, uno de ellos trabajaba para los traficantes.
¿Represalias a la vista?
Si bien el Estado se ha dejado superar una vez más, parecer haber anticipado mejor que el año pasado las represalias. Se han evitado otros dos motines en Goiás en los días posteriores y se han contratado, con carácter de urgencia, a 1.600 agentes. “La situación está más tranquila ahora, hay 15 agentes de guardia en esta prisión. El día del motín, había cuatro: dos a la entrada, uno en la torre de vigilancia y uno para los registros. Todos los días, los detenidos vuelven a la prisión para dormir. ¿Cómo quieres que un solo guardia registre a todo el mundo? Metieron lo que quisieron”, explica Maxsuell Miranda.
Pese a esta política localizada, Flávio Werneck afirma que los motines continuarán mientras que Brasil no cambie su concepción de la seguridad pública. Los criminales están buscando el mejor momento para “volver a las cárceles”, aprovechando un descuido en la seguridad. No es casualidad que, dos años seguidos, se hayan producido sendas masacres el 1 de enero. Y explica: “Los efectivos policiales y vigilantes son menos por los festivos”.
Especialmente porque el enfrentamiento entre las bandas se juega ahora a nivel nacional. Lo que sucede en Goiás tiene repercusión en todo el país, explica el investigador del UFScar: “Las favelas de São Paulo están en alerta máxima estos últimos días con muchos ajustes de cuentas”. Incluso en este bastión con fama de intocable del PCC, la violencia entre bandas rivales ha hecho su irupción: el 8 de enero, el PCC recomendó a sus hombres aumentar la prudencia geente a la amenazada. Desde el día siguiente, cuatro hombres fueron asesinados en las afueras de la ciudad.
En realidad, las represalias en la calle nunca han dejado de existir desde las masacres del año pasado. El 12 de diciembre, en el calor húmedo de Manaos, que apenas se ve mitigado al llegar la noche, el entrenamiento del equipo T5 Jamaica Compensão FC, fundado por uno de los jefes del FDN (Familia do Norte), tocaba a su fin. A las 22:00, un grupo de hombres vestidos de negro y con pasamontañas accedía al campo. Sin preámbulos, abrieron fuego sobre los jugadores. Seis de ellos fueron asesinados. Antes de huir, los asesinos gritaron: “Aquí es el PCC”. _____________
Traducción: Mariola Moreno
Indignación y gritos contra la barbarie por el asesinato en Brasil de la activista y política Marielle Franco
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La cabeza se ve en un primerísimo primer plano; agarrada por el pelo y zarandeada en todas las direcciones, antes de ser lanzada contra el suelo. Los detenidos, ebrios de poder tras hacerse hecho con el control del establecimiento, gritan y se felicitan. Miembros de la banda Primeiro Commando da Capital (PCC) lograban acceder a las zonas en que se encontraban los miembros del Commando Vermelho (CV). El hombre que graba la escena gira la cámara hasta enfocar su propio rostro: tiene expresión de alucinado. Durante el tiempo que dura la secuencia, no pestañea y grita: “Esto es lo que hemos hecho al CV. ¡Esta es nuestra casa!”.