La condena a Sarkozy y el récord de Francia, una república que se arriesga al trumpismo

Dos Jefes de Estado, dos Jefes de Gobierno: cuatro delincuentes. Al confirmar el miércoles 18 de diciembre la culpabilidad de Nicolas Sarkozy en el caso Bismuth, el Tribunal de Casación ha añadido al ex presidente francés a la lista de los más altos dirigentes del país condenados definitivamente por faltas de probidad.

El expresidente Jacques Chirac, condenado. Su primer ministro, Alain Juppé: condenado. Su sucesor, Nicolas Sarkozy: condenado. Su primer ministro, François Fillon: condenado. Pocos países de las llamadas democracias liberales occidentales, si es que hay alguno, pueden presumir de un currículum judicial de este calibre.

La decisión del más alto tribunal de la justicia francesa es histórica por partida doble: nunca antes un expresidente de la República había sido condenado por un delito de corrupción –el más grave en la escala de faltas a la probidad– y nunca antes un expresidente había sido condenado a prisión, una pena que, en el caso de Nicolas Sarkozy, se verá atenuada por arresto domiciliario y el uso de una pulsera electrónica.

Nada más hacerse pública la decisión del Tribunal de Casación, Nicolas Sarkozy clamó su indignación en la red social X. Los términos elegidos responden a la postura del expresidente, que una vez más ha decidido poner a prueba a la justicia para disipar el peso de los delitos que se le imputan.

“¿Debo entender que mi papel político en el pasado y la oposición que suscité han creado el clima corporativista y político que condujo a esta decisión?" escribió, mojando su pluma en la tinta conspiratoria a la que todos los populistas antijudiciales están acostumbrados en los casos de delincuencia de cuello blanco, en Francia como en todas partes. En este sentido, Nicolas Sarkozy no tiene nada que envidiar a Donald Trump en Estados Unidos, Silvio Berlusconi en Italia, Jair Bolsonaro en Brasil o Benyamin Netanyahu en Israel.

El expresidente francés sigue contando con el apoyo de muchos políticos de derechas (Laurent Wauquiez, Renaud Muselier, Christian Estrosi...) y de destacados editorialistas, como el exdirector de Le Point, Franz-Olivier Giesbert, que ha hecho de la justicia anticorrupción uno de sus muñecos de vudú favoritos. En cuanto al actual ministro del Interior (en funciones), Bruno Retailleau, en el pasado criticó ferozmente a la justicia en el asunto Bismuth, cuando hablaba de una “especie de investigación de contrabando, al límite de lo que la justicia debe poder hacer”, que comparó con la “piratería”.

¿Hasta cuándo vamos a seguir aceptando estos términos del debate público según los cuales, en los casos de delincuencia de cuello blanco, la preocupación serían los jueces? ¿Realmente queremos una Francia trumpizada, berlusconizada, bolsonarizada?

La valentía de las palabras

Para no ceder a esas tristes sirenas, quizás deberíamos empezar por dejar de hablar de “asunto de escuchas telefónicas” cuando hablamos del caso Bismuth. Eso es en sí mismo una victoria para la narrativa sarkozista, que pretendía establecer la idea –falsa– de que el objeto de este caso eran las escuchas ilegales. No es así, según las docenas de juristas (jueces de instrucción, fiscales, jueces de primera instancia, jueces de apelación, abogados generales y jueces del Tribunal de Casación) que han tenido que examinar los hechos, jurisprudencia en mano.

En el caso Bismuth, las escuchas telefónicas eran un medio de investigación, coercitivo sin duda, pero legal, supervisado y validado, al igual que un registro o una detención policial. Ha habido casos de escuchas telefónicas, como las de François Mitterrand, pero eran administrativas, ilegales y sin controles. De día y de noche.

Pero este es un asunto completamente diferente. Estamos hablando de un caso de corrupción, en el que el expresidente es el corruptor, y un ex alto magistrado (Gilbert Azibert) el corrompido, con Thierry Herzog, abogado y amigo del primero, actuando como intermediario entre ambos.

Nicolas Sarkozy ha sido declarado culpable de corrupción y tráfico de influencias, y los términos del pacto descubierto se pueden resumir de forma sencilla: el expresidente recibió información confidencial del alto magistrado sobre investigaciones que le afectaban, a cambio de lo cual se comprometió a apoyar su candidatura a un puesto en el soleado Mónaco. Que el alto magistrado obtuviera o no su puesto en Mónaco es irrelevante para la realidad del pacto corrupto, según los tribunales.

Imaginemos que un abogado planeara un robo con su cliente o, peor aún, un atentado: ¿alguien en su sano juicio invocaría el secreto profesional para impedir la persecución de los delitos?

Perdida definitivamente la batalla en Francia, país que ha presidido, Nicolas Sarkozy recurre ahora a Europa. En concreto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), al que, por cierto, no dudó en vilipendiar en 2016 durante los debates de las primarias republicanas, del mismo modo que estigmatizó el "derecho-humanismo” desde su llegada al ministerio del Interior en 2002.

Nicolas Sarkozy dice ahora de todas las maneras posibles que lo que le condenó en Francia limpiará su nombre ante el TEDH. Técnicamente, el expresidente afirma que todas las sentencias dictadas en Francia son contrarias a los principios fundamentales del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en la medida en que está formalmente prohibido escuchar las conversaciones entre un abogado (Thierry Herzog) y su cliente (Nicolas Sarkozy).

El debate promete ser sustancioso, pero muchos jueces y especialistas señalan, como han escrito el Tribunal de Casación y todas las sentencias anteriores, que el secreto profesional de los abogados –esencial para la democracia judicial– nunca ha protegido la comisión de delitos. Sobre todo si el abogado y el cliente en cuestión conversan por líneas secretas, abiertas con identidades falsas para evitar que la policía intercepte sus teléfonos oficiales, de lo que las partes implicadas han sido obviamente informadas.

Imaginemos que un abogado planeara con su cliente un robo o, peor aún, un atentado: ¿alguien en su sano juicio invocaría el secreto profesional para impedir la persecución del delito?

Una época mafiosa

A la espera del debate ante el TEDH, el futuro judicial de Nicolas Sarkozy se presenta sombrío. A partir del 6 de enero de 2025, será juzgado junto a otras doce personas, entre ellas tres exministros. Un gran escándalo de Estado: el caso de la financiación de Libia, al que Mediapart ha decidido dedicar un documental, Personne n'y comprend rien (Nadie entiende nada, dirigido por Yannick Kergoat), que estará en los cines a partir del 8 de enero. Nicolas Sarkozy está acusado de cuatro presuntos delitos en este caso: corrupción, asociación para delinquir, financiación ilegal de una campaña electoral y receptación de fondos libios desviados.

En 2025, el Tribunal de Casación también tendrá que examinar un tercer caso Sarkozy, el caso Bygmalion, relativo a la financiación de su campaña de 2012. La campaña costó más de 40 millones de euros, frente a los 22 millones autorizados por la ley, y la diferencia se justificó mediante un sistema de facturas falsas. En este caso, Nicolas Sarkozy fue condenado en primera instancia y en apelación por financiación ilegal de campaña.

El expresidente también está siendo investigado por encubrimiento de manipulación de testigos y asociación de delincuentes en el caso de la falsa retractación de Ziad Takieddine, un complot para socavar la credibilidad del poder judicial en el asunto libio. La esposa de Nicolas Sarkozy, Carla Bruni, también ha sido imputada recientemente en este caso. El nombre del expresidente también ha sido mencionado –sin procesamiento por ahora– en otras dos investigaciones en curso: la adjudicación del Mundial de fútbol de 2022 a Qatar y la financiación rusa vinculada al Kremlin y a oligarcas multimillonarios.

En todos los casos en los que no ha sido condenado definitivamente, Nicolas Sarkozy sigue beneficiándose de la presunción de inocencia, lo que ya no es el caso en el asunto Bismuth.

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¿No debería un balance de este tipo empezar a despertar la conciencia política y mediática de lo que está tomando forma ante nuestros ojos, la historia judicial de una época mafiosa de la República?

 

Traducción de Miguel López